RESOLUCIÓN 14 de febrero de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por 'Grany Fruits, Sociedad Civil Particular', contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Lleida, número 2, don Enrique Carbonell García, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de apelación del Sr. Registrador.
| Marginal | BOE-A-2001-5559 |
| Sección | III - Otras Disposiciones |
| Emisor | Ministerio de Justicia |
| Rango de Ley | Resolución |
RESOLUCIÃN l0 de febrero de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en, el recurso gubernativo interpuesto por `Grany Fruits, Sociedad Civil Particular¿, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Lleida, número 2, don Enrique Carbonell GarcÃa., a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de apelación del Sr. Registrador.
En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don Francisco Lucas Rubio Ortega, en nombre de `Grany Fruits, Sociedad Civil Particular¿, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Lleida, número 2, don Enrique Carbonell GarcÃa, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de apelación del Sr. Registrador.
Hechos
El 25 de julio de 1996, mediante escritura de compraventa autorizada por el Notario de Lleida, don Urbano Ãlvarez Merino, Grany Fruits, Sociedad Civil Particulan adquirió dos fincas agrÃcolas, fincas registrales números 85 y 29N de los Registros de la Propiedad de Lleida, números 2 y 3, respectivamente.
Presentada copia de escritura en el Registro de la Propiedad Lleida, número 2, fue calificada con la siguiente nota: ««No admitido a registración el precedente documento por el siguiente motivo: la sociedad civil carece de personalidad jurÃdica a las efectos de detentar una titularidad inscribible en el Registro dela Propiedad, motivo que es de denegación, no procediendo tomar anotación preventiva. Lleida, a 19 de diciembre de 1996. El Registrador de la Propiedad, Firma ilegible.
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El Procurador de los Tribunales, don Francisco Rubio Ortega, en nombre de `Grany Fruits, Sociedad Civil Particular¿, interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación, y alego: Que la Sociedad Civil Particular Grany Fruits, fue constituida el 25 de junio de 1996, mediante documento privado. E1 contrato fundacional se presentó el 27 de junio de 1996 a liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, modalidad operaciones societarias, que le fue asignado el número 406167/1996, quedando una copia depositada en la Delegación Territorial de EconomÃa y Finanzas. El objeto social de la entidad consiste según la cláusula tercera ««La actividad agrÃcola y ganadera, en fincas propiedad de los socios de la sociedad, o cedidas en arrendamiento o en aparcerÃa, La sociedad tiene asignado el número de identificación fiscal G/25.372.426 y causó alta en el censo de actividades de A.E.A.T. en Lleida, en donde depositó una copia del contrato fundacional, y es una empresa que interviene en el tráfico exterior y/o con sus relaciones con terceros, bajo la denominación de Grany Fruits, S.C.P. y un número de identificación fiscal y domicilio social. Que teniendo en cuenta lo que dicen los artÃculos 35.2, 36, 38 y 169 del Código Civil, se señala que la sociedad Grany Fruits contrata con terceros en su propio nombre; la administración se halla atribuida a dos administradores (cláusula 14 del contrato fundacional); los pactos de la sociedad no se mantienen secretos; el objeto social es la actividad agrÃcola y ganadera; no es de carácter irregular, puesto que no está su constitución obligada a escritura pública, y la conducta y desenvolvimiento lo ha sido con base a las normas reguladoras del Código Civil. Que el enunciado negativo del artÃculo 1.669 del Código Civil, parte de una base general: una agrupación de personas es sociedad siempre que se den los requisitos del artÃculo 1.669 del Código Civil. Que si la sociedad actúa en el tráfico poniendo de manifiesto su existencia y sin ocultarse, resulta evidente que la sociedad Grany Fruits posee personalidad jurÃdica. Que la legislación fiscal corrobora la existencia de sociedades civiles con o sin personalidad jurÃdica, cuya regulación se halla en el Código Civil. Que del artÃculo 1.669 se desprende que la publicidad requerida para el reconocimiento de personalidad jurÃdica de las sociedades civiles, es la mera publicidad de hecho, conforme lo declara la doctrina.
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El Registrador de la Propiedad en defensa de su nota, informó: Que en cuanto al objeto de la sociedad, tradicionalmente se ha excluido del ámbito mercantil la actividad agropecuaria con base en el artÃculo 326 del Código Civil, pero en la segunda parte del citado artÃculo 326, se excluyen supuestos que de otro modo caerÃan bajo la definición de compraventa mercantil del artÃculo 325, de ahà que proceda interpretarlos restrictivamente, refiriéndolos a los «bienes de consumo» y no a los de uso o cambio, cuyo tráfico siempre constituye compraventa mercantil. Esto se reafirma con la regulación actual del fenómeno asociativo en el campo, que en la práctica se nutre con las Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación que tienen un régimen jurÃdico especÃfico; por lo tanto, no cabe excluir con carácter general la actividad agropecuaria del ámbito mercantil. Que a esto se suma la amplitud del objeto de la sociedad, lo que permitirÃa que en un momento cualquiera de su actividad social, realice una amplia actividad mercantil. Por otro lado, hay que tener en cuenta la existencia de socios capitalistas, que únicamente buscan obtener un rendimiento al capital aportado, a ellos no se les podrá aplicar la excepción de bienes de consumo; pues para ellos se tratarÃa de mercaderÃas objeto de tráfico. Que partiendo de la base de que es insuficiente para eludir la aplicación de las normas mercantiles, la voluntad expresa de los socios de crear una sociedad civil porque las normas mercantiles son de carácter imperativo, se considera que en el presente caso se trata de una sociedad objetivamente mercantil que debe someterse en su constitución a la citada normativa y, por tanto, al no haberse constituido según la misma, no tiene personalidad jurÃdica. Que en segundo lugar, y en caso de no apreciarse el carácter objetivamente mercantil de la sociedad, la norma civil (artÃculo 1.667 del Código Civil), exige el otorgamiento de escritura pública cuando se aporten bienes inmuebles o derechos reales, como puede ser el uso; además y para evitar el fraude de ley consecuente, y dado el principio de titulación pública exigido en el Registro de la Propiedad, al comprar a posteriori un inmueble, o un derecho real, se deberá aportar al Registro de la Propiedad junto con la citada compraventa, el documento constitutivo de la sociedad civil, que en el caso de ser privado deberán los constituyentes elevarlo a escritura pública, para probar la constitución de la sociedad civil en su acceso al Registro de la Propiedad y hacer público sus pactos (artÃculo 1.669 del Código Civil) mediante la publicidad del Registro, ya que el otorgamiento de la escritura no determina tal publicidad, pues su efecto son ««Ãnter partes,
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El Notario autorizante de la escritura informó: Que suscribe Ãntegramente las alegaciones de la parte recurrente y afirma la plena personalidad jurÃdica de la sociedad civil adquirente en la escritura calificada, de acuerdo con las disposiciones legales citadas, y por tanto, la plena eficacia de la misma.
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El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, revocó la nota del Registrador, fundándose en el artÃculo 1.669 del Código Civil, interpretado a «contrario sensu»», y en que asà lo sostiene la doctrina civilista que ve en ella una persona jurÃdica, del tipo asociación, comprendida en el artÃculo 35.2 del mismo Código, y siendo ello asà no se atisba el inconveniente de una titularidad dominical ni su acceso al Registro de la Propiedad.
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El Registrador apeló el auto presidencial, manteniéndose en sus alegaciones, y añadió lo que dice la Resolución de 31 de marzo de 1997.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artÃculos 22 y 53 de la Constitución; 35, 36, 38, 1.218, 1.219, 1.230, 1.278, 1.280, 1.462, 1.665, 1.667, 1.668, 1.669, 1.670, 1.679, 1.697, 1.698 y 1.699 del Código Civil; 1, 2 y 9 de la Ley Hipotecaria; 2, 116 a 120 y 152 del Código de Comercio; 15 y 16 de la Ley de Sociedades Anónimas; 11, 14, 87.2, 91.1 y 92.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; 1, 7.2 y 22.1 de la Ley de Agrupaciones de Interés Económico; 51 y 383 del Reglamento Hipotecario; 222 del Reglamento del Registro Mercantil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1978, 30 de mayo de 1992, 27 de mayo de 1993, 31 de mayo de 1994, 8 de junio de 1995, 12 de julio de 1996 y 6 de julio y 27 de noviembre de 1998 y 24 de febrero de 2000 (ésta de la Sala Tercera); y las Resoluciones de 28 de junio de 1985, 25 de abril de 1991, 13 y 20 de mayo de 1992, 25 de marzo y 25 de agosto de 1993, 31 de marzo, 1 y 30 de abril y 11 de diciembre de 1997, 23 de febrero de 1998 y 15 de febrero de...
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