RESOLUCIÓN DE 17 DE JUNIO DE 1997, de la Subsecretaria, por la que se hace publico el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de Junio de 1997, por el que se aprueba el Plan de Austeridad de Gastos corrientes de la Administracion general del Estado.

Marginal:BOE-A-1997-13680
Sección:I - Disposiciones Generales
Emisor:Ministerio de Economia y Hacienda
Rango de Ley:Resolución
 
ÍNDICE
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El Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de junio de 1997, adoptó el Acuerdo referido en el sumario de esta Resolución. Considerando la naturaleza de dicho Acuerdo, esta Subsecretaría, por la presente Resolución, tiene a bien disponer:

Dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» al Plan de Austeridad de Gastos Corrientes de la Administración General del Estado, cuyo texto íntegro se incluye como anexo a esta Resolución.

Madrid, 18 de junio de 1997.-El Subsecretario, Fernando Díez Moreno.

ANEXO I
  1. Introducción general

    Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 han sido elaborados con criterios de austeridad, ahorro, rigor y control del gasto público.

    El recorte ha afectado a todos los capítulos del presupuesto y muy significativamente a las partidas correspondientes al funcionamiento operativo de los servicios, recogido en el capítulo II, y es previsible que esta tendencia continúe en los próximos ejercicios.

    La necesaria adecuación de los gastos a las disponibilidades presupuestarias obliga a una gestión equilibrada de los recursos en el ámbito de cada Ministerio, por lo que es preciso racionalizar la utilización de los mismos para obtener mejores resultados.

    Por otro lado, y dentro del proceso de modernización de la Administración Pública, es necesario concienciar a todo el personal a su servicio de la necesidad de realizar un uso racional de los recursos públicos, que cada vez son más limitados, lo que lógicamente también redundará en una importante mejora de la imagen institucional que de la Administración del Estado tienen los ciudadanos.

    Por ello, el Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ha aprobado el denominado «Plan de Austeridad», que contiene un conjunto de medidas, propuestas y recomendaciones que persiguen una triple finalidad:

    Reducción del gasto público.

    Mejora de la imagen institucional de la Administración.

    Fomentar la concienciación del uso racional de los recursos públicos por parte del personal de la Administración.

    Para conseguir esta finalidad el Plan se estructura en tres apartados:

    Medidas concretas aplicables a la Administración General del Estado y a los Organismos Autónomos.

    Medidas concretas aplicables a entidades públicas empresariales.

    Medidas concretas aplicables a empresas públicas.

    Tales medidas afectan a comunicaciones, contratación externa, publicaciones, adquisición de material, utilización de fotocopiadoras, gastos de representación, viajes, etc.

    Por último, se establece sistema de control y seguimiento que asegure una completa ejecución del plan.

  2. Ámbito de aplicación

    La principal novedad que presenta el Plan respecto a otras medidas de ahorro adoptadas anteriormente radica en extender su aplicación a la totalidad de órganos que integran la Administración General del Estado, así como a las Entidades Públicas Empresariales (EPE) y empresas públicas que de él dependen.

    La diversidad de órganos y de regímenes jurídicos a los que están sometidos obliga a estructurar el Plan en dos partes diferenciadas:

    1. Administración General del Estado (Servicios Centrales y Periféricos) y Organismos Autónomos:

      El Plan está integrado por un conjunto de directrices básicas para cuya aplicación se requiere la aprobación de una instrucción que las adapte a las particularidades de cada Ministerio. Dicha instrucción deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de un mes a contar desde la aprobación de este Plan.

    2. Entidades Públicas Empresariales y empresas públicas:

      El respeto al principio de autonomía de gestión y las peculiaridades de la actividad desarrollada por las empresas públicas y por determinados entes públicos obliga a que sean ellos mismos los que elaboren su propio plan de austeridad siguiendo las recomendaciones contenidas en éste.

  3. Medidas concretas aplicables a la Administración General del Estado y Organismos Autónomos

    1. COMUNICACIONES

      1. Teléfonos y telefax:

        Reducción de las categorías de tráfico, de modo que se adapten a las características del puesto de trabajo al que se asigna cada extensión. Como regla general, se dotará de salida interprovincial a los niveles 29 y 30, y dentro de ellos, la internacional a aquellos cuya naturaleza del puesto de trabajo lo haga necesario. Se potenciará la salida dentro de la respectiva Comunidad a través de centralita, como medida disuasoria que discrimine aquellas llamadas oficiales de las que no lo son.

        Control de las llamadas directas a través de tarificadores, con envío de escritos a aquellos usuarios que superen, tanto en tiempo como por importe, los límites de lo que se considere preciso para una llamada oficial. En caso de tratarse de llamadas particulares, se puede reclamar el consumo de la misma a partir de los límites que se establezcan.

        Mentalización de conectar por los usuarios el bloqueo electrónico a fin de evitar consumos por personas ajenas que puedan ser atribuidos a los titulares de las extensiones, así como limitadores manuales en las líneas directas, utilizando en este caso una llave.

        Se ejercerá un control especial sobre la adquisición y alquiler de teléfonos móviles para altos cargos. Los terminales GSM dispondrán de dos tarjetas, una oficial y otra personal, al objeto de que las llamadas que se realicen con la segunda sean facturadas directamente al interesado.

        Racionalizar el control de recibos de la compañía suministradora de modo que siempre se canalicen a través de un único órgano y puedan ser debidamente controlados y certificados por los técnicos responsables antes de proceder a su pago, especialmente los teléfonos móviles.

        Colocación de teléfonos públicos en aquellos centros que carezcan de ellos, preferentemente del sistema de tarjeta, de modo que por el personal puedan ser utilizados libremente para sus llamadas particulares.

        Efectuar con las líneas de telefax los mismos controles que con las telefónicas, instalando los fax en extensiones no exclusivas para ellos, toda vez que los aparatos actuales discriminan las llamadas, pudiendo en consecuencia reducirse el número de extensiones en las centralitas.

        Estudiar la posibilidad y el coste de establecimiento de una red interna entre los distintos edificios del Departamento, al objeto de que todas las llamadas entre organismos de un Ministerio se realicen a través de la línea interna, que no tiene coste alguno, y no por las líneas exteriores.

        En comunicaciones internas, el envío de documentos a través del fax tiene validez a todos los efectos, de modo que debe evitarse la duplicidad del envío del documento a través del fax y por correo ordinario, salvo aquellos documentos cuyos originales deban constar en los expedientes administrativos.

        Se potenciarán al máximo las comunicaciones por correo electrónico que resulta más económico que las comunicaciones telefónicas y postales.

        Se suprimirán los teletipos existentes en las diferentes dependencias administrativas, con excepción de aquellos que se consideren absolutamente imprescindibles en los Gabinetes de Prensa y otros organismos singulares de la Administración General del Estado.

        En aquellas localidades en las que esté instalada la Red Rico, los diferentes organismos oficiales afectados por la presente norma estudiarán la posibilidad de conectar los equipos con la mencionada Red, procediéndose, en su caso, a dar de baja las líneas que resulten innecesarias.

      2. Servicios postales:

        En lo relativo al envío de correspondencia, paquetería y transportes, se considerarán las siguientes medidas:

        Con carácter general, se utilizarán los servicios públicos de Correos, postal exprés, etc., para el envío de correspondencia y paquetería fuera del término municipal, evitando la contratación de servicios externo de mensajería.

        Se potenciará la utilización de los servicios de motoristas y coches de incidencias del Departamento, así como los adscritos a las Direcciones Generales.

        Se celebrarán convenios de colaboración con la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos al objeto de obtener los descuentos legalmente autorizados.

        Los envíos postales se realizarán utilizando la «línea económica» que tiene el citado Ente.

    2. CONTRATACIÓN EXTERNA: SEGURIDAD, LIMPIEZA, ASISTENCIA

      TÉCNICA

      Se constituirá una Junta de Contratación como órgano encargado de la programación, tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos que celebre el Ministerio.

      Controlar, centralizadamente, los contratos que se realicen por el Departamento a través de la Junta de Contratación, evitando en lo posible contrataciones directas o por procedimiento negociado, así como estableciendo un mecanismo para controlar también los contratos menores que escaparían a la supervisión de la Junta de Contratación, exigiendo la máxima concurrencia.

      Controlar los gastos menores y que no necesitan fiscalización previa (pequeños suministros) mediante el establecimiento de un importe máximo anual a controlar por los responsables de cada área.

      Analizar la conveniencia de los contratos en vigor, comprobando aquellos que son imprescindibles para el funcionamiento del Organismo, y no renovación de aquellos que no lo sean, sin que la calidad de los servicios disminuya. A este respecto, se apunta la posibilidad de que los servicios de vigilancia de los edificios del Departamento u Organismo puedan ser asumidos en algunos casos por los Cuerpos de Seguridad del Estado.

      Una vez realizada la selección, referida en el punto anterior, estudiar si algunas prestaciones establecidas en los contratos pueden reducirse sin que el servicio a prestar se resienta en exceso.

      Estudiar la sustitución de algunos servicios hoy prestados por empresas y que pueden ser realizados por personal que actualmente tiene el Departamento u Organismo, de acuerdo con su categoría profesional.

      Unificar todos los contratos de igual naturaleza que se celebren en cada Departamento u Organismo (mantenimiento de informática, fotocopiadoras) al objeto de adjudicarlos a una...

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