Orden PCI/227/2019, de 4 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2019.
| Marginal | BOE-A-2019-3112 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad |
| Rango de Ley | Orden |
El Consejo de Ministros, en su reunión de 22 de febrero de 2019, a propuesta del Ministro del Interior y de las Ministras de Hacienda y de Economía y Empresa, ha adoptado un Acuerdo por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2019.
Para general conocimiento se dispone su publicación como anejo a la presente Orden.
Madrid, 4 de marzo de 2019.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo Poyato.
ANEJO. Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2019
Durante el año 2019 está prevista la convocatoria de diversos procesos electorales. De acuerdo con el artículo 115.1 de la Constitución, «El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones». Haciendo uso de esta facultad, se ha previsto la celebración de Elecciones a Cortes Generales el próximo 28 de abril.
Asimismo, el 26 de mayo de 2019 se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo, elecciones locales y autonómicas o forales en 14 Comunidades Autónomas.
Resulta, por tanto, necesario llevar a cabo todas las actuaciones precisas para la celebración de estos procesos electorales, entre las que se encuentra la atribución de obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal, con la conveniencia de aprobar en un solo Acuerdo de Consejo de Ministros las obligaciones de servicio público que se imponen al operador público Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. para todos ellos.
La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, contiene la regulación del servicio postal universal y de las demás obligaciones de servicio público que se encomiendan al operador público Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. en su condición de operador designado por el Estado para la prestación de dichos servicios.
En el marco de los procesos electorales, el artículo 22.5 de esta Ley prevé que: «El Gobierno podrá imponer al operador designado para prestar el servicio postal universal otras obligaciones de servicio público, cuando así lo exijan razones de interés general o de cohesión social o territorial, mejora de la calidad de la educación y protección civil, o sea necesario para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que regula el régimen electoral general». Señala también este artículo que «La imposición de obligaciones adicionales de servicio público deberá ser objeto de compensación».
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E., de acuerdo con la disposición adicional primera de dicha Ley, tiene la condición de operador designado por el Estado para la prestación de dicho servicio, que se regirá por los principios de equidad, no discriminación, continuidad, buena fe, y adaptación a las necesidades de los usuarios.
Por tanto, conforme al artículo 22.5 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, y en virtud de la competencia exclusiva atribuida al Estado en materia postal en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española, solo el Gobierno de la Nación puede imponer estas obligaciones al operador postal que tenga encomendado el servicio postal universal para salvaguardar el normal desarrollo de los procesos electorales.
Las obligaciones de servicio público que mediante el presente acuerdo se imponen al operador postal Correos y Telégrafos S.A., se refieren, fundamentalmente, al voto por correo de electores residentes en España, de electores residentes ausentes y de electores temporalmente ausentes, del personal embarcado, del personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional, y del personal interno en centros penitenciarios, a envíos realizados por la Oficina del Censo Electoral, a la recogida de la documentación electoral en las Mesas y a los envíos postales de propaganda electoral que realicen las candidaturas. Asimismo, se recogen las condiciones concretas para la prestación de los servicios.
El artículo 22.5 de la Ley 43/2010, señala también que «La imposición de obligaciones adicionales de servicio público deberá ser objeto de compensación».
Para el cálculo de esta compensación se debe tener en cuenta que los servicios electorales no pueden calcularse en función del coste del servicio postal universal y, por ello, las tarifas no pueden reflejar el dimensionamiento de la red postal, por prestarse los mismos de forma eventual y consecuentemente no tener ningún impacto en dicho coste, resultando así una tarifa asequible y orientada a cubrir los costes reales del servicio.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, de las Ministras de Hacienda y de Economía y Empresa, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 22 de febrero de 2019, acuerda:
Obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal
Primero. Objeto.
En virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 22 de la Ley 43/2010, se encomienda a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. (en adelante Correos), en su calidad de operador designado para prestar el servicio postal universal, las obligaciones de servicio público necesarias para salvaguardar el normal desarrollo de las elecciones que se convoquen en 2019.
Dichos servicios habrán de prestarse, con carácter general, entre el día de publicación del Decreto de convocatoria de las Elecciones y los cien días siguientes al fijado para la celebración de la votación.
Segundo. Voto por correo de electores residentes en España.
Las obligaciones de servicio público en relación con el voto por correo se refieren a las siguientes actuaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General:
a) La puesta a disposición y posterior admisión de los impresos de solicitud del voto por correo de acuerdo con los apartados a), b) y c) del artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
b) La entrega de las solicitudes formuladas por los electores a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, conforme a lo previsto en el apartado d) del artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
c) La entrega a los electores de la documentación electoral remitida por la Oficina del Censo Electoral por correo certificado y urgente de acuerdo con el apartado segundo del artículo 73 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
d)...
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