Sentencia número 15/1989, de 26 de enero, del pleno del tribunal constitucional, en los recursos de inconstitucionalidad acumulados 728, 731 y 735/1984, promovidos respectivamente, por El Consejo ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por el Gobierno Vasco y por la junta de Galicia, contra determinados preceptos de La Ley 26/1984, de 19 de ...

MarginalBOE-T-1989-4056
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorTribunal Constitucional
Rango de LeySentencia

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DO—A GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PI—ERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS, NUMS. 728, 731 Y 735/84, PROMOVIDOS, RESPECTIVAMENTE, POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALU—A, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DON MANUEL MARIA VICENS MATAS, POR EL GOBIERNO VASCO, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DON JAVIER OTAOLA BAJENETA, Y POR LA JUNTA DE GALICIA, REPRESENTADA POR EL ABOGADO DON HERIBERTO GARCIA SEIJO, CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. HA SIDO PARTE EL GOBIERNO DE LA NACION, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, Y PONENTE EL MAGISTRADO DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I.

ANTECEDENTES

1. CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 1984, DON MANUEL M. VICENS MATAS, EN REPRESENTACION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALU—A, FORMULO ANTE ESTE TRIBUNAL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTS.

1.1 (PARRAFO PRIMERO), 4.3, 5 (APARTADO SEGUNDO), 6, 7, 8.3 (INCISO SEGUNDO), 13.2 (ULTIMO INCISO), 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 (EXCEPTO EL APARTADO QUINTO), 23, 24, 30, 36.2, 39 Y 40 DE LA LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, QUE FUE PUBLICADA EN EL DE 24 DE JULIO DE DICHO A—O. EL RECURSO SE FUNDAMENTA EN LAS ALEGACIONES QUE A CONTINUACION SE RESUMEN:

  1. COMIENZA EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DE CATALU—A POR EXPONER UNA SOBRE EL SENTIDO GENERAL DE LA LEY 26/1984, ADVIRTIENDO ASI, EN PRIMER LUGAR, QUE ESTE TEXTO LEGAL HA BUSCADO PRACTICAMENTE COMO UNICO SOPORTE EL ART. 51 DE LA CONSTITUCION, SEGUN SE APRECIA EN SU EXPOSICION DE MOTIVOS, POR MAS QUE TAL FUNDAMENTO NO PAREZCA ACERTADO, YA QUE EN DICHO PRECEPTO CONSTITUCIONAL SE PUEDE HALLAR LA JUSTIFICACION MATERIAL DE ALGUNO DE LOS PRECEPTOS LEGALES, NO LA COMPETENCIAL. DE LA LECTURA DE LA LEY, Y HASTA DE SU MISMO ENUNCIADO (), PARECE DESPRENDERSE EL CRITERIO DE QUE EL ESTADO CUENTA CON UNA COMPETENCIA ESPECIFICA SOBRE LA MATERIA QUE LE HABILITARIA PARA PRODUCIR DESARROLLOS NORMATIVOS MUY PRECISOS Y ACABADOS, TANTO A NIVEL LEGAL COMO REGLAMENTARIO, Y LIMITANDOSE, EN LA MISMA MEDIDA, LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PERO ES LO CIERTO QUE, EXAMINADA LA CONSTITUCION Y ALGUNOS ESTATUTOS (ESPECIALMENTE EL DE CATALU—A Y EL PAIS VASCO: ARTS. 12.1.5 Y 10.28, RESPECTIVAMENTE), SE APRECIA QUE LA SITUACION ES SENSIBLEMENTE LA CONTRARIA DE LA QUE PARECE REFLEJAR EL TITULO Y LA ESTRUCTURA DE LA LEY, PUES SON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y NO EL ESTADO LAS QUE HAN ASUMIDO COMPETENCIAS ESPECIFICAS SOBRE LA MATERIA ALUDIDA, POR MAS QUE TALES COMPETENCIAS ESTEN ACOTADAS POR REFERENCIA A DIVERSAS FACULTADES ESTATALES, PRINCIPALMENTE DE CARACTER ECONOMICO, COMO SON LAS BASES Y LA ORDENACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL Y LA POLITICA DE PRECIOS (ARTS. 149.1.11 Y 13 DE LA CONSTITUCION), ASI COMO POR DETERMINADOS PRINCIPIOS, COMO LOS DE LIBRE CIRCULACION DE BIENES EN EL TERRITORIO ESPA—OL (ART. 139.2), LIBERTAD DE EMPRESA (ART. 38) Y UNIDAD DE MERCADO. NO CABE OLVIDAR, DE OTRA PARTE, QUE EL CARACTER MULTIDISCIPLINARIO Y DE CONTORNOS POCO PRECISOS QUE OFRECE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y, POR PAREJA RAZON, EL MERCADO INTERIOR, PUEDE DAR LUGAR A QUE SOBRE LA DISCIPLINA DEL MERCADO Y DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS CONCURRAN OTRAS REGLAS COMPETENCIALES QUE JUSTIFIQUEN UNA INTERVENCION ESTATAL (BASES Y COORDINACION GENERAL DE LA SANIDAD, SEGURIDAD PUBLICA, IGUALDAD EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES CONSTITUCIONALES: APARTADOS 16, 29 Y 1 DEL ART.

    149.1 DE LA CONSTITUCION). EN TODO CASO, LO QUE SE HA DE ACLARAR ES QUE EL ESTADO NO DISPONE DE NINGUN TITULO COMPETENCIAL QUE JUSTIFIQUE LA ADOPCION PARA TODO EL TERRITORIO DE UNA LEY TAN COMPLETA COMO LA IMPUGNADA, PRECLUYENDO ASI EL EJERCICIO DE LAS POTESTADES NORMATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. LA LEY, EN EFECTO, HA NACIDO CON VOCACION DE QUE SUS DETERMINACIONES SEAN APLICABLES EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO, INCLUSO EN EL DE AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE, COMO LA CATALANA, HAN ASUMIDO COMPETENCIAS EN LA DEFENSA Y PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, APRECIANDOSE TAL PRETENSION DE APLICACION EN TODO EL TERRITORIO EN EL MISMO PREAMBULO DEL TEXTO LEGAL. EN ESTE, POR LO DEMAS, SON CONSTANTES LAS MENCIONES A LA SEGURIDAD DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, Y AUN SIENDO CIERTO QUE EL ART. 51 DE LA CONSTITUCION SE REFIERE ESPECIFICAMENTE A ELLA, ES DE TEMER QUE BUENA PARTE DE ESTAS INVOCACIONES LEGALES NO OBEDEZCAN A OTRO PROPOSITO QUE AL DE APOYAR LA PRESUNTA COMPETENCIA DEL ESTADO PREVISTA EN EL ART. 149.1.29 DE LA CONSTITUCION; SIN EMBARGO, SE HA DE TENER EN CUENTA LO QUE, A ESTOS EFECTOS, SE DIJO EN LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 8 DE JUNIO DE 1982, DE LA QUE CABE EXTRAER QUE LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA NUNCA PODRA SERVIR DE FUNDAMENTO PARA DICTAR UN CUERPO NORMATIVO SOBRE EL COMERCIO INTERIOR Y LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS TAN PROLIJO, ACABADO Y PLUSCUAMPERFECTO COMO EL QUE ES OBJETO DE ESTE RECURSO. CABE, POR ULTIMO, SE—ALAR QUE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS SON INCONSTITUCIONALES POR VIOLAR EL ORDEN DE COMPETENCIAS ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCION Y EL ESTATUTO DE CATALU—A, SI BIEN ALGUNOS DE ELLOS (COMO, POR EJEMPLO, EL ART. 39.1) LO SON POR OTROS MOTIVOS ADICIONALES Y, EN CONCRETO, POR DAR UN EXCESIVO PROTAGONISMO AL REGLAMENTO.

  2. SE EXPONEN EN EL RECURSO, TRAS LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, LOS CONCRETOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADOS FRENTE A LAS DISPOSICIONES DE LEY QUE SE IMPUGNAN:

ART. 1.1

PARRAFO PRIMERO, SEGUN EL CUAL . ENTIENDE LA REPRESENTACION DE LA GENERALIDAD QUE EL PRECEPTO ES INCONSTITUCIONAL EN LA MEDIDA EN QUE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO NO PUEDEN TENER POR OBJETO INMEDIATO Y DIRECTO LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, SINO, A LO SUMO, DICTAR LAS BASES O PRINCIPIOS A QUE HABRAN DE ACOMODARSE LAS REGULACIONES AUTOMATICAS EN ESTE PUNTO, EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMPETENCIA ESTATAL PREVISTA EN EL ART. 149.1.13 DE LA CONSTITUCION PUEDA DAR LUGAR A LA ADOPCION DE UNA LEY GENERAL SOBRE LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

ART. 4.3

PARA EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD, ESTE PRECEPTO SOLO GUARDA CONEXION CON EL APARTADO 1 DEL MISMO ARTICULO, EN EL QUE SE ENUMERAN LOS EXTREMOS QUE DEBEN CONTENER LOS REGLAMENTOS REGULADORES DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS, PREVIENDOSE EN EL APARTADO IMPUGNADO QUE . CON ELLO SE ADUCE SE ESTA CONFIRIENDO UNA HABILITACION PARA DICTAR NORMAS REGLAMENTARIAS DE PRODUCCION ESTATAL EN TODAS LAS MATERIAS REFERIDAS, PESE A QUE TALES COMPETENCIAS REGLAMENTARIAS DEL ESTADO NO TIENEN JUSTIFICACION (EXCEPTO PARA LOS ADITIVOS, PRODUCTOS TOXICOS Y ALGUNOS ASPECTOS DEL REGIMEN...

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