Real Decreto 127/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.

El Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, creado por Decreto 927/1965, de 8 de abril, es el organismo representativo de la profesión cuando esté sujeta a colegiación obligatoria, en su ámbito territorial, y para las relaciones internacionales con Entidades Oficiales y Asociaciones Profesionales de otros países, sin perjuicio de las competencias del Consejo General de Colegios.

Tiene la consideración de Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad, para el cumplimiento de sus fines, conforme con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Está amparado por la Ley y reconocido por el Estado y su naturaleza es la reconocida en al artículo 36 de la Constitución Española.

Se relacionará con la Administración General del Estado y con las Administraciones Autonómicas a través, respectivamente, del Ministerio y las Consejerías con competencias en materia forestal, caza, pesca continental y actividades relacionadas con la conservación y mejora del medioambiente y el fomento de la biodiversidad.

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales agrupará a los titulados Ingenieros Técnicos Forestales, que, estando en posesión del título universitario oficial, o de alguno que conforme a la normativa española o comunitaria, la Administración española competente haya homologado o reconocido, ejerzan la profesión de Ingeniero Técnico Forestal, y así como a los poseedores de un título universitario oficial de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden CIN/324/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la citada profesión, dentro de su ámbito territorial, sin perjuicio de lo dispuesto sobre colegiación única y habilitación en el artículo 43 de estos Estatutos.

1. La sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales radicará en Madrid, y su ámbito abarcará la totalidad del territorio del Estado, con excepción del de las comunidades autónomas en que se haya constituido, o se constituya en un futuro, según lo dispuesto en el artículo 36, un Colegio autonómico.

2. A efectos colegiales el ámbito territorial del Colegio se considera dividido en tantas Delegaciones Territoriales como comunidades autónomas se encuentren incluidas en el mismo, las ciudades de Ceuta y Melilla se adscriben a la Delegación de Andalucía. No obstante, podrán agruparse en una sola Delegación Territorial los colegiados de dos o más Comunidades, a instancias de los colegiados afectados y con el acuerdo de la Junta de Gobierno. La sede de estas Delegaciones se fijará según lo dispuesto en el artículo 29.3 de los presentes estatutos.

3. Cuando los recursos económicos lo permitan y previa aprobación en Junta Rectora, las Delegaciones Territoriales o Autonómicas dispondrán en sus sedes de local y personal para el desarrollo de sus competencias y servicios, siguiendo criterios de eficacia, conveniencia y solidaridad interterritorial.

Son fines esenciales del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales la ordenación del ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal, la representación institucional de la misma cuando esté sujeta a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios prestados por sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de las Administraciones Públicas por razón de la relación funcionarial y conforme a Ley.

Las funciones del Colegio, en su ámbito territorial, son las siguientes:

1. Informar, en los términos previstos en la legislación aplicable, los proyectos de Ley y de disposiciones de cualquier rango que tengan incidencia en la actividad de la ingeniería técnica forestal, o que se refieran a las condiciones generales de la función profesional de los Ingenieros Técnicos Forestales y su relación con otras profesiones, enseñanza, atribuciones e incompatibilidades.

2. Asesorar a las Administraciones Públicas, Corporaciones Oficiales, personas o entidades particulares, en todos aquellos asuntos que afecten directamente a la profesión o a los profesionales, realizando estudios, emitiendo informes, resolviendo consultas, redactando pliegos orientativos de condiciones técnicas y económicas, actuando en arbitrajes y demás actividades relacionadas con sus fines que pudieran serle solicitados o acuerden formular a iniciativa propia. En ningún caso este tipo de informes, estudios o consultas podrán tener por objeto servicios que corresponda prestar a los profesionales.

3. Participar en los Consejos, Comisiones Técnicas u Organismos consultivos de las Administraciones Públicas en materia de competencia de la profesión e informar en las modificaciones de la legislación vigente en todo cuanto se refiera a la profesión.

4. Ostentar en su ámbito, la representación y defensa de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal, ante las Administraciones Públicas, los Tribunales de Justicia, Instituciones, Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten o pudieran afectar a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición conforme a la legislación sobre Colegios Profesionales.

5. El Colegio facilitará a los órganos jurisdiccionales la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales.

6. Velar por los derechos y deberes de los colegiados, defendiéndoles debidamente, sobre todo en cuestiones que afecten al interés general de la profesión, especialmente las que se deriven de las disposiciones legales vigentes, interviniendo en todo momento para que no se desconozca ni se dificulte su ejercicio.

7. Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, que deberá realizarse en régimen de libre competencia. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones del Colegio observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

8. Velar por la ética, la deontología, la dignidad profesional y el respeto debido a los derechos de los particulares, y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.

9. Disponer de un servicio de atención a los colegiados, consumidores o usuarios, así como sus asociaciones y organizaciones, a fin de atender y resolver las quejas o reclamaciones presentadas por estos, referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados, bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho. La presentación de quejas y reclamaciones podrá ser realizada de forma presencial, por vía electrónica o a distancia.

10. Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.

11. Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados. El arbitraje se llevará acabo por abogados en ejercicio o quedando señalado que será de equidad.

12. Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir sobre el incumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados. Facilitar un modelo de nota de encargo a los colegiados que deseen utilizarlo.

13. El Colegio podrá elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.

14. Establecer la cuota de intervención profesional por el visado y por el control de calidad de los trabajos profesionales que, en su caso, se establezca. Su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. El Colegio hará públicos los precios de los visados de los trabajos que podrán ser comprobados y tramitarse por vía telemática. El Colegio visará los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por peticiones expresas de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno.

15. Establecer la cuota de inscripción o colegiación, tanto para colegiados como para las sociedades profesionales, que no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. El Colegio dispondrá de los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática.

16. Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios profesionales.

17. Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales solo a petición libre y expresa de los interesados, en las condiciones que se determinen en los reglamentos de Régimen Interior, así como comparecer ante los Tribunales de Justicia, por sustitución de los colegiados, ejercitando las acciones procedentes en reclamación de los honorarios devengados por los mismos en el ejercicio de la profesión.

18. Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión, previendo el sostenimiento económico con los medios necesarios. La recepción de este tipo de servicios por los colegiados será voluntaria, previa solicitud expresa. Asimismo, los precios que se cobren a los colegiados no incluirán costes ajenos a la prestación específica de que se trate.

19. Informar a los colegiados de todos los asuntos de interés general que profesionalmente les pudiera afectar.

20. Elaborar un Reglamento de Régimen Interior y en su caso; un Código Deontológico que se ajustará a los dispuesto en las leyes y será accesible por vía telemática.

21. Para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio dispondrán de una página web que ofrecerá de forma clara, inequívoca y gratuita a través de ventanilla única, la siguiente información:

    1. El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.

    2. El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

    3. Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional.

    4. Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

    5. El contenido del código deontológico, en su caso.

    A través de esa ventanilla única se podrán realizar los siguientes trámites:

    – Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.

    – Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias.

    – Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y recibir la correspondiente notificación de los actos.

    – Convocar a los colegiados a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, y poner en su conocimiento la actividad del Colegio.

22. Cumplir y hacer cumplir a los colegiados la Constitución y demás Leyes, los Estatutos del Colegio y Reglamentos de Régimen Interior, así como los acuerdos y decisiones de los Órganos colegiales en materia de su competencia.

23. Visar los trabajos de los colegiados.

    1. El Colegio visará los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por peticiones expresas de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno. Para los casos en que lo establezca el Gobierno, se estará a lo dispuestos en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

       El objeto del visado es comprobar, al menos:

    1. La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados.

    2. La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se trate.

    2. El visado expresará claramente cuál es su objeto, detallando qué extremos son sometidos a control e informará sobre la responsabilidad que asume el Colegio. En ningún caso comprende los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni tampoco el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.

    3. En caso de daños derivados de un trabajo profesional que haya visado el Colegio, en el que resulte responsable el autor del mismo, el Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, y que guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.

       Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios harán públicos los precios de los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática.

24. Realizar una labor cultural, científica y técnica relacionada con la Ingeniería, la restauración y el uso sostenible de los recursos naturales, estableciendo el contacto más estrecho con los organismos competentes y la más íntima colaboración con la Universidad, en especial con las que imparten enseñanzas forestales y dedicar una atención preferente a la evolución técnica como base de la información permanente, a fin de que puedan prestar el mejor servicio a la Sociedad y armonizar la relación de esta con la naturaleza.

25. La educación medioambiental en todas sus vertientes, promoviendo además la formación e investigación en la misma así como la implicación de todos los sectores de la población en el desarrollo de acciones educativas medioambientales, fomentando el conocimiento, conservación y/o recuperación del territorio, de la biodiversidad, de la jardinería urbana y periurbana y del paisaje, así como de las energías renovables, y del patrimonio natural, cultural y etnográfico.

26. Promover y divulgar la Gestión Forestal Sostenible, tanto entre los colegiados, como a la sociedad en general, a fin de potenciar la productividad, vitalidad, biodiversidad de los montes y mejorar las condiciones socioeconómicas de los habitantes del Medio Rural, fomentando con ello el respeto y la conservación de la naturaleza.

27. Establecer, para un mejor cumplimiento de sus funciones, Convenios o contratos de servicios con las Administraciones Públicas, otros Colegios Profesionales o Entidades para comprobación documental, técnica, sobre el cumplimiento de la normativa aplicable o cualquier otro aspecto que se considere necesario en el ámbito de la profesión. En ningún caso este tipo de servicios podrá tener por objeto los servicios profesionales propios de la profesión, cuya prestación solo puede corresponder directamente a los profesionales.

28. Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.

29. Cuantas otras funciones pudieran beneficiar los intereses de los colegiados, así como de los consumidores y usuarios de los servicios de los mismos.

30. Participar en la elaboración de los planes de estudio de las Facultades o Escuelas universitarias relacionadas con la profesión, si son requeridos para ello por dichos Centros.

31. Colaborar con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea para el cumplimiento al principio de asistencia recíproca y adoptar las medidas necesarias para que en los registros de colegiados consten datos suficientes de los prestadores de servicios, a efectos de que los destinatarios tengan garantías para la resolución de litigios, de conformidad con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.

1. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales estará integrado por dos clases de miembros: Colegiados de Honor y Colegiados de Número.

2. Las sociedades profesionales a que se refiere la Ley 2/2007 de 15 de marzo, cuyo objeto social sea el ejercicio de la actividad de profesional única o multidisciplinar de la ingeniería técnica forestal, deberán inscribirse en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio y desde ese momento se considerarán incorporadas al mismo. La inscripción se llevará a cabo a fin de que el Colegio ejerza sobre ellas las competencias que les otorga el ordenamiento jurídico sobre los profesionales colegiados.

3. En ningún caso el ejercicio mediante sociedades profesionales podrá conllevar la imposición de cargas o tratamiento discriminatorios en relación al ejercicio individual.

El título de Colegiado de Honor será otorgado por la Asamblea General de colegiados, a propuesta de la Junta Rectora, a personas o Corporaciones que se hayan hecho acreedoras a tal distinción por haber rendido servicios extraordinarios a la Profesión, estén o no en posesión del título de Ingeniero Técnico Forestal, y se requerirá la mayoría absoluta de los concurrentes a la Asamblea General, presentes o representados.

Para ser colegiado de número se debe estar en posesión de alguno de los títulos que, con arreglo a la normativa vigente, habiliten para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Forestal.

1. Para ejercer legalmente la profesión de Ingeniero Técnico Forestal, además de poseer el título correspondiente, será requisito indispensable estar inscrito como colegiado de número en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales cuando así lo establezca una ley estatal, o formar parte de una sociedad profesional debidamente inscrita en el Colegio y que cumpla con la legislación vigente en materia de sociedades profesionales, según lo dispuesto en artículo 2.6 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

2. La pertenencia al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales no afecta a los derechos de sindicación o asociación de los colegiados.

1. El ingreso en el Colegio, se solicitará por escrito dirigido al Decano-Presidente o por ventanilla única, directamente, o a través de la Delegación Territorial, acompañando el título oficial, testimonio legalizado del mismo, o resguardo de haberlo solicitado, con certificación académica de estar en condiciones de poder ser expedido.

   Con los documentos justificativos de que el solicitante reúne los requisitos exigidos, la Junta de Gobierno, admitirá obligatoriamente la solicitud. Una vez resuelta la solicitud de colegiación, se le comunicará al interesado.

2. Cuando el solicitante proceda de una situación fehaciente de baja, según el artículo 44.1, solo será necesaria la presentación de solicitud y el pago de las cuotas de ingreso.

3. Si la baja hubiese sido por deudas reiteradas se deberá acompañar a la solicitud, además de la cuota de ingreso, la cantidad adeudada, más los intereses legales que correspondan.

1. La Junta de Gobierno podrá denegar la solicitud de colegiación si considerase que la documentación aportada por el solicitante no ha sido verificada por el órgano colegial competente en tal caso se prevé la posibilidad de subsanar la solicitud por aplicación de lo supuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo, o cuando el interesado estuviese cumpliendo condena impuesta por Tribunal ordinario de Justicia, que comporte como pena accesoria la inhabilitación, absoluta o parcial, para el ejercicio de la profesión.

2. En caso de denegación de la solicitud de ingreso, el afectado podrá recurrir el acuerdo ante la Junta Rectora, en un plazo de un mes, que deberá resolver en un plazo máximo de tres meses. Contra dicho acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo. Si en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud de ingreso, no se hubiera dictado resolución al respecto, se podrá entender estimada.

Además, para recuperar la condición de colegiado, en su caso, habrá que probar que se poseen los requisitos para la colegiación, si los incumplía, o que haya obtenido a la rehabilitación o haya caducado la sanción de cualquier clase que dio lugar a la pérdida de su condición de colegiado, y se solicite la admisión y esta sea aceptada.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley de Colegios Profesionales, los profesionales incorporados a cualquier otro Colegio Autonómico, en su caso, podrán ejercer en todo el territorio del Estado, de acuerdo con las siguientes condiciones.

   1. Bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español.

   2. El Colegio no exigirá a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de su ámbito territorial, comunicación ni habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exija habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

   3. En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional, en beneficio de los consumidores y usuarios, el Colegio deberá utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional surtirán efectos en todo el territorio español.

2. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro Estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario relativa al reconocimiento de cualificaciones. En cualquier caso será de aplicación para la libre prestación de servicios lo regulado por el Real Decreto 1837/2008, según el cual, para ejercer de forma temporal bastará la comunicación a la autoridad competente.

Todas las situaciones de baja serán acordadas por la Junta de Gobierno y puestas en conocimiento de la Junta Rectora.

1. La condición de colegiado de número se pierde:

   1. Por baja voluntaria, al dejar de ejercer la profesión, comunicada fehacientemente por escrito dirigido al Decano-Presidente del Colegio con un mes de antelación como mínimo. Dicha baja no exime del pago de las cuotas pendientes.

   2. Por dejar impagadas dos cuotas colegiales ordinarias o una extraordinaria. En este caso, antes de proceder a la baja, se procederá a dar un aviso al colegiado para darle la oportunidad de subsanar el problema.

   3. Por expulsión del Colegio acordada según lo dispuesto en estos Estatutos, o en su desarrollo por el Reglamento de Régimen Interior, pudiendo el interesado interponer recurso ante la Junta Rectora dentro del plazo de un mes. La resolución de este recurso podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

   4. Por sentencia Judicial firme, que inhabilite al colegiado para el ejercicio de la profesión. La inhabilitación puede ser especial o absoluta.

   5. Pérdida de las condiciones que permitieron la colegiación.

   6. Muerte o declaración de fallecimiento.

2. Las sociedades profesionales causarán baja en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio cuando:

   1. Se haya procedido a su disolución.

   2. Si al colegiado perteneciente a la misma se le hubiera impuesto por el Colegio una sanción firme que llevara aparejada su expulsión, y en la sociedad no hubiere otro colegiado ingeniero técnico forestal.

   3. Si se elimina del objeto social la actividad profesional propia de los Ingenieros Técnicos Forestales.

   No obstante, cabrá la nueva inscripción de la sociedad profesional cuando se haya procedido a su reactivación por ser legalmente posible.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2. del artículo 44.º, los servicios que presta el Colegio se suspenderán a los colegiados mientras no satisfagan o justifiquen el abono de alguna cuota impagada. Esta situación se notificará previamente al interesado.

1. Las obligaciones de los colegiados son las siguientes:

   1. Acatar y cumplir cuantas prescripciones contienen éstos Estatutos, así como los Reglamentos de Régimen Interior y cuantos acuerdos se adopten con sujeción a los mismos.

   2. Aceptar los cometidos que se les encomienden por los Órganos de Gobierno del Colegio. Dichos cometidos se circunscribirán a fines de interés general de la profesión y se evitará imponer obligaciones a los operadores en el mercado que supongan la aceptación de encargos profesionales a través del Colegio.

   3. Ejercer la profesión, cumpliendo los preceptos y normas de las disposiciones legales vigentes y actuando dentro de las normas de la libre competencia, con respeto hacia los compañeros y sin incurrir en la competencia desleal.

   4. Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias y derechos que hayan sido aprobados por la Asamblea General para el sostenimiento del Colegio, así como los que se acuerden como voluntarios, para fines de previsión, en el supuesto de que haya acogido a los mismos; a tales efectos deberá comunicar al Colegio, los cambios de domicilio y/o de datos bancarios en cuanto se produzcan.

   5. Visado.

      1. Someter a visado del Colegio, los trabajos que realicen en el ejercicio de la profesión que se determinen por la legislación vigente, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 13.1 de la Ley de Colegios Profesionales y el artículo 4.25 de estos Estatutos, abonando al Colegio la cuota de intervención profesional que se establezca por la práctica de los mismos.

      2. En los trabajos profesionales que se sometan a visado, este se expedirá a favor de la sociedad profesional o del profesional o profesionales colegiados que se responsabilicen del trabajo en consonancia con lo dispuesto en la Ley de Colegios Profesionales.

      3. El Reglamento de Régimen Interior podrá regular el procedimiento de visado en consonancia con lo dispuesto en la Ley de Colegios Profesionales.

      4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.25 sobre función del visado, el colegiado firmante es responsable de la calidad técnica del trabajo que realiza, su viabilidad y de su ajuste a la normativa sectorial correspondiente, el Colegio únicamente responde de la corrección externa de la documentación integrante del trabajo, pero no de las previsiones, cálculos y conclusiones que integran el mismo.

   6. Comunicar al Colegio, directamente o a través de su Delegación Territorial los casos de intrusismo profesional de personas ajenas al Colegio, y de incumplimiento por parte de colegiados de los presentes Estatutos, de los que tenga conocimiento.

2. Las sociedades profesionales inscritas estarán obligadas a cumplir las presentes normas estatutarias y las demás que acuerde el Colegio, si bien podrá quedar sin cuotas colegiales siempre que las mismas sean satisfechas por los socios colegiados.

1. Son derechos de los colegiados de número con carácter general:

   1. La defensa por el Colegio, cuando sean injustamente tratados en el ejercicio profesional o por motivos de él.

   2. Ser representado por los órganos del Colegio y asistido por el Abogado y Procurador de los Tribunales que se determinen, si ha lugar, a fin de presentar reclamaciones ante las Autoridades, Entidades o particulares, siempre que aquellas estén relacionadas con el ejercicio profesional, y se hayan cumplido por el colegiado las obligaciones derivadas de estos Estatutos o sean de interés general.

   3. Ser candidato y elector para todos los cargos de los órganos de gobierno del Colegio —excepto para los cargos de Decano-Presidente y Vicedecano para los que será necesario una antigüedad colegial de cinco años—, asistir y expresar su voz y voto, en todas las Asambleas Generales del Colegio o de su Delegación que se celebren.

   4. Interponer ante la Junta Rectora del Colegio recurso de queja contra la actuación del Decano Territorial o Provincial, o de algún miembro de la propia Junta Rectora, cuando la misma se considere injusta, lesiva o contraria a las disposiciones legales o los acuerdos de los órganos de gobierno del Colegio.

   5. Formular recursos y peticiones.

   6. Examinar archivos, registros y cuentas del Colegio.

   7. Participar en el uso y disfrute de los bienes del Colegio y de los servicios que este tenga establecidos.

   8. Llevar a cabo los trabajos admisibles según el apartado 27 del artículo 4, que sean solicitados al Colegio por Organismos Oficiales, Entidades o particulares que les corresponda de acuerdo con el turno que, en su caso, pueda establecer el Reglamento de Régimen Interior, de acuerdo con criterios de transparencia, objetividad y no discriminación entre colegiados.

   9. Proponer, junto con un número de colegiados equivalente al 5% del total, la inclusión de cualquier asunto a tratar en el Orden del día de las Asambleas Generales y Territoriales. Para ejercer este derecho será necesario que los colegiados solicitantes dirijan escrito firmado por todos ellos, acompañado de fotocopia del DNI, al Decano-Presidente, o Decano Territorial en su caso. Dichos escritos deberán presentarse en la sede del Colegio antes del 31 de diciembre.

   10. El Colegio dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, los colegiados puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. A través de esta ventanilla única, se podrá de forma gratuita todo lo contenido en el artículo 4.22 de los presentes Estatutos.

2. Las sociedades profesionales inscritas en el Registro de Sociedades Profesionales serán titulares de los derechos establecidos en estos Estatutos para los colegiados como personas físicas, con excepción de los derechos electorales y de participación en los órganos de gobierno del Colegio.

3. El Colegio, a petición de los colegiados o de las sociedades profesionales, y siempre que así lo manifieste expresamente el cliente del servicio final, podrá realizar un control de calidad del trabajo profesional cuyo procedimiento se regulará en el Reglamento de Régimen Interior.

4. Los colegiados y las Sociedades Profesionales podrán ejercer cuantos derechos se deduzcan de los presentes Estatutos o de las disposiciones vigentes.

1. El patrimonio del Colegio está formado por el conjunto de bienes muebles o inmuebles, adquiridos por cualquier titulo, pertenecientes al mismo. La inscripción registral de los mismos se hará a favor del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Servicios Centrales y domicilio fiscal en Madrid. Quedando expresamente prohibido la inscripción de estos bienes por las Delegaciones Territoriales.

2. Estarán a disposición de los colegiados que lo soliciten, así como de los miembros de la Junta Rectora o de la Junta de Gobierno Territorial, los estados de cuentas, comprobación de saldos y libro de inventario de recursos extraordinarios. Cualquier consulta al respecto se hará por escrito y se seguirán las normas que se establezcan en el Reglamento de Régimen Interior.

La Asamblea General del Colegio, a propuesta de la Junta Rectora fijará, con respecto a los presupuestos presentados y aprobados, las cuotas a satisfacer por los colegiados para el mantenimiento de los Servicios Centrales del Colegio, así como el correspondiente a las respectivas Delegaciones Territoriales y control de calidad.

El Colegio contará con recursos económicos ordinarios y extraordinarios.

1. Los recursos ordinarios proceden de:

   1. Las cuotas que por colegiación o entrada satisfagan los colegiados.

   2. Las cuotas periódicas que coticen los mismos, ordinarias o extraordinarias.

   3. Los derechos económicos que corresponda devengar al Colegio en concepto de cuota de intervención profesional por el visado de los trabajos que realicen los colegiados en el ejercicio de la profesión.

   4. Los ingresos que puedan obtenerse por la venta de publicaciones, impresos, suscripciones, así como por la expedición de certificaciones y realización de dictámenes, asesoramiento o análogos que sean solicitados al Colegio.

   5. Las rentas de los bienes de toda clase que posea el Colegio.

   6. Las cantidades que pudieran acordarse para realizar la inscripción de la constitución de las sociedades profesionales y de los demás actos inscribibles de las mismas.

2. Los recursos extraordinarios del Colegio serán:

   1. Las subvenciones, usufructos, donativos o cualquier clase de ayuda económica que se le conceda al Colegio por el Estado y otras Administraciones Públicas, entidades privadas y particulares.

   2. Los bienes, muebles e inmuebles que por herencia, donación o cualquier otro título lucrativo pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.

   3. Las cantidades, que por cualquier otro concepto no especificado pueda percibir el Colegio.

1. El Colegio dispondrá de los empleados suficientes para el adecuado funcionamiento de los distintos servicios encomendados y demás funciones administrativas.

2. Su relación laboral se regirá, en lo no previsto especialmente, por el convenio colectivo correspondiente y supletoriamente por el Estatuto de los Trabajadores.

3. Su contratación, con arreglo a criterios de selección objetiva, se decidirá por la Junta de Gobierno y será suscrita por el Secretario General que ostentará el cargo de Jefe de Personal.

4. La contratación de personal adscrito a las Delegaciones Territoriales o Autonómicas será decidido por la Junta de Gobierno, a propuesta de la Junta de Gobierno Territorial o Del Decano Territorial y será suscrita por el Secretario General.

5. Dependerán para todos los efectos del Secretario, que ostentará el cargo de Jefe de Personal.

1. El Colegio sancionará todos aquellos actos de los colegiados que constituyan infracción culposa de los presentes Estatutos, Reglamento de Régimen Interior o acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno.

2. Las sociedades profesionales inscritas en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio se encuentran sometidas al régimen disciplinario que se regula en los presentes Estatutos, pudiendo ser sancionadas en el supuesto de que contravengan las normas que están obligadas a cumplir.

1. Las infracciones, por las que disciplinariamente podrán sancionarse a los colegiados, se clasifican en leves y graves.

2. Son infracciones leves las consistentes en el incumplimiento negligente de preceptos estatutarios o de acuerdos de los órganos colegiales.

3. Son infracciones graves:

   1. El incumplimiento doloso de preceptos estatutarios o de acuerdos de los órganos colegiales.

   2. Las ofensas graves a la dignidad de la profesión, o a las reglas éticas que la gobiernan.

   3. El impago reiterado de cualquier tipo de cuotas en dos ocasiones.

   4. Ser condenado por delito doloso a penas de inhabilitación especial para el ejercicio profesional o absoluta.

   5. La comisión reiterada de infracciones leves. Se considerará reiterado cometer tres infracciones leves.

   6. Las faltas de respeto hacia compañeros con ocasión del ejercicio profesional, así como contra las personas que ostentan cargos en el Colegio cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, ante testigos de forma verbal o escrita.

   7. El incumplimiento fehaciente del código deontológico en lo referido clientes y usuarios.

   8. El incumplimiento por los socios profesionales de la obligación de instar la inscripción de la sociedad profesional y demás actos inscribibles cuando estos fuesen obligatorios.

   9. Atentar contra los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios del colegiado.

4. Tendrán la consideración de infracciones graves imputables específicamente a las sociedades profesionales:

   1. No adaptar su contrato social y sus estatutos a la Ley de Sociedades Profesionales y no solicitar su inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales.

   2. No proceder a regularizar las situaciones de incompatibilidad o inhabilitación de los socios profesionales en el plazo establecido en la Ley.

   3. Será considerada infracción grave imputable a la sociedad profesional el no tener contratada una póliza de seguro que cubra las responsabilidades en las que pudiera incurrir en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social.

1. Las sanciones que puedan imponerse a los colegiados serán:

   1. Apercibimiento verbal.

   2. Apercibimiento por escrito.

   3. Reprensión privada.

   4. Reprensión pública.

   5. Suspensión del ejercicio profesional por un periodo no superior a dos años.

   6. Expulsión del Colegio, con prohibición indefinida del ejercicio profesional.

2. Las tres primeras sanciones se aplicarán por la comisión de infracciones leves y las restantes por las infracciones graves.

3. Las sanciones impuestas por infracciones graves prescriben a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.

4. Las sanciones que puedan imponerse a las sociedades profesionales serán:

   1. Multa.

      1. En caso de infracción leve, de 100 a 1.000 euros.

      2. En caso de infracción grave, de 1.001 a 100.000.

   2. Suspensión temporal de ejercicio profesional por un periodo no superior a dos años.

   3. La baja definitiva en el Registro de Sociedades Profesionales con prohibición indefinida de ejercicio profesional.

5. Dentro de los límites establecidos las sanciones se impondrán, tanto a los colegiados como a las sociedades profesionales atendiendo a las siguientes circunstancias:

   1. Intensidad del daño causado.

   2. Grado de culpa.

   3. Reincidencia.

   4. Beneficio económico obtenido por el infractor.

6. Podrá reducirse la sanción o su cuantía, siempre y cuando el infractor haya procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.

   En todo caso el régimen disciplinario seguirá lo dispuesto en de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo.

1. Las infracciones se sancionarán por la Junta de Gobierno, y en su nombre por el Decano-Presidente del Colegio.

2. Para la imposición de sanciones habrá de incoarse previamente el oportuno expediente. El acuerdo de iniciación del mismo compete a la Junta de Gobierno, que lo adoptará por propia iniciativa, a petición razonada del Decano-Presidente o del Decano Territorial, o por denuncia.

3. La instrucción del expediente se realizará por la Comisión de Régimen Interior, disciplina y deontológica, quien nombrará en el seno de la misma un instructor y un secretario.

4. En el expediente que se instruya, será oído al afectado, quien podrá hacer alegaciones y aportar al mismo cuantas pruebas estime convenientes en su defensa.

5. Ultimado dicho expediente, la Comisión, junto con la propuesta de sanción, lo elevará a la Junta de Gobierno para su resolución y acuerdo.

6. En el supuesto de que sea uno de los miembros de la Junta de Gobierno quien vaya a ser expedientado, no tomará parte en las votaciones para adoptar acuerdos en relación con dicho expediente.

1. Contra las sanciones disciplinarias de cualquier tipo impuestas por la Junta de Gobierno, se podrá interponer, en el plazo de un mes, recurso administrativo ante la Junta Rectora que resolverá en el plazo de tres meses, resolución que agota la vía administrativa, y contra la cual podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso administrativa.

2. En el caso de infracciones graves el colegiado o la sociedad profesional podrán solicitar el amparo del Defensor del Colegiado, figura que se regulará reglamentariamente, que emitirá informe preceptivo en el plazo de un mes pero no vinculante a la Junta Rectora.

1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses y las graves a los dos años.

2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año y las correspondientes a infracciones graves a los dos años.

3. Los plazos de prescripción de las infracciones comenzarán a contar desde el día de la comisión de la infracción y los de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en sede judicial, y en su defecto, administrativa, la resolución sancionadora.

4. La prescripción de las infracciones se interrumpirá por cualquier actuación colegial, expresa y manifiesta, dirigida a investigar la presunta infracción con conocimiento del interesado. La realización de cualquier acto colegial expreso y manifiesto de ejecución de la sanción con conocimiento de interesado interrumpirá el plazo de su prescripción.

5. Las sanciones se cancelarán al año si la infracción fuera leve y a los dos años si fuera grave. Los plazos anteriores se contarán a partir del cumplimiento efectivo de la sanción. La cancelación supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos, incluyendo el de la reincidencia a efectos de lo previsto en el artículo 54.5 c). Las sanciones se cancelarán de oficio cuando corresponda. Si la cancelación debió haberse producido y no se ha hecho, el interesado la podrá instar y el Colegio habrá de proceder de inmediato. En todo caso, las sanciones no canceladas que lo hubieren debido haber sido, carecerán de efectos.

1. Las distinciones y recompensas, cuya concesión corresponde a la Asamblea General, serán las siguientes:

   1. El otorgamiento de diploma, medalla, placa u otro objeto significativo del reconocimiento a los méritos extraordinarios del interesado o de las Entidades, Instituciones u Organismos.

   2. Solicitud, a quien corresponda, de concesión de condecoraciones oficiales.

   3. Aquellos otros premios de tipo económico que propuestos a la Junta Rectora esta acuerde presentar a la Asamblea General.

2. Con carácter específico se establecen las siguientes distinciones:

   1. Imposición de insignia de plata.

   2. Imposición de insignia de oro.

   3. Mención Honorífica.

   4. Colegiado de Honor.

   5. Diploma de honor.

3. El procedimiento para la concesión de las mismas será regulado en el Reglamento de Régimen Interior.

El Colegio, en cuanto actúe en el ejercicio de funciones públicas, ajustará su actuación a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se considerarán en todo caso como funciones públicas del Colegio el control de las condiciones de ingreso en la profesión, la evacuación de informes preceptivos al visado y registro de proyectos, y la potestad disciplinaria.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre citada se aplicará asimismo, de forma supletoria, en todo lo no previsto por la legislación general sobre Colegios profesionales ni en los presentes Estatutos.

1. Contra los acuerdos emanados de los Órganos del Colegio se podrá interponer recurso de alzada ante la Junta Rectora. Si el acuerdo emana de la propia Junta Rectora, el interesado podrá optar entre interponer recurso de reposición ante la misma, o acudir directamente a los Tribunales.

2. Tanto el recurso de alzada como el de reposición se interpondrán en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo, si este fuera expreso; si no lo fuera, el plazo será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de aquel en que se produzca el acto presunto.

3. El recurso de alzada deberá ser resuelto en el plazo de tres meses, y el de reposición en el plazo de un mes; transcurrido el respectivo plazo sin haberse dictado y notificado la resolución del recurso, este se entenderá desestimado.

4. En ambos casos el recurso deberá ser resuelto en el plazo de tres meses, transcurrido el cual podrá entenderse desestimado.

5. Una vez agotada la vía corporativa, los actos del Colegio sujetos al Derecho Administrativo, serán recurribles ante la Jurisdicción contencioso administrativa.

Son nulos de pleno derecho los actos emanados de los órganos del Colegio en los que se dé alguno de los siguientes supuestos, tal y como se refleja en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

1. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

2. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

3. Los que tengan un contenido imposible.

4. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

5. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

6. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

7. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

Para proponer a la Administración General del Estado la reforma de los presentes Estatutos, será necesario acuerdo de la Asamblea General del Colegio, adoptado por mayoría de los concurrentes a la misma, presentes y representados.