Sentencia número 252/1988, de 20 de diciembre, en los conflictos positivos de competencia acumulados números 1403-86 y 857-88, contra reales Decretos 1754/86, de 28 de junio, y 1755/86, de 28 de junio, reguladores del marcado y certificados de Inspeccion Veterinaria de carnés destinadas a Estados de la cee, el primero contra el Real Decreto 172...

MarginalBOE-T-1989-886
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorTribunal Constitucional
Rango de LeySentencia

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DO—A GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PI—ERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LOS CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA ACUMULADA NUMS. 598/1986, 1.403/1986 Y 857/1988, INTERPUESTOS POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALU—A RESPECTIVAMENTE CONTRA EL ESCRITO DE 26 DE FEBRERO DE 1986 DEL DIRECTOR GENERAL DE LA SALUD PUBLICA DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO AL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD Y SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA GENERALIDAD, CONTRA LOS REALES DECRETOS 1.754/1986 Y 1.755/1986

(ART. 3, PARRAFO PRIMERO Y NORMA I, PARRAFO TERCERO, DEL ANEXO I, EN CADA UNO DE ELLOS) Y CONTRA EL ART. 2, PARRAFO PRIMERO Y LAS NORMAS I (APARTADO G)) Y II DEL ANEXO I DEL REAL DECRETO 1.728/1987. HA COMPARECIDO EL GOBIERNO DE LA NACION, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO. HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

  1. ANTECEDENTES

    1. LA GENERALIDAD DE CATALU—A, ACTUANDO A TRAVES DE LA ABOGADA DO—A MERCEDES CURULL MARTINEZ, Y MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO ANTE ESTE TRIBUNAL EL DIA 3 DE JUNIO DE 1986, PLANTEO CONFLICTO DE COMPETENCIA CONTRA EL ESCRITO DIRIGIDO EL 26 DE FEBRERO ANTERIOR POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA SALUD PUBLICA DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO AL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD Y SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA GENERALIDAD. ESTIMA LA GENERALIDAD QUE LA AFIRMACION QUE EN DICHO ESCRITO SE HACE DE QUE CORRESPONDE A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO LA INSPECCION PREVIA DE LAS EMPRESAS RADICADAS EN CATALU—A A EFECTOS DE OBTENER AUTORIZACION PARA EL INTERCAMBIO DE CARNES FRESCAS ENTRE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, VULNERA LA COMPETENCIA PROPIA ATRIBUIDA POR EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALU—A.

      SOLICITA, EN CONSECUENCIA, QUE SE DEJE SIN EFECTO LO ACORDADO EN TAL ESCRITO Y SE DECLARE QUE LA COMPETENCIA CONTROVERTIDA CORRESPONDE A CATALU—A.

      MEDIANTE PROVIDENCIA DE 10 DE JUNIO DE 1986, LA SECCION SEGUNDA DE ESTE TRIBUNAL ACORDO ADMITIR A TRAMITE EL CONFLICTO ASI PLANTEADO, AL QUE CORRESPONDIO EL NUM. 598/86, Y ORDENO LOS TRASLADOS, COMUNICACIONES Y ANUNCIOS PREVISTOS EN EL ART. 64 LOTC.

      MEDIANTE ESCRITO DE 8 DE JULIO SIGUIENTE, Y DENTRO DEL PLAZO QUE LA MENCIONADA PROVIDENCIA CONCEDIA, EL ABOGADO DEL ESTADO SE OPUSO EN NOMBRE DEL GOBIERNO A LA PRETENSION DE LA GENERALIDAD Y PIDIO QUE SE DECLARASE QUE EL ESCRITO OBJETO DEL CONFLICTO NO CONTRAVIENE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS QUE ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALU—A ESTABLECEN LA CONSTITUCION Y EL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

    2. MEDIANTE ESCRITO RECIBIDO EN ESTE TRIBUNAL, EN 24 DE DICIEMBRE DE 1986, LA GENERALIDAD DE CATALU—A, ACTUANDO A TRAVES DEL ABOGADO DON RAMON RIU I FORTUNY PLANTEO CONFLICTO DE COMPETENCIA CONTRA LOS REALES DECRETOS 1.754/1986 Y 1.755/1986 (ART. 3, PARRAFO PRIMERO, Y NORMA I, PARRAFO TERCERO, DEL ANEXO I, EN CADA UNO DE ELLOS) PIDIENDO QUE SE DECLAREN INAPLICABLES EN EL TERRITORIO DE CATALU—A POR CORRESPONDER A LA GENERALIDAD LA COMPETENCIA CONTROVERTIDA.

      ADMITIDO A TRAMITE EL MENCIONADO ESCRITO (QUE DIO LUGAR A LAS ACTUACIONES SEGUIDAS BAJO EL NUM. 1.403/86) POR PROVIDENCIA DE LA SECCION CUARTA DE ESTE TRIBUNAL, DE 9 DE ENERO DE 1987, EN LA QUE SE ORDENARON LOS TRASLADOS, COMUNICACIONES Y PUBLICACION PREVISTOS EN EL ART. 64 LOTC, EL LETRADO DEL ESTADO, EN NOMBRE DEL GOBIERNO, SOLICITO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 26 DEL MISMO MES Y A—O, LA DESESTIMACION DE LA DEMANDA DE LA GENERALIDAD.

    3. POR ESCRITO PRESENTADO EL 11 DE MAYO DE 1988, LA ABOGADA DO—A MARIA TERESA PAGES I BERTRAN, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA GENERALIDAD, PLANTEA NUEVO CONFLICTO DE COMPETENCIA FRENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO POR ESTIMAR QUE EL ART. 2, PARRAFO PRIMERO, Y LAS NORMAS I (APARTADO G)) Y II DEL ANEXO I DEL REAL DECRETO 1.728/1987, VULNERAN LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALU—A. PIDE, EN CONSECUENCIA, QUE SE DECLARE QUE LOS CITADOS PRECEPTOS NO SON APLICABLES EN CATALU—A POR CORRESPONDER A LA GENERALIDAD LA COMPETENCIA CONTROVERTIDA. EN OTROSI PIDE LA ACUMULACION DEL MENCIONADO CONFLICTO (SEGUIDO BAJO EL NUM.

      857/1988) AL 1.403/86, DE QUE SE DA CUENTA EN EL ANTERIOR APARTADO.

      ADMITIDA A TRAMITE LA DEMANDA POR PROVIDENCIA DE LA SECCION TERCERA DE ESTE TRIBUNAL, DE FECHA 23 DE MAYO DE 1988, CON LOS ACUERDOS PREVISTOS EN EL ART. 64 LOTC, SE OPUSO A ELLA EL ABOGADO DEL ESTADO, MEDIANTE ESCRITO DE 29 DE JUNIO SIGUIENTE EN EL QUE MOSTRO SU ACUERDO A LA ACUMULACION SOLICITADA POR LA GENERALIDAD, PIDIENDO QUE LA ACUMULACION SE EXTENDIESE TAMBIEN AL CONFLICTO NUM. 598/86. HABIENDO DEJADO TRANSCURRIR SIN RESPUESTA ALGUNA LA GENERALIDAD EL PLAZO QUE POR PROVIDENCIA DE 4 DE JULIO (SECCION TERCERA) SE LE CONCEDIO PARA QUE SE PRONUNCIASE SOBRE LA PETICION ULTIMAMENTE RESE—ADA, POR AUTO DE 11 DE OCTUBRE DE 1988, ACORDO EL PLENO DEL TRIBUNAL ACUMULAR AL CONFLICTO NUM. 598/86, LOS SEGUIDOS BAJO LOS NUMS. 1.403/86 Y 857/88.

    4. LA ARGUMENTACION DE LA RECURRENTE EN LOS TRES CONFLICTOS, CUYO OBJETO ES EN TODOS LOS CASOS LA DETERMINACION DE CUALES HAN DE SER LOS SERVICIOS VETERINARIOS COMPETENTES PARA LLEVAR A CABO CIERTAS ACTUACIONES SOBRE PRODUCTOS DESTINADOS A LA EXPORTACION A OTROS PAISES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, PUEDE RESUMIRSE DEL SIGUIENTE MODO:

      1. LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO EN MATERIA DE POLITICA EXTERIOR (149.1.3) HA DE ENTENDERSE REFERIDA A LA CAPACIDAD PARA CONCLUIR TRATADOS Y DIRIGIR LA POLITICA EXTERIOR (ARTS. 73.3, 93, 94 Y 97 C.E.), ASEGURAR LA REPRESENTACION EXTERIOR DEL ESTADO (ARTS. 56.1 Y 97 C.E.) Y ASUMIR LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS (ARTS. 93, 149.1.3 C.E.).

        NI DE ESTA COMPETENCIA RESERVADA AL ESTADO (EN EL SENTIDO MAS RESTRINGIDO DEL TERMINO) EN RELACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, NI DE LA COMPETENCIA QUE A LOS ORGANOS CENTRALES DEL MISMO (CORTES GENERALES Y GOBIERNO) ATRIBUYE EL ART. 93 C.E. PARA ASEGURAR LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS QUE ATRIBUYAN A UNA ORGANIZACION INTERNACIONAL EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS DERIVADAS DE LA CONSTITUCION, ASI COMO DE LAS RESOLUCIONES EMANADAS DE DICHAS ORGANIZACIONES SE DESPRENDE, EN MODO ALGUNO, QUE SEA EL ESTADO EL UNICO COMPETENTE PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESOS TRATADOS O RESOLUCIONES. LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES CONTRAIDOS Y, EN ESPECIAL, LOS QUE DERIVAN DE LA INCORPORACION DE ESPA—A A LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA PODRAN IMPLICAR LA PERDIDA DE COMPETENCIAS DEL ESTADO O DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN FAVOR DE LOS ORGANISMOS EUROPEOS, PERO NO LA ALTERACION DEL SISTEMA INTERNO DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EN CONCRETO, NO SIGNIFICAN DEROGACION NI MODIFICACION

        DEL ART. 27.3, DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALU—A, SEGUN EL CUAL .

        INCLUSO CABE AFIRMAR QUE PRECISAMENTE LA EXISTENCIA EN LA CONSTITUCION DE UNA CLAUSULA COMO LA RECOGIDA EN EL ART. 93, ES EL ARGUMENTO DECISIVO PARA AFIRMAR LA CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA ACTUAR POR SI MISMAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL ESTADO, PUES DE OTRO MODO SE LLEGARIA AL ABSURDO DE CONSIDERAR A LOS ORGANOS CENTRALES DE ESTE COMO EJECUTORES Y, AL MISMO TIEMPO, VIGILANTES DE LA EJECUCION.

      2. LOS REALES DECRETOS IMPUGNADOS HAN SIDO DICTADOS, SEGUN LAS RESPECTIVAS EXPOSICIONES DE MOTIVOS, PARA ARMONIZAR NUESTRA LEGISLACION VETERINARIA Y DE POLICIA SANITARIA CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS COMUNITARIAS Y EN PARTICULAR CON LAS DIRECTIVAS QUE EN CADA CASO SE CITAN.

        AUNQUE ALGUNAS DE ESTAS DIRECTIVAS, COMO LA 64-433, HABLAN EFECTIVAMENTE DE (EXPRESION QUE, POR LO DEMAS, HAY QUE ENTENDER CONTRAPUESTA A LA DE , PERO NO, ENTRE NOSOTROS, A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS), EL PRINCIPIO QUE DOMINA LAS RELACIONES ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y CADA UNO DE LOS ESTADOS MIEMBROS ES EL DE LA , SEGUN EL CUAL ES EL DERECHO DE CADA ESTADO EL QUE DETERMINA LOS ORGANOS COMPETENTES Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DEL DERECHO COMUNITARIO. ESE DESARROLLO (POSIBLE SOLO CUANDO SE TRATA DE DIRECTIVAS, PUES LOS REGLAMENTOS, COMO LAS DECISIONES, SON DIRECTAMENTE APLICABLES) PODRA HACERSE DENTRO DEL MARGEN DE LIBERTAD EN CADA CASO PREVISTOS Y PUEDE DAR LUGAR, EN CONSECUENCIA, A UNA CIERTA HETEROGENEIDAD PERFECTAMENTE ADMISIBLE. NO HAY POR ELLO NECESIDAD ALGUNA DE QUE EL ESTADO LAS DIRECTIVAS EN EL DERECHO INTERNO O ADOPTE MEDIDAS DESTINADAS A GARANTIZAR UNA INTERPRETACION UNIFORME DE LOS ACUERDOS COMUNITARIOS, ARROGANDOSE ASI UNA FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS.

        ESE PRINCIPIO DE AUTONOMIA, RECOGIDO POR LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN SUS SENTENCIAS DE 11 DE FEBRERO (ASUNTO 39-70) Y 15 DE DICIEMBRE DE 1971 (ASUNTOS 51 Y 54/71) Y QUE ENTRE NOSOTROS SE DEDUCE TAMBIEN DEL TENOR LITERAL

        DEL ART. 1 DE LA LEY 47/1985, DE BASES DE DELEGACION AL GOBIERNO PARA LA APLICACION DEL DERECHO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, IMPIDE ENTENDER QUE LA REMISION A LA CONTENIDA EN ALGUNA DE LAS DIRECTIVAS QUE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS TRATAN DE EJECUTAR (EN PARTICULAR LAS DIRECTIVAS 64/433 Y 71/118) IMPLICA UN DESAPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EL USO DE ESA CLAUSULA EN ALGUNAS DIRECTIVAS NO PUEDE SER EXPRESIVA DE LA VOLUNTAD DE LIMITAR LA LIBRE OPCION DE LOS ESTADOS MIEMBROS, LIMITACION QUE SERIA ABSURDA EN CUANTO QUE REDUCIDA A UN GRUPO DE NORMAS Y NO A OTRAS DE IDENTICO SENTIDO, Y EN TODO CASO INVALIDA, PUES LAS INSTITUCIONES EUROPEAS SOLO TIENEN COMPETENCIAS DE ATRIBUCION, ENTRE LAS...

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