Sentencia número 142/1988, de 12 de Julio del pleno del tribunal constitucional en el recurso de inconstitucionalidad número 868-85, promovido por el Gobierno, contra determinados artículos de La Ley de las Cortés de Aragón 4/1985, de 27 de junio, reguladora del justicia de Aragón.
| Marginal | BOE-T-1988-19561 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Tribunal Constitucional |
| Rango de Ley | Sentencia |
EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DO—A GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PI—ERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO,
EN NOMBRE DEL REY
LA SIGUIENTE
SENTENCIA
EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 868/85, PROMOVIDO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, REPRESENTADO POR EL LETRADO DEL ESTADO, CONTRA DETERMINADOS ARTICULOS DE LA LEY 4/1985, DE 27 DE JUNIO, DE LAS CORTES DE ARAGON, REGULADORA DEL JUSTICIA DE ARAGON. HAN SIDO PARTES DE LAS CORTES DE ARAGON, REPRESENTADAS POR SU PRESIDENTE, Y LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, REPRESENTADA POR EL ABOGADO DE SUS SERVICIOS JURIDICOS, DON JUAN ANTONIO GARCIA TOLEDO, Y PONENTE, EL MAGISTRADO DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.
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ANTECEDENTES
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POR ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EL 2 DE OCTUBRE DE 1985, EL ABOGADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PROMOVIO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ART. 2.3 Y, EN CONEXION CON EL MISMO, CONTRA LOS ARTS. 19.2, 21.1 Y 31.2, ASI COMO CONTRA LOS ARTS.
12.2, 21.2 Y 2.2 DE LA LEY 4/1985, DE 27 DE JUNIO, DE LAS CORTES DE ARAGON, REGULADORA DEL JUSTICIA DE ARAGON. SE HIZO EXPRESA INVOCACION DEL ART.
161.2 DE LA CONSTITUCION.
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EL RECURSO SE FUNDAMENTA EN LAS SIGUIENTES ALEGACIONES:
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EL ABOGADO DEL ESTADO CONSIDERA QUE EL ART. 2.3 DE LA LEY IMPUGNADA IMPLICA ATRIBUIR AL JUSTICIA DE ARAGON LA CAPACIDAD DE SUPERVISAR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. ELLO VULNERARIA LO DISPUESTO EN LOS ARTS.
33 Y 34 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON (E.A.A.), SEGUN LOS CUALES EL JUSTICIA SOLO PUEDE SUPERVISAR LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.
SEGUN EL LETRADO DEL ESTADO, TAL INTERPRETACION ES LA UNICA QUE CABE SEGUN LOS PROPIOS TERMINOS DEL PRECEPTO IMPUGNADO EN UNA INTERPRETACION SISTEMATICA DE TODO EL ART. 2, Y A LA VISTA DE LOS ARTICULOS CONCORDANTES, TAMBIEN IMPUGNADOS, 19.2, 21.2 Y 31.2, QUE ESTABLECEN OBLIGACIONES CONCRETAS DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LAS QUE NO SE EXCLUYE EXPRESAMENTE A LAS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, QUE QUEDAN ENTONCES AFECTADAS PRECISAMENTE POR HABERSE INCLUIDO A DICHA ADMINISTRACION EN EL ART. 2.3 DE LA LEY. B) IMPUGNA TAMBIEN EL LETRADO DEL ESTADO EL ART. 12.2, QUE ATRIBUYE A LA CORRESPONDENCIA Y DEMAS COMUNICACIONES QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUIERAN TENER CON EL JUSTICIA DE ARAGON LAS GARANTIAS QUE LA LEGISLACION VIGENTE PREVE PARA LA COMUNICACION CON JUECES Y TRIBUNALES. SE TRATA, EN SU OPINION, DE UNA MATERIA RELATIVA AL REGIMEN DE DERECHOS DE LOS PRESOS Y DETENIDOS A QUE ALUDE EL ART. 25.2 C.E. Y QUE INCIDE EN EL AMBITO DE LA LEGISLACION PENAL, PROCESAL Y PENITENCIARIA, COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO, DE ACUERDO CON EL ART. 149.1.6 C.E. Y ES UNA MATERIA QUE SE ENCUENTRA REGULADA POR VARIAS LEYES ESTATALES DE CARACTER ORGANICO, CARACTER NECESARIO EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 81 EN RELACION CON EL 17 Y 25, TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCION. SUBRAYA ADEMAS QUE, SI BIEN LA LEY ORGANICA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ESTABLECE EN SU ART.
16 DETERMINADAS GARANTIAS DE PRIVACIDAD DE LAS COMUNICACIONES DE LOS PRESOS Y DETENIDOS, LAS DOS LEYES AUTONOMICAS ANTERIORES A ESTA Y QUE SE HAN OCUPADO DEL TEMA NO HAN INCURRIDO EN EL MISMO VICIO. EN PARTICULAR, LA LEY CATALANA SOBRE EL SINDIC DE GREUGES, ATRIBUYE A LA CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES DE PRESOS Y DETENIDOS
(ART. 14). POR LA MISMA RAZON DE INVADIR COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO EN MATERIA PENAL Y PROCESAL SE IMPUGNAN TAMBIEN LOS ARTS. 21.2 Y 31.2 DE LA LEY.
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FINALMENTE SE IMPUGNA EL ART. 2.2 DE LA LEY QUE, EN CONTRADICCION CON EL ART. 33 E.A.A., REFIERE LA CAPACIDAD DE SUPERVISION DEL JUSTICIA DE ARAGON TAMBIEN A LA ADMINISTRACION LOCAL. TAL ATRIBUCION NO PODRIA SALVARSE CONSIDERANDO LOS ENTES LOCALES COMO ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, ENTES DE CARACTER INTRACOMUNITARIO, YA QUE ELLO CHOCARIA FRONTALMENTE CON LA CONFIGURACION CONSTITUCIONAL DEL ESTADO (ART. 137 C.E.). NO OBSTANTE, SE—ALA EL LETRADO DEL ESTADO, ESTE PRECEPTO, EN TANTO QUE LIMITA LA SUPERVISION DEL JUSTICIA SOBRE LA COMUNIDAD AUTONOMA A LAS MATERIAS SOBRE LAS QUE EL E.A.A. ATRIBUYE COMPETENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA, PODRIA SER SALVADO, ENTENDIENDO QUE SE REFIERE SOLO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ENTES LOCALES QUE SUPONEN EJERCICIO DE COMPETENCIAS POR TRANSFERENCIA O DELEGACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA O MERA GESTION ORDINARIA DE SERVICIOS DE ESTA (ART. 45 E.A.A., ARTICULOS 5 Y SIGUIENTES LEY 4/1985, DE BASES DEL REGIMEN LOCAL), PUESTO QUE EN TALES CASOS LAS ENTIDADES LOCALES ACTUAN COMO ENTES DESCENTRALIZADOS DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON. 2. POR PROVIDENCIA DE 9 DE OCTUBRE DE 1985, LA SECCION CUARTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACORDO ADMITIR A TRAMITE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DAR TRASLADO DE LA DEMANDA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO Y A LAS CORTES Y DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES, AL OBJETO DE QUE EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS PUDIERAN PERSONARSE Y FORMULAR ALEGACIONES. ASIMISMO SE TUVO POR INVOCADO EL ARTICULO 161.2 C.E., CON LA CONSIGUIENTE SUSPENSION DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS DESDE LA FECHA DE FORMALIZACION DEL RECURSO.
MEDIANTE ESCRITO DE SU PRESIDENTE DE 23 DE OCTUBRE DE 1985 SE PERSONARON EN EL PROCEDIMIENTO LAS CORTES DE ARAGON Y POR ESCRITO DE 25 DE OCTUBRE LO HIZO LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, REPRESENTADA POR DON JUAN ANTONIO GARCIA TOLEDO, ABOGADO-LAS INTERPRETACIONES DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD QUE EXTIENDAN SU CAMPO DE APLICACION FUERA DE DICHO AMBITO COMPETENCIAL.
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EN LO QUE RESPECTA A LA IMPUGNACION DEL ART. 2.3, SOSTIENE EL REPRESENTANTE DE LA DIPUTACION GENERAL QUE CABE UNA INTERPRETACION CONFORME A LA CONSTITUCION, QUE EXCLUYE QUE EL TERMINO
TENGA EFECTOS VINCULANTES PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. ESTA INTERPRETACION ENCUENTRA SU CONFIRMACION TANTO EN LA PROPIA REDACCION DE LOS DIVERSOS APARTADOS DEL ART. 2 COMO EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY, YA QUE EN ELLA SE INDICA QUE LA COMPETENCIA DEL JUSTICIA DEBE LIMITARSE A LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y DE LOS ENTES LOCALES EN MATERIAS TRANSFERIDAD A LA COMUNIDAD. LA FACULTAD DE DIRIGIRSE A OTRAS ADMINISTRACIONES ENCUENTRA, EN CAMBIO, SU SENTIDO EN RELACIQN CON EL ART. 6, QUE PREVE LA COOPERACION Y COORDINACION CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO A TRAVES DE CONVENIOS, LOS CUALES SERIAN LOS QUE HABRIAN DE SE—ALAR LAS FACULTADES QUE EJERCERIA EL JUSTICIA EN RELACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES. EN CUANTO A LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS POR CONEXION, EL 19.2 Y 21.1, SOSTIENE EL REPRESENTANTE DE LA DIPUTACION GENERAL QUE NO IMPLICAN OBLIGACION JURIDICA CONCRETA PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO POR LA SIMPLE RAZON DE QUE NO SON APLICABLES A ELLA, DADO QUE NO CAE BAJO EL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY, COMO YA SE HABIA JUSTIFICADO. TAMBIEN SE IMPUGNA POR CONEXION EL ART. 31.2, POR PRESUNTA VIOLACION DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO EN MATERIA DE LEGISLACION PROCESAL.
SIN EMBARGO, DICHO PRECEPTO, AFIRMA EL REPRESENTANTE DE LA DIPUTACION, SE LIMITA A CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE DIRIGIRSE A QUIEN SEA COMPETENTE PARA INTERPONER RECURSOS Y EJERCITAR ACCIONES JUDICIALES PARA SOLICITAR SU INTERVENCION, POR LO QUE NO EXISTE INNOVACION PROCESAL ALGUNA.
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EN CUANTO A LA IMPUGNACION DEL ART. 12.2 DE LA LEY, SE NIEGA QUE EL LEGISLADOR ARAGONES HAYA INVADIDO LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE EL REGIMEN DE LOS DERECHOS DE LOS PRESOS Y DETENIDOS, QUE INCIDA EN LA LEGISLACION PENAL, PROCESAL Y PENITENCIARIA, Y QUE REQUERIRIA LEY ORGANICA. EN EFECTO, LA LEY SE REMITE A LO DISPUESTO EN LA LEGISLACION VIGENTE, DE ORIGEN ESTATAL, PARA LA COMUNICACION CON JUECES Y TRIBUNALES, Y NO SERIA OBICE LA EXIGENCIA DE LEY ORGANICA PRECISAMENTE POR NO CONTENER REGULACION SUSTANTIVA SOBRE LA MATERIA. COMO PRUEBA SE ALEGA LA PROPOSICION DE LEY SOBRE RELACIONES ENTRE EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y FIGURAS SIMILARES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE DECLARA APLICABLE A LAS MISMAS LA GARANTIA DE LAS COMUNICACIONES QUE LA LEY SOBRE EL DEFENSOR DEL PUEBLO LE ATRIBUYE A ESTE EN SU ART. 16.
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EL ART. 21, 2, SE IMPUGNA POR ENTENDERSE QUE REGULA SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL Y EXCITACION DE LA ACCION DEL MINISTERIO FISCAL. ELLO NO SERIA CIERTO, POR CUANTO NO SE TIPIFICA NINGUNA FIGURA DELICTIVA. SE PREVE SIMPLEMENTE UNA POSIBILIDAD QUE SOLO SE MATERIALIZARA SI ASI LO HACE EL LEGISLADOR ESTATAL. EN CUANTO AL TRASLADO AL MINISTERIO FISCAL, TAMPOCO SUPONE LEGISLACION PROCESAL, SINO SIMPLE ESPECIFICACION DE LA CONDUCTA A OBSERVAR POR EL JUSTICIA DE ARAGON. ADEMAS, PRECEPTOS SIMILARES SE INCLUYEN EN LAS LEYES REGULADORAS DE LAS FIGURAS ANALOGAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ANDALUZA, VASCA Y CANARIA. Y AMBOS ASPECTOS HAN RECIBIDO UNA REGULACION IDENTICA EN EL ART. 25 DE LA LEY DEL SINDIC DE GREUGES CATALAN.
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EL ULTIMO PRECEPTO QUE SE IMPUGNA ES EL 2.2, POR EXTENDER LAS FACULTADES DEL JUSTICIA MAS ALLA DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD, AL ATRIBUIRLE LA SUPERVISION DE LOS ENTES LOCALES. SIN EMBARGO, A JUICIO DEL LETRADO DE LA DIPUTACION, EL PRECEPTO NO INCURRE EN EXTRALIMITACION...
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