LEY 5/1996, de 27 de Diciembre, de Presupuestos generales de la Comunidad autonoma de Canarias para 1997.

En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1997 se integran:

1. El presupuesto de la Comunidad Autónoma, que incluye a su Administración y al Servicio Canario de la Salud.

2. Los presupuestos de los siguientes organismos autónomos de carácter administrativo:

   Instituto Canario de Administración Pública.

   Instituto Canario de Estadística.

   Instituto Canario de Formación y Empleo.

   Instituto Canario de la Mujer.

   Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.

3. El presupuesto del organismo autónomo de carácter comercial Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.

4. El presupuesto de la entidad de derecho público de carácter consultivo Consejo Económico y Social de Canarias.

5. El presupuesto de la entidad de derecho público Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.

6. Los presupuestos de explotación y capital de las siguientes sociedades mercantiles:

   Hoteles Escuelas de Canarias, Sociedad Anónima

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   Instituto Tecnológico de Canarias, Sociedad Anónima

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   Gestión de Planeamientos de Canarias, Sociedad Anónima

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   Mercados en Origen de Productos Agrarios de Canarias, Sociedad Anónima

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   Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio

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   Sociedad Canaria de las Artes Escénicas y de la Música, Sociedad Anónima

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   Sociedad Canaria de Fomento Económico, Sociedad Anónima

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   Transportes Interurbanos de Tenerife, Sociedad Anónima

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   Promociones Exteriores de Canarias, Sociedad Anónima

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   Viviendas Sociales de Canarias, Sociedad Anónima

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   Gestión Urbanística de Las Palmas, Sociedad Anónima

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   Sociedad Anónima de Gestión del Polígono de El Rosario».

   Gestión Urbanística de Tenerife, Sociedad Anónima

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   Cartográfica de Canarias, Sociedad Anónima

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   Canary Congress Bureau, Tenerife, Sociedad Anónima

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   Canary Congress Bureau, Maspalomas, Sociedad Anónima

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   Grupo de Empresas Públicas Canarias de Vivienda y Suelo, A.I.E.

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   Naves Industriales de Tenerife, Sociedad Anónima

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   Gran Telescopio de Canarias, Sociedad Anónima

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   Urgencias Sanitarias de Canarias, Sociedad Anónima

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   Instituto Canario de Investigación y Desarrollo, Sociedad Anónima

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   Gestión Recaudatoria de Canarias, Sociedad Anónima

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   Sociedad La Gallega, Viviendas de Canarias, Sociedad Anónima

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   Sociedad para el Desarrollo Industrial de Canarias, Sociedad Anónima

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1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los presupuestos de los entes mencionados en los apartados a), b), c) y d) del artículo anterior, se aprueban créditos por importe de 503.421.967.000 pesetas, según la distribución por secciones, programas y capítulos detallada en el anexo III de esta Ley. La agrupación por funciones de los créditos de estos programas, expresados en miles de pesetas, es la siguiente:

   01 Deuda Pública: 14.308.000.

   11 Alta Dirección de la Comunidad Autónoma: 5.752.125.

   12 Administración General: 4.556.849.

   31 Seguridad Social y Protección Social: 22.509.127.

   32 Promoción Social: 25.628.650.

   41 Sanidad: 161.914.974.

   42 Educación: 159.759.515.

   43 Vivienda y Urbanismo: 14.044.620.

   44 Bienestar Comunitario: 13.918.406.

   45 Cultura: 6.014.184.

   51 Infraestructura básica y Transportes: 23.497.364.

   52 Comunicaciones: 989.773.

   53 Infraestructuras Agrarias: 4.168.104.

   54 Investigación Científica, Técnica y Aplicada: 1.837.004.

   55 Información básica y Estadística: 649.334.

   61 Actuaciones Económicas Generales: 9.783.507.

   62 Comercio: 1.498.464.

   63 Actividades Financieras: 2.389.443.

   71 Agricultura, Ganadería y Pesca: 9.503.123.

   72 Industria: 3.053.839.

   73 Energía: 1.465.971.

   75 Turismo: 2.719.063.

   91 Transferencias a Administraciones Públicas Territoriales: 15.673.528.

   Total: 505.634.967.

2. Los créditos incluidos en los programas de gastos contenidos en este artículo se distribuyen orgánica y económicamente, expresados en miles de pesetas, según el siguiente desglose:

   (CRÉDITOS OMITIDOS)

   )

3. Los créditos aprobados en el apartado 1 del presente artículo, que ascienden a 503.421.967.000 pesetas, se financiarán:

   1. Con los derechos económicos, a liquidar durante el ejercicio, que se estiman en 495.421.967.000 pesetas.

   2. Con las operaciones de endeudamiento, que ascienden a 8.000.000.000 de pesetas.

   (CRÉDITOS OMITIDOS)

Se aprueban las estimaciones de gastos y las previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad del organismo autónomo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, recogidas en sus respectivos estados de dotaciones y recursos.

1. Se aprueban las estimaciones de gastos y las previsiones de ingresos contenidas en sus estados de dotaciones y recursos, del Ente público Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, tanto de explotación como de capital, por importes de 100.500.000 y 10.000.000 de pesetas, respectivamente.

2. Se aprueban las estimaciones de gastos y las previsiones de ingresos contenidas en los estados de dotaciones y recursos, tanto de explotación como de capital, de las sociedades mercantiles reseñadas en el artículo 1.f), de esta Ley, según el siguiente detalle:

(En miles de pesetas)

Presupuesto

de explotación

-

Pesetas / Sociedades mercantiles / Presupuesto

de capital

-

Pesetas

Gesplan, Sociedad Anónima

/ 79.509 / 5.020.210

Gestur Las Palmas, Sociedad Anónima

/ 476.205 / 1.166.977

Gestur Tenerife, Sociedad Anónima

/ 454.894 / 1.581.264

Gepcan A.I.E. / 399 / 16.815

Navinte, Sociedad Anónima

/ 59.460 / 229.361

GAVISA / 45.472 / 423.803

Prosa / 244.082 / 1.799.673

Grafcan, Sociedad Anónima

/ 388.322 / 459.836

Saturno / 1.639.069 / 926.752

CCB Tfe. Sur, Sociedad Anónima

/ 800.000 / 18.500

CCB Maspalomas G. C., Sociedad Anónima

/ 948.000 / 18.194

Hecansa / 1.624.216 / 1.111.052

Visocan, Sociedad Anónima

/ 11.694.073 / 11.277.189

Socaem, Sociedad Anónima

/ 8.265 / 1.976.719

Titsa / 2.288.875 / 7.836.412

Proexca, Sociedad Anónima

/ 74.291 / 233.983

I.T.C., Sociedad Anónima

/ 340.000 / 598.381

Grantecan, Sociedad Anónima

/ 1.505.548 / 204.493

Mercocanarias, Sociedad Anónima

/ 352.187 / 2.896.775

Sofesa / 15.813 / 243.756

Recasa / 107.899 / 277.841

Inst. Canario de I+D / 99.676 / 47.614

Urgencias Sanitarias, Sociedad Anónima

/ 129.000 / 1.446.536

Sodican / 500.000 / 147.375

Total / 23.875.255 / 39.959.511

1. Los créditos para gastos se aplicarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por esta Ley, teniendo carácter limitativo y vinculante con sujeción a la clasificación y ordenación de los mismos: Funcional, por programas, orgánica y económica, a nivel de concepto.

2. El criterio general a que se refiere el párrafo anterior queda especificado para los siguientes créditos:

   1. Los créditos incluidos en el capítulo I tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo, salvo los siguientes casos:

      Los créditos del artículo 15 «Incentivos al rendimiento», serán vinculantes a nivel de subconcepto, a excepción de los créditos de los subconceptos 150.01 «Productividad personal estatutario S.C.S., factor fijo», 150.02 «Productividad A.P.D. S.C.S., factor fijo», 150.03 «Productividad personal estatutario S.C.S., factor variable», y 150.04 «Complemento regulador», del Servicio Canario de la Salud, que serán vinculantes a nivel de capítulo.

      Los créditos del artículo 17 «Gastos diversos de personal», y de los subconceptos 121.04 «Sustituciones», 131.02 «Sustituciones de personal laboral», serán vinculantes a nivel de subconcepto, a excepción de los créditos del subconcepto 121.04 de los programas 422B, 422C y 422K del Servicio 04 de la Sección 18, que lo serán a nivel de capítulo.

   2. Los créditos del capítulo II serán vinculantes a nivel del propio capítulo, con las siguientes excepciones:

      Los créditos incluidos en el concepto 229 «Gastos corrientes tipificados», serán vinculantes a nivel de subconcepto para la finalidad específica que en los estados de gastos se determine, con excepción de los subconceptos 229.37 «Gastos Actividades Docentes Enseñanzas Secundarias», 229.38 «Gastos Actividades Docentes Formación Profesional» y 229.39 «Gastos Actividades Docentes BUP», del programa 422.C «De Enseñanzas Medias, Secundarias y Técnico Profesional», que lo serán a nivel del propio concepto.

      Los créditos consignados en el artículo 25 «Asistencia sanitaria con medios ajenos», del capítulo II de la Sección 24 serán vinculantes a nivel del propio artículo.

      Los créditos de los subconceptos 226.01 «Atenciones protocolarias y representativas», 227.06 «Estudios y trabajos técnicos», 226.02 «Publicaciones y propaganda», 226.06 «Reuniones y conferencias», y 230.00 «Indemnizaciones por razón de servicio», serán vinculantes a nivel del subconcepto.

   3. Los créditos del capítulo IV serán vinculantes con las finalidades de la línea de actuación que se detalle en el anexo de transferencias corrientes. El concepto económico en el que se consignan, excepto en las nominadas, tiene carácter meramente indicativo.

   4. Los créditos de los capítulos VI y VII «Inversiones reales» y «Transferencias de capital», respectivamente, serán vinculantes a nivel de proyecto, según el detalle de los anexos de «Inversiones reales» y «Transferencias de capital».

      A tales efectos, el proyecto queda definido por su denominación, localización, clasificación económica a nivel de capítulo, servicio y programa, e importe total de las anualidades corrientes y futuras que se refleje en los respectivos anexos.

   5. Los créditos ampliables relacionados en el anexo I tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de gastos y deberán ser aplicados al tipo de gastos que se deriven de su clasificación económica.

3. Estas vinculaciones tendrán vigencia para todos los organismos autónomos y entidades de derecho público sometidos al régimen presupuestario.

   Las operaciones propias de la actividad de los organismos autónomos comerciales, industriales, financieros o análogos, recogidas en la cuenta de operaciones comerciales, no estarán sometidas al régimen de limitaciones establecido en esta Ley para los créditos incluidos en los estados de gastos de sus presupuestos.

4. Cuando a lo largo del ejercicio se creen subconceptos presupuestarios, en la resolución que se dicte por el Consejero de Economía y Hacienda se fijará el nivel de vinculación de los mismos conforme a las normas contenidas en esta Ley.

Durante el ejercicio presupuestario de 1997 las modificaciones presupuestarias de los créditos se regirán por las siguientes reglas:

1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley, y en aquellos aspectos que no resulten específicamente modificados por ésta, a lo que al efecto se dispone en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente:

   1. Estructura orgánica afectada a nivel de sección, servicio, organismo autónomo o entidad de derecho público, según el caso que proceda.

   2. Estructura funcional afectada a nivvel de programa.

   3. En aquellos casos en que la modificación presupuestaria afecte a los capítulos IV, VI y VII habrán de indicarse todos los elementos definitorios y vinculantes de la línea de actuación o de los proyectos de inversión afectados y, en su caso, la repercusión financiera en ejercicios posteriores.

   4. Códigos económicos afectados a nivel de subconcepto.

   5. Las modificaciones presupuestarias con cobertura en el estado de ingresos de los presupuestos deberán indicar expresamente el código económico afectado.

3. Las propuestas de modificaciones presupuestarias deberán ir acompañadas de una Memoria en la que se recojan las repercusiones cuantitativas y cualitativas en los objetivos del programa y las razones de la modificación. En la Memoria se contendrá, también, una detallada justificación de las razones por las que se propone la utilización de los recursos que le dan cobertura y, en particular, de las razones por las que deja de efectuarse el gasto inicialmente consignado en el presupuesto. La Consejería de Economía y Hacienda analizará dicha Memoria y emitirá los informes preceptivos con carácter previo a su consideración por el órgano al que corresponda su resolución, indicando el alcance que en los objetivos de los programas modificados se deriva de las variaciones propuestas.

   Cuando deba darse cuenta al Parlamento de la modificación presupuestaria aprobada, la referida Memoria se acompañará a la comunicación.

1. Durante el ejercicio presupuestario de 1997 las transferencias de crédito de cualquier clase se regirán por las siguientes reglas:

   1. No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

   2. No minorarán créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal.

   3. No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

   4. No minorarán créditos de las líneas de actuación y proyectos nominados en los anexos de transferencias corrientes y de capital.

   5. No incrementarán los créditos que integran el Fondo Canario de Financiación Municipal.

   6. En ningún caso se podrán incrementar los créditos establecidos para los subconceptos 121.04 «Sustituciones de personal funcionario», y 131.02 «Sustituciones de personal laboral», salvo por generación de créditos derivada de los reintegros motivados como consecuencia de situaciones de incapacidad temporal.

   7. Cuando se deriven de cambios en las relaciones de puestos de trabajo, sólo podrán tener cobertura en créditos del propio capítulo I, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.1.e).

   8. Cuando se deriven de insuficiencias para satisfacer los gastos ocasionados por los efectivos reales, tendrán cobertura exclusivamente en créditos del capítulo I, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 22, apartado e), y 25.3 y disposición adicional sexta de esta Ley.

   9. No minorarán créditos incorporados como consecuencia de remanentes procedentes de ejercicios anteriores.

2. Las limitaciones anteriores no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a:

   1. Créditos incluidos en la sección 05 «Deuda Pública».

   2. Créditos incluidos en la sección 19 «Diversas Consejerías».

   3. Créditos para hacer frente a los traspasos de competencias a Cabildos insulares.

   4. Reorganizaciones administrativas.

   5. Desagregación municipal de proyectos de inversión que figuren agregados a nivel regional o insular, en el caso que fuera necesario.

   6. Ajustes derivados de las modificaciones o suscripción de programas e iniciativas cofinanciados con la Unión Europea o la Administración General del Estado.

   7. Los que se derivan de lo establecido en las disposiciones adicionales quinta, octava y décima de esta Ley.

   8. Los que afecten a la redistribución de los créditos de los programas de gestión convenida.

Durante el ejercicio de 1997 corresponde al Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y a iniciativa de las Consejerías afectadas, autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias:

1. Transferencias de crédito:

   1. Entre créditos del capítulo I de distintas secciones y programas, cuando se deriven de reasignaciones de puestos de trabajo entre distintas Consejerías.

   2. Entre créditos de una misma función que afecten a diferentes secciones y que se refieran a los capítulos II y VIII.

   3. Entre créditos de distintos programas o servicios de una misma sección de los capítulos VI y VII que afecten a cualquiera de los elementos definitorios y vinculantes del proyecto de inversión, previo informe del Comité de Inversiones Públicas.

   4. Entre créditos de varios programas de una misma o distinta sección que se deriven de la aplicación o reajuste de recursos provenientes de la Administración General del Estado o de la Unión Europea.

   5. Las que con cobertura en créditos de la sección 05 «Deuda Pública», se destinen a la financiación de operaciones de capital de las restantes secciones presupuestarias.

   6. Entre créditos de distintas secciones y programas a fin de adaptarlos a las modificaciones que se efectúen al amparo de lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del Fondo de Compensación Interterritorial.

   7. Entre créditos de los capítulos IV y VII de un mismo o distintos programas y servicios de una misma sección, cuando la transferencia de créditos implique su nominación y el importe del crédito definitivo resultante, una vez aprobada la transferencia, exceda de 25.000.000 de pesetas.

2. Otras modificaciones presupuestarias:

   1. Incorporar los créditos presupuestarios no consignados inicialmente y derivados de los recursos financieros que procedan de la suscripción de Convenios de Colaboración con la Administración del Estado, en desarrollo de lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y en los artículos 95 y 96 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

   2. Efectuar las modificaciones precisas en los estados de ingresos y gastos para adecuarlos al Marco Comunitario de Apoyo u otras ayudas de la Unión Europea, una vez que hayan sido aprobadas definitivamente por el órgano competente de ésta.

   3. Las modificaciones que resulten de la aplicación y gestión del Fondo Canario de Financiación Municipal previstos en el artículo 15 de esta Ley.

Durante el ejercicio de 1997 corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda, además de las competencias genéricas atribuidas a los titulares de las diferentes Consejerías dentro de su sección presupuestaria, y a iniciativa de las Consejerías afectadas, autorizar las siguientes modificaciones de crédito:

1. Transferencias de crédito:

   1. Entre créditos de distintos programas de una misma sección que afecten al capítulo I.

   2. Entre créditos de distintos programas o servicios de una misma sección y que afecten a los capítulos II y VIII.

   3. Entre créditos de los capítulos IV y VII de un mismo o distintos programas y servicios de una misma sección, cuando la transferencia de créditos no implique su nominación o, nominándolo, cuando el importe del crédito definitivo resultante, una vez aprobada la transferencia, no exceda de 25.000.000 de pesetas.

   4. Entre créditos de un mismo programa o servicio de una misma sección, de los capítulos VI y VII, que afecten a cualquiera de los elementos definitorios y vinculantes del proyecto de inversión.

      De la resolución de estos expedientes, trimestralmente, se dará cuenta al Comité de Inversiones Públicas, salvo en el caso de que se trate de transferencias entre programas presupuestarios, que necesitarán informe de dicho órgano con carácter previo.

   5. Las que fueran necesarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas que afecten a las clasificaciones orgánica, económica y de programas, así como las derivadas de la regularización de los créditos de personal como consecuencia de la creación en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo de plazas con funciones habituales, ordinarias y permanentes de la Administración autonómica. En ningún caso estas modificaciones implicarán aumento de gasto público.

   6. Entre créditos de la sección 19 «Diversas Consejerías», y otras secciones.

   7. Las que hubiere que realizar a favor de los Cabildos insulares, en ejecución de lo previsto en el artículo 22.3 del Estatuto de Autonomía.

   8. Las que fueran necesarias con cobertura en los créditos afectados al Fondo de Compensación Interterritorial, cuando el nivel de ejecución que presenten aconseje su afectación a otros proyectos de inversión.

2. Otras modificaciones:

   1. La generación de créditos prevista en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

   2. Las incorporaciones de remanentes derivadas de los créditos siguientes:

      Los créditos extraordinarios, los suplementos de crédito y las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizadas, respectivamente, en el último mes del ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no hayan podido utilizarse durante el mismo.

      Los créditos que amparen compromisos de gastos contraídos antes del último mes del ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no hayan podido realizarse durante el mismo.

      Los créditos para operaciones de capital.

      Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

      Los créditos generados por las operaciones que enumera el artículo 71 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

      Los remanentes incorporados conforme al presente apartado únicamente podrán ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario de 1997.

   3. Las incorporaciones a los estados de gastos del ejercicio de 1997 de los créditos disponibles o comprometidos correspondientes a acciones o proyectos cofinanciados con ingresos procedentes de la Administración del Estado o de la Unión Europea.

   4. La ampliación de los créditos previstos en la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el anexo I de la presente Ley, previa justificación del centro gestor proponente de las razones que la motivan, que no sean competencia de los titulares de los departamentos.

   5. Las incorporaciones a los estados de gastos de los créditos derivados de asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias de competencias, funciones y servicios transferidos por el Estado a los que hace referencia la Disposición transitoria cuarta de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

   6. Efectuar las operaciones contables y presupuestarias precisas, incluso transferencias de crédito, que fueran necesarias para la puesta en funcionamiento, instalación y traslado de dependencias o unidades administrativas, incluidos los edificios de Usos Múltiples, de la Comunidad Autónoma de Canarias.

   7. Adoptar los acuerdos de no disponibilidad de créditos que fuesen precisos a los efectos de garantizar los objetivos que se derivan del cumplimiento de los compromisos suscritos para el escenario de consolidación presupuestaria.

1. Durante el ejercicio presupuestario de 1997 los titulares de los departamentos podrán:

   1. Autorizar transferencias entre créditos del capítulo II de un mismo programa y servicio.

      En caso de informe negativo del Interventor general o Delegado, la propuesta de la Consejería será elevada al Consejero de Economía y Hacienda para su resolución.

   2. Autorizar la ampliación de los créditos que amparan gastos de personal conforme a lo establecido en el artículo 36.2, apartados a), b) y d) de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, y anexo I de la presente Ley, apartados 1.a), 1.b), 1.c), 1.e) y 2.a).

      A tal efecto, los subconceptos económicos que amparan dichos créditos podrán ser objeto de ampliación aunque carezcan de consignación inicial para ello.

2. El Presidente del Consejo Consultivo tendrá las mismas facultades que los titulares de las Consejerías.

3. Los organismos autónomos y entes públicos sometidos al régimen presupuestario realizarán las modificaciones presupuestarias de acuerdo con los siguientes criterios:

   1. Transferencias de créditos:

      Entre créditos de los capítulos II que pertenezcan al mismo programa, se autorizarán por el Consejero del departamento al que está adscrito el organismo o ente público, a propuesta del titular del organismo o ente.

      Entre créditos de los restantes capítulos de un mismo programa, se autorizarán por el Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero del departamento al que esté adscrito el organismo o ente público y a iniciativa del titular de éste.

   2. Otras modificaciones presupuestarias:

      El régimen de modificaciones presupuestarias de los organismos autónomos y entes públicos se ajustará a lo que se señala en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, y en la presente Ley para los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiendo al Consejero de Economía y Hacienda la resolución de todas aquellas modificaciones tramitadas por esos organismos y entes que específicamente no requieran autorización del Gobierno, del Consejero respectivo o Ley.

4. Las modificaciones de crédito del Servicio Canario de la Salud se ajustarán a lo establecido en este capítulo, salvo lo que se refiere a las transferencias de crédito entre Servicios de un mismo Programa de la Sección 24 que afecten al capítulo II de los estados de gastos, así como las que afecten a la redistribución de créditos derivados de los programas de gestión convenida, se autorizarán por el Consejero de Sanidad y Consumo, a propuesta del Director del Servicio y a iniciativa de los titulares de los Servicios afectados.

Corresponde a las Secretarías Generales Técnicas de los departamentos la autorización y disposición de los gastos derivados de la gestión de los mismos; al Director general de Personal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, los relativos al personal docente dependiente de esa Consejería y al Director general de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, los del personal dependiente de éste.

1. Con cargo a los respectivos créditos de inversiones sólo podrán formalizarse contrataciones de carácter temporal, para obra o servicio determinados, cuando los órganos pertinentes de la Comunidad Autónoma precisen contratar personal para la realización por administración directa y por aplicación de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, de obras o servicios, correspondientes a algunas de las inversiones incluidas en los presupuestos. Esta contratación requerirá el informe previo favorable conjunto de las Direcciones Generales de Función Pública y de Planificación, Presupuesto y Gasto Público, siempre que concurran los siguientes requisitos:

   1. Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa o con aplicación de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones, que figuren específicamente definidas en el correspondiente anexo de inversiones, adecuándose su contraprestación a los límites retributivos establecidos en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias.

   2. Que tales obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla ni por personal laboral temporal que ocupe plaza en la relación de puestos de trabajo o figure contratado al amparo de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley de la Función Pública Canaria.

   De las contrataciones realizadas se informará a la Comisión de la Función Pública Canaria.

2. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por la Ley 11/1994, de 19 de mayo y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública. En los contratos se hará constar la obra o servicios para cuya realización se formalizará el contrato, el tiempo de duración y el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales eventuales o temporales.

3. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de obras o servicios que hayan de exceder dicho ejercicio y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual que cumplan los requisitos que para éstos se prevén en el artículo 37 de la ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.

4. La celebración de los contratos regulados en el presente artículo será objeto de fiscalización previa en los casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 a 99 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

5. Los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral. Estos informes no serán necesarios cuando la contratación se formalice mediante contratos tipo debidamente informados con anterioridad.

1. Durante el año 1997 no se procederá a la contratación de personal laboral temporal a que se refiere el artículo 68 de la Ley de la Función Pública Canaria, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, en cuyo caso será preciso informe favorable conjunto de las Direcciones Generales de Función Pública y de Planificación, Presupuesto y Gasto Público.

2. La contratación de personal laboral temporal en los centros docentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en los centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud requerirá únicamente la autorización del titular del departamento, debiéndose dar cuenta de las contrataciones que se efectúen a las Direcciones Generales anteriormente reseñadas, con indicación del nombre del centro docente y del número que el puesto a ocupar por el personal contratado tiene en la relación de puestos de trabajo, en el primer caso, y del nombre del centro sanitario y la categoría laboral del personal contratado, en el segundo.

3. Los contratos que se autoricen conforme a lo establecido en los apartados anteriores, para cubrir necesidades estacionales, finalizarán al vencer el plazo temporal pactado.

4. Quedan exceptuados de fiscalización previa y únicamente requerirán la autorización del titular del departamento los expedientes de contratación laboral temporal que celebren, al amparo del artículo 4 del Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciembre, las Consejerías de Educación, Cultura y Deportes, Empleo y Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo y el Servicio Canario de la Salud, cuando el objeto de los mismos esté relacionado con la prestación de servicios a alumnos de centros docentes, ancianos, disminuidos físicos o psíquicos, menores de edad, a los usuarios del Servicio Canario de Salud y a los drogodependientes, sea urgente su provisión y su tramitación no haya podido preverse y planificarse con anterioridad.

Los centros gestores deberán velar especialmente por la existencia de disponibilidad presupuestaria en el momento de iniciar una nueva contratación de estas características.

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de la Función Pública Canaria, con excepción de aquellos sometidos al régimen de arancel, no podrán percibir participación alguna de los tributos y otros ingresos públicos de la Comunidad Autónoma, comisiones e ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o cualquier ente público, como contraprestación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.

1. El Gobierno, a propuesta del Departamento afectado y previo informe de las Direcciones Generales de Función Pública y de Planificación, Presupuesto y Gasto Público, podrá efectuar las reasignaciones de efectivos que fuesen precisas para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

2. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria, cuyo puesto de trabajo esté incluido en la propuesta de medios personales que deban ser objeto de traspaso a los Cabildos Insulares, de conformidad con los procesos de transferencias amparados en la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, siempre que ello conlleve cambio de isla donde desempeñe su puesto de trabajo, podrá ser destinado, cuando existieran vacantes, a otro puesto por el procedimiento de reasignación de efectivos.

La reasignación de efectivos se efectuará a puestos vacantes con igual localización territorial que los puestos de procedencia de conformidad con los requisitos exigidos para su desempeño en las relaciones de puestos de trabajo.

La adscripción tendrá carácter provisional y las retribuciones que se le asignen serán las correspondientes al puesto de adscripción.

La reasignación de efectivos la efectuará la Secretaría General Técnica de la Consejería donde estuviera destinado al personal afectado, cuando sea en el ámbito de la misma. Si la reasignación fuera a un puesto de otra Consejería, se efectuará por la Dirección General de la Función Pública.

La reasignación de efectivos tendrá carácter obligatorio para puestos de similares características e iguales retribuciones y voluntario en los demás casos.

Incumplimiento.

1. La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma llevará aparejada, salvo que concurra causa justificada, la correspondiente deducción de haberes con independencia de que el incumplimiento del horario o la inasistencia al trabajo injustificados pueda dar lugar a la adopción de las medidas disciplinarias correspondientes.

2. Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida por 30 y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de media, cada día.

1. Durante 1997 la oferta de empleo público se limitará a las plazas vacantes de los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios y, en todo caso, deberá ser inferior al 25 por 100 que resulte por aplicación de la tasa de reposición de efectivos. A este efecto, se entiende por tasa de reposición de efectivos las vacantes que se produzcan como consecuencia de fallecimientos, jubilaciones, excedencias forzosas y voluntarias durante el año anterior.

   Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las convocatorias que se realicen al amparo de ofertas de empleo público anteriores al presente ejercicio.

2. Las convocatorias que se realicen con base en este artículo para el ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos y de cuerpos estatales, cuando sus retribuciones se satisfagan con cargo a créditos autorizados por la presente Ley, así como también las de pruebas selectivas de personal laboral, en promoción interna o acceso libre, requerirá previo informe favorable de la Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público respecto de la adecuada cobertura presupuestaria. El cumplimiento de este trámite deberá figurar expresa y obligatoriamente en el texto de las convocatorias correspondientes. Si se incumpliera, llevará a la nulidad de pleno derecho de todos los actos del procedimiento selectivo y, en su caso, del acto de nombramiento.

Antes del 15 de julio de 1997 la Consejería de Educación, Cultura y Deportes elevará al Gobierno, para su aprobación, la programación del profesorado para el curso 1997-1998, previo informe preceptivo de la Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público.

Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año de 1997, deberá solicitarse en su caso de la Consejería de Economía y Hacienda la correspondiente actualización de la masa salarial, que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos pactos, aportando al efecto certificación de las retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 1996.

1. A iniciativa del departamento correspondiente, previo informe favorable de las Direcciones Generales de Función Pública y Planificación, Presupuesto y Gasto Público y a propuesta conjunta de las Consejerías de Presidencia y Relaciones Institucionales y Economía y Hacienda, compete al Gobierno la aprobación de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

2. Las retribuciones complementarias que, durante un plazo máximo de tres meses, puedan percibir los funcionarios a partir de su cese en el desempeño de los puestos de trabajo, por alteración de su contenido o por su supresión en la relación de puestos de trabajo, tendrán el carácter de «a cuenta» de las que les correspondan por el nuevo que ocupen. No procederá reintegro alguno en el caso de que las cantidades percibidas a cuenta fueran superiores a las correspondientes al puesto finalmente ocupado.

1. A efectos del reconocimiento del derecho para la percepción de ayudas de estudios por el personal al servicio de la Comunidad Autónoma, los beneficiarios habrán de percibir unos ingresos brutos anuales inferiores a 5.000.000 de pesetas, incrementados en 500.000 pesetas por hijo.

2. Para el cómputo de los ingresos brutos del citado personal se tendrá en cuenta la suma de todos los ingresos, de cualquier naturaleza, que a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas perciban aquél y su cónyuge considerados conjuntamente, disminuyéndose dicho conjunto de ingresos en 1.000.000 de pesetas anuales por cada hijo minusválido físico o psíquico que conviva con ellos, acreditándose tales circunstancias en el expediente tramitado.

1. Con el objeto de lograr un mejor funcionamiento de los centros docentes no universitarios, dentro de los créditos presupuestarios no ampliables establecidos para la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, dicha Consejería, excepcionalmente, podrá financiar horas lectivas extraordinarias para impartir docencia directa o adaptada a las condiciones de la educación de adultos, tanto en la modalidad presencial como a distancia.

2. En todo caso, la financiación a que se refiere el párrafo anterior se realizará con cargo al capítulo I de la Sección de Educación, Cultura y Deportes.

3. Asimismo, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes podrá efectuar el nombramiento de profesores funcionarios interinos y profesores de jornada parcial, dentro de los créditos presupuestarios correspondientes, con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general; en este supuesto, las retribuciones correspondientes, tanto básicas como complementarias se abonarán en la parte proporcional que resulte según cual fuere la jornada de trabajo cumplida.

4. El desarrollo reglamentario de este precepto en cuanto a la fijación de horas de dedicación lectiva, la retribución de las mismas y demás condiciones, se realizará a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, previo informe de las Direcciones Generales de Función Pública y de Planificación, Presupuesto y Gasto Público.

1. Los contratos menores no están sujetos a fiscalización previa.

2. En los procedimientos negociados de contratación administrativa y en los procedimientos de adjudicación directa de contratación patrimonial no será preceptiva la intervención y propuesta de las mesas de contratación.

Podrá ser diferido el pago del precio de adquisición de acciones u otros títulos representativos del capital y de los bienes inmuebles que la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias precise para el cumplimiento de cualesquiera de sus funciones y competencias sin limitación cuantitativa alguna, siempre que el desembolso inicial no sea inferior al 25 por 100 del precio, pudiéndose distribuir libremente el resto hasta en cuatro anualidades sucesivas a los respectivos vencimientos, dentro de las limitaciones temporales y porcentuales contenidas en el artículo 37.3 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, el Gobierno podrá autorizar la ampliación del número y porcentaje de anualidades anteriormente mencionado, siempre que la necesidad de ampliación de los mismos quede acreditada.

La enajenación de bienes muebles a título gratuito cuyo importe no exceda de 1.000.000 de pesetas se acordará por el Consejero de Economía y Hacienda, previa autorización del Gobierno.

1. Los centros docentes públicos no universitarios, las instalaciones y centros deportivos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC), el Consejo Escolar de Canarias dispondrán de autonomía en su gestión económica en los términos previstos por la Ley 9/1995, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1996.

2. El Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM) dispondrá de autonomía en su gestión económica en los mismos términos previstos por la Ley 9/1995, para el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC).

3. El Instituto Canario de la Juventud y los centros dependientes de la Dirección General de Servicios Sociales podrán disponer de autonomía en su gestión económica con un régimen análogo al establecido para los centros docentes, en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente.

Se faculta al Presidente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia para autorizar las operaciones de compra y venta propias de su actividad con las limitaciones previstas en la Ley General Presupuestaria.

1. Requerirán informe preceptivo de la Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público cuantas normas, acuerdos y convenios incidan en la financiación y gastos del Servicio Canario de la Salud, y particularmente, los programas de gestión convenida a que se refiere el artículo 70 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, y conciertos de asistencia sanitaria, que impliquen compromisos de gastos para ejercicios futuros.

2. El Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General, podrá acordar que en los hospitales y demás centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud, la función interventora sea sustituida por el control financiero de carácter permanente.

   La sustitución en la modalidad de control interno a ejercer podrá afectar a todos o algunos de los centros señalados.

3. El Servicio Canario de la Salud se someterá al procedimiento de control de efectivos reales que establezca la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General, en el momento que ésta considere oportuno.

4. Una vez que la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud se dote de los medios adecuados para el ejercicio de las funciones de la gestión de Tesorería y Ordenación de Pagos de dicho servicio, el Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta del de Sanidad y Consumo, asignará las competencias para el ejercicio de dichas funciones.

1. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se determine por orden departamental como suficiente para la cobertura del coste que represente su exacción y recaudación.

2. Se exceptúan las que tengan su origen en resoluciones de carácter sancionador y las referidas a un mismo deudor, cuya suma supere la cuantía a que se refiere el párrafo anterior, excluido el recargo de apremio.

1. El Gobierno de Canarias podrá regular gradualmente y por grupos de medicamentos, en el ámbito del Servicio Canario de Salud la fijación de precios de referencia en relación a las especialidades farmacológicas equivalentes, a los efectos previstos en el apartado siguiente.

2. Publicadas esas normas de regulación y en relación a los medicamentos en ellas incluidas, la prescripción por los facultativos del Servicio Canario de la Salud, de especialidades farmacéuticas cuyo importe exceda de los precios de referencia fijados por orden departamental requerirá de un informe complementario por el facultativo en el que se justifique, desde el punto de vista terapéutico, la elección de la especialidad prescrita con preferencia al resto de los productos registrados que contengan idéntico principio activo y cuyo importe sea

   igual o inferior al precio de referencia. Dicho informe deberá ser aprobado por el órgano competente del Servicio Canario de la Salud que, al efecto, se determine por orden departamental, como requisito para la financiación pública de la especialidad prescrita en cuanto al exceso de su importe sobre el precio de referencia.

3. Por el Consejero de Sanidad y Consumo se dictaran las normas precisas para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.