Real Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre, sobe medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda.

1. Las disposiciones del presente Real Decreto serán de aplicación a la financiación por la Administración del Estado de las actuaciones protegibles en materia de viviendas cuya solicitud de calificación provisional se formule a partir de 1 de enero de 1988.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación:

— La promoción, gestión, cesión y rehabilitación por el Estado de viviendas de protección oficial de interés general, que se regulará por la normativa general y, en su caso, por sus normas específicas.

— Las actuaciones de las Comunidades Autónomas y otros Entes territoriales en materia de promoción y rehabilitación, con cargo a sus recursos, que se regularán por la correspondiente normativa autonómica y, subsidiariamente, por el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y normas complementarias.

Se entiende por actuaciones protegibles en materia de vivienda, a los efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto, y con los requisitos en el mismo establecidos:

1. La promoción, construcción, adquisición, uso, conservación y aprovechamiento de las viviendas de protección oficial.

2. La rehabilitación de viviendas existentes y del equipamiento comunitario primario.

3. La urbanización de suelo destinado a viviendas de protección oficial y la adquisición de edificios y viviendas para su rehabilitación con destino a viviendas de protección oficial, por promotores públicos.

Las actuaciones en materia de vivienda a que se refiere el presente Real Decreto podrán acogerse a los siguientes regímenes de protección oficial:

— General.

— Especial, cuando se trate de actuaciones llevadas a cabo por promotores públicos para beneficiarios con ingresos familiares ponderados que no excedan de dos veces el salario mínimo interprofesional. Cuando se trate de actuaciones de rehabilitación sobre edificios o viviendas en arrendamiento, será suficiente que el 80 por 100 de los beneficiarios cumplan esta condición.

1. La financiación cualificada de las actuaciones protegibles en materia de vivienda podrá adoptar las siguientes formas:

   1. Préstamos cualificados.

   2. Beneficios fiscales reconocidos a las viviendas de protección oficial por la legislación tributaria de Corporaciones Locales y de las áreas de régimen fiscal especial, así como otros que puedan reconocerse por el Estado y las Comunidades Autónomas.

   3. Ayudas económicas directas:

      — Subvenciones, personales u objetivas, otorgadas, en su caso, por las Comunidades Autónomas o por la Administración Central del Estado.

      — Subsidiación por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de los tipos de interés devengados por los préstamos cualificados.

   4. Cualquier otra que pueda establecer el Gobierno mediante Real Decreto, atendidas la evolución económica y el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente disposición, en particular para atender de forma diferenciada la necesidad de vivienda de grupos específicos de población y potenciar la rehabilitación, el mercado de vivienda usada o de arrendamiento.

2. La financiación protegida de la promoción, construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas en edificios colectivos, se destinará con preferencia a aquellas actuaciones en las que se supriman las barreras arquitectónicas que dificulten el acceso de los minusválidos a dichas viviendas, cumpliendo lo establecido en la normativa aplicable en la materia.

3. No se extenderá la financiación cualificada a los locales comerciales. Tampoco se extenderá a los garajes no exigidos por las Ordenanzas o que siéndolo no estén vinculados en proyecto y registralmente a las viviendas del edificio en que están situados.

   Los trasteros y otras dependencias comunes vinculadas a las viviendas se someterán al mismo régimen que los garajes vinculados.

4. No se extenderá la financiación cualificada a aquellas actuaciones de nueva construcción que, aun reuniendo los demás requisitos de las actuaciones protegibles, se refieran a viviendas con superficie útil inferior a 30 metros cuadrados o superior a 90.

1. Podrán ser promotores de las actuaciones protegibles las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro.

2. Tendrán la consideración de promotores públicos los Entes públicos territoriales y aquellas personas jurídicas de derecho público o privado pertenecientes al sector público.

   A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado, perteneciente al sector público, aquella en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de derecho público.

   Dichos promotores públicos, sin perjuicio de las facultades que les atribuya la normativa vigente en la materia, podrán promover actuaciones protegibles en materia de vivienda y de rehabilitación de equipamiento complementario de conformidad tanto con el régimen general de protección oficial como con el especial regula-dos por este Real Decreto.

3. Los promotores que pretendan llevar a cabo actuaciones protegibles en el régimen especial de protección oficial deberán presentar el programa de actuaciones que se propongan iniciar en cada ejercicio ante la Comunidad Autónoma correspondiente, quien a la vista de las solicitudes presentadas propondrá al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, dentro de los límites de los correspondientes convenios, el programa anual de actuaciones protegibles.

   El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, previo acuerdo con la Comunidad Autónoma, establecerá la cuantía y distribución de las ayudas económicas directas a que se refiere el presente Real Decreto.

   En caso de promociones de nueva construcción, constituirá requisito imprescindible para acogerse a las ayudas económicas directas la concesión gratuita por parte del promotor público, en propiedad o en derecho de superficie, del suelo edificable necesario.

1. A los efectos del presente Real Decreto, los ingresos determinantes de las ayudas públicas directas y de sus cuantías vendrán referidos a los «ingresos familiares ponderados».

2. Los «ingresos familiares ponderados» se determinarán en función de:

   — Nivel de ingresos brutos, en número de veces el salario mínimo interprofesional, del periodo impositivo —a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas— inmediatamente anterior al momento en que se solicite la ayuda pública directa.

   — Número de miembros de la unidad familiar, definida ésta como lo hace la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

   — Número de miembros de la unidad familiar que generan los ingresos, aportando, al menos, el 20 por 100 de los mismos.

   — Cuantía del módulo vigente, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.

   — Edad, en unidades familiares constituidas por uno o dos miembros.

3. La ponderación de los ingresos familiares a que se refieren los números anteriores se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula:

   IFP=IFxNxAxN

   siendo:

   IFP: Cuantía de los ingresos familiares ponderados, en número de veces el salario mínimo interprofesional del año a que correspondan.

   IF: Cuantía de los ingresos familiares brutos alegados, en número de veces el salario mínimo interprofesional del año a que correspondan.

   N: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad familiar y, en su caso, de sus edades, en el momento de solicitar la financiación cualificada.

   A: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la unidad familiar que aportan al menos el 20 por 100 de los ingresos familiares brutos.

   M: Coeficiente ponderador en función de la relación existente entre el módulo vigente aplicable a la localidad en la que esté ubicada la vivienda objeto de la actuación protegible y el módulo correspondiente al área geográfica homogénea con menor módulo.

   Mediante Orden conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Obras Públicas y Urbanismo, podrá modificarse total o parcialmente el sistema de determinación de los ingresos familiares ponderados. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo publicará las tablas actualizadas de coeficientes ponderadores.

4. En ningún caso podrán obtener financiación cualificada de conformidad con lo dispuesto en el presente Real Decreto, aquellas unidades familiares cuyos ingresos no procedan, al menos, en un 70 por 100 de rentas de trabajo, de actividades empresariales, profesionales y artíticas, de clases pasivas o de pensiones.

1. A los efectos de la financiación regulada por el presente Real Decreto se entenderá por actuaciones protegibles de rehabilitación aquellas que, habiendo obtenido la calificación provisional de rehabilitación del órgano competente de la Comunidad Autónoma, tengan por objeto:

   1. Obtener la adecuación estructural y funcional de un edificio. Se estimará que éste posee adecuación estructural cuando presenta condiciones suficientes respecto a seguridad constructiva, de forma que esté garantizada la estabilidad, resistencia, firmeza y solidez del edificio: Y adecuación funcional cuando reúne condiciones suficientes respecto de accesos, estanqueidad frente a la lluvia y humedad, aislamientos térmicos, redes generales de agua, gas, electricidad, telefonía y saneamiento, acabados generales y seguridad frente a accidentes y siniestros.

   2. Obtener la adecuación de habitabilidad de las viviendas, entendiéndose que una vivienda posee dicha adecuación cuando se encuentre situada en un edificio que posea adecuación estructural y funcional y presente además unas condiciones mínimas respecto a: Superficie útil y programa, distribución interior, instalaciones de agua, electricidad y, en su caso, de gas, ventilación, iluminación natural y aireación, aislamiento térmico, servicios higiénicos e instalaciones de cocina y acabados interiores.

   3. Obras de mejora que posibiliten en las viviendas ahorro de consumo energético o permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas o electricidad, incendios o saneamiento.

   4. Adecuación de viviendas y accesos a las mismas para el uso de minusválidos, siempre que cumplan lo establecido en la normativa aplicable en la materia.

   5. Las obras de ampliación del espacio habitable de la vivienda mediante obras de nueva construcción, siempre que la superficie útil resultante en total no exceda de 90 metros cuadrados.

   6. Las obras complementarias de las actuaciones de rehabilitación, siempre que el inmueble rehabilitado presente condiciones de adecuación estructural y funcional.

      Se entenderán por obras complementarias las siguientes:

      — Las que tengan por objeto la adecuación de los espacios libres o patios que formen parte de la propia finca o colindantes con la misma, para su uso como áreas de esparcimiento, así como la creación de equipamiento colectivo al servicio de edificios de viviendas, siempre que sean destinadas para uso de los residentes en dichos edificios.

      — Las que fueran requeridas por los valores arquitectónicos, históricos y ambientales de los edificios, de acuerdo, en su caso, con las órdenes particulares de ejecución de obras que pudieran dictarse en aplicación del artículo 182 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

      — La adecuación de locales de negocios situados en inmuebles cuyo destino principal sea el de vivienda, en el porcentaje mínimo establecido en el artículo 10, e), de este Real Decreto.

      — Actuaciones de rehabilitación de talleres artesanos y anejos de viviendas de labradores, ganaderos y pescadores, vinculados a las viviendas rehabilitadas.

   7. Las adecuaciones del equipamiento comunitario primario, entendiéndose como tal los espacios libres, infraestructuras y dotaciones que se destinen al servicio exclusivo de las viviendas de la unidad residencial en la que dicho equipamiento se encuentre ubicado, cuando esté justificado por el planeamiento urbanístico y se den las garantías suficientes para el posterior mantenimiento y destino del equipamiento rehabilitado.

2. El régimen de protección comprenderá las actuaciones de rehabilitación tanto de viviendas individuales, formen o no parte de un edificio, como de edificios completos, sean en ambos casos libres o acogidos a cualquier régimen de protección, se encuentren o no incluidos en áreas de rehabilitación integrada, previstas en el capítulo III del Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, siempre que cumplan los requisitos establecidos en esta disposición.

Los promotores públicos a que se refiere el artículo 5.º, 2, del presente Real Decreto podrán obtener financiación cualificada para la adquisición de edificios, con o sin viviendas, siempre y cuando los mismos sean susceptibles de ser transformados en viviendas y la superficie útil total de éstas, una vez efectuada la rehabilitación en ambos casos, alcance al menos la que se establece en el artículo 10, e), de este Real Decreto.

También podrán obtener financiación cualificada para adquirir viviendas aisladas a efectos de su rehabilitación.

Las viviendas rehabilitadas de conformidad con el artículo anterior, cuando la financiación cualificada se haya extendido a su adquisición, se calificarán como de protección oficial y podrán destinarse a venta o alquiler en las condiciones que establece este Real Decreto para el régimen especial de protección oficial.

Las actuaciones protegibles en materia de rehabilitación, además de cumplir los criterios de coherencia establecidos en este Real Decreto, sólo podrán realizarse en inmuebles que reúnan las siguientes condiciones:

1. Antigüedad superior a quince años, excepto cuando se trate de adaptación de la vivienda para uso de minusválidos, o cuando las obras sean necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica aplicable.

2. Que las actuaciones excluyan la demolición de las fachadas del edificio o la alteración de su composición estructural.

3. No encontrarse sujetos a limitaciones que impidan el uso previsto o la obtención de licencia municipal de obras.

4. Presentar una organización espacial y unas características constructivas que garanticen la posibilidad de alcanzar unas adecuadas condiciones de habitabilidad de las viviendas.

5. Que el edificio, efectuadas las actuaciones, disponga, cuando no se destine a equipamiento comunitario primario, de un mínimo del 70 por 100 de superficie útil total destinada a vivienda.

1. Los préstamos regulados en el presente Real Decreto podrán concederse tanto para actuaciones protegibles en el régimen de protección oficial general, como en el especial para promotores públicos.

2. Los préstamos cualificados, con o sin subsidiación de tipos de interés, podrán adoptar las siguientes modalidades:

   — Préstamos directos a tipo de interés que se fije por las disposiciones correspondientes.

   — Préstamos directos en las condiciones específicas que estipulen convenios con Organismos públicos.

   — Préstamos concedidos por Entidades oficiales de crédito con cargo a sus propios recursos.

3. Los préstamos podrán concederse para las siguientes actuaciones protegibles:

   — Promoción y construcción de viviendas de protección oficial con destino a venta o adjudicación, a alquiler, o a uso propio.

   — Adquisición de viviendas de protección oficial en primera transmisión, destinadas a residencia habitual y permanente de los prestatarios.

   — Rehabilitación de edificios, viviendas y, complementariamente, de su equipamiento comunitario primario.

   — Adquisición de edificios o viviendas por promotores públicos para su rehabilitación, en régimen especial, con destino a viviendas de protección oficial.

   — Urbanización de suelo por promotores públicos destinado exclusivamente a viviendas de protección oficial.

1. Las ayudas económicas directas podrán adoptar la forma de:

   — Subvenciones personales que puedan otorgar, en su caso, las Comunidades Autónomas, de acuerdo con su normativa propia.

   — Subvenciones personales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para adquirentes de viviendas de protección oficial en Ceuta y Melilla, en primera transmisión de viviendas.

   — Subvenciones personales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, aplicables a las actuaciones protegibles a que se refiere el artículo 4.º, d), de este Real Decreto.

   — Subvenciones personales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a promotores y adquirentes de viviendas promovidas bajo el régimen de protección oficial especial.

   — Subvenciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para actuaciones de rehabilitación y para gestión y asesoramiento de ésta.

   — Subsidiación de la diferencia existente entre las cuotas correspondientes a las anualidades de amortización de capital e interés de los préstamos, al tipo de interés del correspondiente Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la Entidad de Crédito, o del pactado en los préstamos de las Entidades Oficiales de Crédito y las que corresponderían al prestatario al tipo de interés subvencionado en cada caso aplicable.

2. Serán requisitos para el disfrute de ayudas económicas directas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.2.c):

   1. Obtenerlas para la adquisición o rehabilitación de una única vivienda, salvo el supuesto de su obtención por titulares de familia numerosa. Cuando éstos adquieran o rehabiliten dos o más viviendas que reúnan la condiciones que para la ocupación simultánea exige la normativa vigente, podrán obtener las ayudas correspondientes a las viviendas en que constituyan su residencia familiar.

      No podrán otorgarse ayudas económicas directas a quienes sean titulares del dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda de protección oficial.

   2. En el caso de los subsidios de interés, que los mismos se apliquen a préstamos concedidos en el marco de los convenios o conciertos establecidos entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y las Entidades financieras y dentro de los límites cuantitativos autorizados en cada caso.

   3. Que la vivienda adquirida o rehabilitada se destine a la residencia habitual y permanente del beneficiario de las ayudas, dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente.

      La adquisición o rehabilitación de viviendas para su cesión no dará derecho a las ayudas económicas directas, salvo en los supuestos de actuaciones de rehabilitación con destino a alquiler o cuando la actuación de los promotores públicos en régimen especial de protección incluya la adquisición del edificio o vivienda.

   4. Las personas físicas beneficiarias deberán pertenecer a unidades familiares cuyos ingresos familiares ponderados no excedan de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.º del presente Real Decreto, ni de 2 veces cuando se trate de promociones en régimen de protección oficial especial.

   5. Que el precio de adquisición de la vivienda no exceda del módulo ponderado, ni de 1,05 veces dicho módulo cuando la vivienda tenga trastero, ni de 1,10 veces cuando tenga garaje, ni de 1,15 veces cuando incluya ambos tipos de anejos.

      En el caso de viviendas de protección oficial en régimen especial, el precio de venta no excederá del 76,5 por 100 del módulo ponderado, ni del 81 por 100 de dicho módulo, si la vivienda tiene trastero; ni del 83,5 por 100 si tiene graraje; ni del 88 por 100 si incluye ambos tipos de anejos.

      En todo caso, los anejos citados habrán de estar vinculados en proyecto y registralmente a la vivienda, ser cedidos conjuntamente con ella y, cuando se trate de garajes, ser exigidos por las Ordenanzas.

      El precio máximo de venta establecido para las viviendas de protección oficial en régimen especial no constituirá el límite al valor de tasación de las mismas a efectos de la concesión de préstamos hipotecarios a que se refiere la Ley 2/1981, de 25 de marzo, sobre regulación del mercado hipotecario, debiendo computarse adicionalmente, a efectos de valor de tasación, el del suelo.

   6. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá complementar, para adquirentes que reúnan los requisitos expresados en los apartados d) y e) del presente artículo, las ventajas derivadas de los beneficios fiscales y de la utilización de préstamos cualificados, y las ayudas que concedan las Comunidades Autónomas para adquirentes de viviendas de protección oficial de régimen general.

      Las intervenciones financieras complementarias que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo realizará con cargo a sus presupuestos consistirán en subvenciones y subsidiación de intereses de préstamo, en los términos previstos en los artículos 16 y 17 del presente Real Decreto.

3. La concesión, en su caso, de la subsidiación a que se refiere el apartado anterior, f), de este artículo, tendrá una vigencia de cinco años, pudiendo ser ampliada por períodos de igual duración si el beneficiario acredita dentro del quinto año de cada período la persistencia de las condiciones que le hacen acreedor a dicha ayuda económica directa.

   Se entenderá que se cumple tal circunstancia cuando la media de los ingresos familiares ponderados de los dos últimos años anteriores al del de revisión no excediera de tres veces la media de los salarios mínimos interprofesionales correspondientes a los dos años citados.

4. Las viviendas por las que se hubieren percibido ayudas económicas directas no podrán ser objeto de cesión intervivos por ningún título durante el plazo de cinco años, desde la concesión de las ayudas, sin reintegrar a los concedentes la totalidad del importe recibido, incrementado en los intereses legales desde su percepción.

Los préstamos para la promoción y adquisición de viviendas de protección oficial en régimen general tendrán las siguientes características:

1. La cuantía por metro cuadrado útil será del 75 por 100 del módulo ponderado vigente aplicable en la fecha de calificación provisional.

   Dicha cuantía podrá ser del 80 por 100 de dicho módulo, cuando se trate de promotores en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: Que se trate de promotores sin ánimo de lucro; que promuevan viviendas destinadas a arrendamiento; que la promoción incluya la eliminación de las barreras arquitectónicas para minusválidos en el acceso a las viviendas.

2. El tipo de interés será fijado por el Ministerio de Economía y Hacienda para los préstamos otorgados por Entidades de crédito privadas. En los préstamos concedidos por Entidades oficiales de crédito, el tipo de interés será fijado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda.

3. El plazo de amortización será de quince años, más un período máximo de tres años de carencia en los préstamos al promotor.

4. Las anualidades de amortización de capital e intereses a la Entidad de crédito serán crecientes en un 3 por 100 anual.

5. El préstamo será garantizado con hipoteca o, en su caso, con las garantías que pudieran exigir al prestatario las Entidades oficiales de crédito.

6. Los préstamos gozarán de los beneficios fiscales que sean aplicables de conformidad con la legislación vigente.

1. Los préstamos cualificados podrán concederse a los promotores de viviendas de protección oficial cuando hayan obtenido la calificación provisional.

   Los promotores podrán disponer de hasta el 55 por 100 del total del préstamo concedido en función del desarrollo de la inversión y del ritmo de ejecución de las obras.

   Los promotores podrán percibir hasta el límite máximo del préstamo concedido cuando existan contratos de compraventa, visados administrativamente.

   Cuando se trate de personas que promuevan viviendas sin ánimo de lucro para asentar su residencia familiar, el límite máximo a percibir estará en función del ritmo de ejecución de las obras.

   Las Entidades de crédito podrán reservarse una retención del 15 por 100 del préstamo hasta tanto se acredite el otorgamiento de las escrituras públicas de compravente o de adjudicación.

   Los promotores deberán efectuar la primera disposición del préstamo en un plazo no superior a seis meses, desde su formalización, no pudiendo transcurrir entre las restantes disposiciones más de cinco meses, salvo que medie justa causa, decayendo en caso contrario en sus derechos.

2. Los préstamos al promotor de viviendas de protección oficial en régimen general, no gozarán de subsidiación alguna en el período de carencia aplicándose el tipo de interés anual establecido en el correspondiente Convenio, o pactado con la Entidad oficial de crédito, en dicho período de carencia, y en el de amortización si, concluida la carencia no se produce la subrogación del comprador en la carga hipotecaria.

   A los préstamos cualificados correspondientes a promociones destinadas a arrendamiento les será aplicable el tipo de interés convenido o pactado, tanto durante el período de carencia como en el de amortización.

1. El préstamo al adquirente o adjudicatario podrá concederse por subrogación en el pago de la carga hipotecaria del préstamo al promotor, o directamente.

2. El préstamo al adquirente o adjudicatario por la subrogación a que se refiere el número anterior o en el préstamo del promotor, en su caso, cuando finalizada la construcción se formalice la adquisición mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de compraventa o adjudicación, interrumpe el período de carencia y el pago de intereses correspondiente a este período.

   Mediante la escritura el comprador o adjudicatario adquirirá la vivienda con las responsabilidades derivadas de la hipoteca, debiendo comenzar la amortización del crédito hipotecario desde la fecha de la escritura y a cargo del adquirente. A tal efecto se notificará la escritura a la Entidad de crédito mediante primera copia de la misma que satisfará el promotor.

   Si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Hipotecaria se hubiere pactado que el adquirente o adjudicatario se subrogara no sólo en dicha responsabilidad hipotecaria, sino también en la obligación personal con ella garantizada, quedará subrogado, además, en ella el adquirente si presta su conformidad la Entidad de crédito expresa o tácitamente.

3. Los préstamos concedidos directamente cumplirán los siguientes requisitos específicos:

   1. Que se haya celebrado contrato de compraventa o de adjudicación, debidamente visado, entre el adquirente y el promotor de la vivienda.

   2. Que cuando el promotor hubiera recibido préstamo cualificado para la misma vivienda, lo cancele previamente a la concesión del préstamo al adquirente o adjudicatario.

   3. Que entre la celebración del contrato de compraventa o adjudicación y la solicitud del préstamo cualificado no hayan transcurrido seis meses.

   El plazo de amortización de los préstamos concedidos directamente al adquirente o adjudicatario será de quince años, sin período de carencia.

1. La subsidiación de los préstamos cualificados concedidos a adquirentes y adjudicatarios, dentro de los límites de los correspondientes convenidos, se supeditará por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo a aquellos que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 12 de este Real Decreto, sean propuestos por las Comunidades Autónomas en virtud de su propia normativa.

   El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo supeditará igualmente, la subsidiación a que alude el párrafo anterior, a la concesión por las correspondientes Comunidades Autónomas, de una ayuda económica individualizada a cada adjudicatario o adquirente, equivalente como mínimo a un 5 por 100 del precio de la vivienda que figure en el contrato de venta o adjudicación debidamente visado.

   La equivalencia de dicha ayuda económica a los adjudicatarios o adquirentes en el porcentaje indicado, se certificará por las Comunidades Autónomas.

   Las ayudas económicas podrán efectuarse a través de las siguientes formas:

   1. Subvención directa de la Comunidad Autónoma al adquirente.

   2. Ayudas a través de puesta a disposición de suelo por las Comunidades Autónomas.

   El certificado a que se refiere el párrafo tercero del número 1 de este artículo, sólo surtirá efecto en relación con la subsidiación complementaria, cuando el precio de venta o adjudicación que figure en el contrato refleje una minoración, respecto al precio máximo legal que habilita para la obtención de ayudas económicas directas de, al menos, una cantidad equivalente a la cuantía de la subvención que hubiere correspondido.

   En ningún caso podrán ser computados dentro de la equivalencia a que se refiere este artículo, los costes de gestión y tramitación ordinaria del proceso administrativo de calificación de la vivienda de protección oficial.

2. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá conceder subvenciones personales a adquirentes y adjudicatarios de viviendas promovidas en régimen general de protección oficial en Ceuta y Melilla, en primera transmisión y en función de los ingresos familiares ponderados.

   No tendrán derecho a la subvención personal, aun reuniendo los requisitos fijados en el presente Real Decreto, los adquirentes que sean propietarios de otra vivienda, o lo hubieran sido dentro del plazo de los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud.

   La subvención personal estará destinada a disminuir las aportaciones iniciales del adquirente y, cualquiera que sea la fecha de su solicitud, se computará por cuantía máxima del 8 por 100 sobre el precio que figure en el contrato de venta o adjudicación debidamente visado.

   Para la percepción de la subvención por parte del promotor, antes de la transmisión de la vivienda, en concepto de cantidades a cuenta del precio será necesario acreditar documentalmente:

   1. Contrato de compraventa o documento de adjudicación visados por el Órgano administrativo competente en el que se deje constancia de la aplicación de la subvención a disminuir la aportación inicial.

   2. Garantía mediante aval suficiente o contrato de seguro hasta la entrega de la vivienda y la formalización de la correspondiente escritura de compraventa o adjudicación, de la devolución del importe recibido, incrementado en los intereses legales desde su concesión.

3. Los promotores de viviendas para uso propio podrán disfrutar de subvenciones personales de la misma cuantía que las de los adquirentes y adjudicatarios a que se refieren los números anteriores de este artículo, previa justificación de los ingresos familiares ponderados y del coste real de las viviendas.

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en los casos en que la Comunidad Autónoma conceda la subvención personal a que se refiere el artículo anterior, complementará dicha ayuda subsidiando la diferencia existente entre las cuotas de amortización de capital e intereses de los préstamos al tipo de interés del Convenio con las Entidades privadas de crédito, o el pactado en préstamos de Entidades oficiales de crédito, y las que corresponderían al adquirente, adjudicatario o promotor para uso propio, al tipo de interés anual subsidiado.

El tipo de interés subsidiado a que se refiere el artículo 12 del presente Real Decreto, será el 7,5 por 100 de interés anual.

Las anualidades de amortización, tanto de las Entidades prestamistas como de los adquirentes o adjudicatarios serán crecientes al 3 por 100 anual.

Cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el presente Real Decreto que facultan para la obtención de la subsidiación, la amortización de los préstamos, se efectuará al tipo del correspondiente Convenio con cargo al que fueron concedidos, o el pactado con la Entidad oficial de crédito.

1. Los préstamos cualificados de protección oficial en régimen general y sus condiciones serán aplicables a este tipo singular de promociones públicas, si bien su cuantía será, por metro cuadrado útil, del 70 por 100 del módulo ponderado vigente aplicable en la fecha de calificación provisional.

2. Los promotores podrán disponer de hasta el 100 por 100 del total del préstamo concedido, en función del desarrollo de la inversión y del ritmo de ejecución de las obras, debiendo efectuar la primera disposición del préstamo en un plazo no superior a seis meses desde su formalización y las siguientes en plazos que no excedan de cuatro meses, entre una y otra, salvo que medie justa causa, decayendo en caso contrario en sus derechos.

3. Los préstamos a promotores públicos en el régimen regulado en el presente artículo, la financiación de cuyas actuaciones haya sido aprobada por el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.º, 3, del presente Real Decreto, podrán ser subsidiados durante el período de carencia en la diferencia entre los intereses de los préstamos al tipo de interés del Convenio con Entidades privadas de crédito, o el pactado en los préstamos de Entidades oficiales de crédito, y las que corresponderían a los siguientes tipos de interés subsidiados:

El 6 por 100 de interés anual, con cuotas crecientes en un 3 por 100 anual, cuando las viviendas vayan a ser cedidas en compra-venta.

El 4,5 por 100 de interés anual, con igual crecimiento de las cuotas, cuando las viviendas vayan a ser cedidas en arrendamiento, precario o comodato.

Si la cesión es en arrendamiento, precario o comodato se mantendría el tipo de interés subsidiado durante todo el período de amortización.

Agotado el período de carencia sin haber formalizado el correspondiente contrato de compraventa o de cesión en arrendamiento, precario o comodato, la amortización del préstamo cualificado se efectuará al tipo de interés convenido o pactado con las Entidades de crédito.

Los préstamos al adquirente en el régimen especial de protección oficial se regirán por lo establecido en el artículo 15.2, de este Real Decreto.

1. El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo podrá conceder subvenciones personales a los adquirentes de las viviendas promovidas en régimen de protección oficial especial, por cuantía del 9 por 100 del precio de venta que figure en el contrato de compraventa debidamente visado, o menor, a efectos de que la suma de la subvención y el préstamo cualificado en el que se subrogará el adquirente no exceda del precio de venta.

   Si las viviendas se destinarán a arrendamiento, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá subvencionar al promotor público en la cuantía máxima indicada en este mismo apartado.

2. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá anticipar al promotor público la percepción de las subvenciones a que se refiere el número anterior de este artículo, previa certificación de la iniciación de las obras, deduciéndose, en caso de venta, la cuantía de la subvención del pago del precio de venta al adquirente.

La subsidiación de préstamos cualificados al adquirente en el régimen especial de protección se regirá análogamente a lo establecido en los artículos 12.3 y 17 de este Real Decreto, a excepción de lo referente al tipo de interés subsidiado al adquirente, que será del 6 por 100 anual.