Pleno. Sentencia 91/2019, de 3 de julio de 2019. Cuestión interna de inconstitucionalidad 688-2019. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con la regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Prohibición de la discriminación por razón de sexo: nulidad parcial del precepto legal que, al regular la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, incurre en discriminación indirecta.

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SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11903 Pleno. Sentencia 91/2019, de 3 de julio de 2019. Cuestión interna de
inconstitucionalidad 688-2019. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional en relación con la regla tercera, letra c), de la disposición
adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley
11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Prohibición
de la discriminación por razón de sexo: nulidad parcial del precepto legal que,
al regular la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo
parcial, incurre en discriminación indirecta.
ECLI:ES:TC:2019:91
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José
González Rivas, presidente, la magistrada doña Encarnación Roca Trías, los
magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago
Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo
Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María
Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 688-2019, planteada por la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional con relación a la regla tercera, letra c), de la
disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la
redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto,
para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el
orden económico y social. Han comparecido y formulado alegaciones el abogado del
Estado, la fiscal general del Estado y la letrada de la administración de la Seguridad
Social. Ha sido ponente el magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón.
I. Antecedentes
1. Mediante providencia de 26 de febrero de 2019, el Pleno de este Tribunal acordó
admitir a trámite la cuestión interna de inconstitucionalidad que, mediante el ATC 3/2019,
de 28 de enero, planteó la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en el recurso de
amparo núm. 6416-2016, en relación con la disposición indicada en el encabezamiento,
por posible contradicción con el art. 14 CE.
En la misma providencia se acordó, conforme a lo establecido en el art. 37.3 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de las actuaciones al
Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al fiscal general del Estado, para
que en el plazo de quince días se personaran y presentaran las oportunas alegaciones.
Asimismo, se comunicó a la Sala Segunda de este Tribunal la citada providencia para
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que, de conformidad con el art. 35.3 LOTC, permaneciera suspendido el recurso de
amparo núm. 6416-2016 hasta la resolución de la presente cuestión interna de
inconstitucionalidad, y se ordenó la publicación de la cuestión en el «Boletín Oficial del
Estado» (lo que se llevó a cabo en el núm. 56, de 6 de marzo de 2019).
Los antecedentes de la presente cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes:
a) El actor en el procedimiento a quo cotizó al sistema general de la Seguridad
Social desde el año 1977 hasta su jubilación en el año 2015. La mayor parte de su vida
laboral trabajó a tiempo parcial como profesor asociado de universidad, variando su
porcentaje de parcialidad en esos años, desde el 4,9 hasta el 70 por 100.
b) Por resolución de 16 de noviembre de 2015, la pensión del recurrente se fijó en
seiscientos cuarenta euros con catorce céntimos (640,14 €), con un porcentaje del 95,06
por 100 sobre la base reguladora, esto último en aplicación de las normas de cálculo de
la pensión de jubilación para trabajadores a tiempo parcial, contenidas en la disposición
adicional séptima, apartado 1, regla tercera, letra c), del texto refundido de la Ley general
de la Seguridad Social (LGSS) aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2
de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas
urgentes en el orden económico y social.
c) El actor formuló demanda frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad Social, alegando que el sistema de cálculo que le
había sido aplicado resultaba discriminatorio, con vulneración del art. 14 CE, dada la
aplicación exclusiva a los trabajadores a tiempo parcial, de un «coeficiente de
parcialidad» que reduce el tiempo real de cotización. En su caso, habiendo cotizado un
total de 37 años y 10 meses, tenía derecho a una pensión en cuantía del 100 por 100 de
la base reguladora, pero con la aplicación de aquel coeficiente el periodo cotizado
quedaba en 33 años y 4 meses, con un porcentaje del 95,06 por 100 sobre la base
reguladora.
En el procedimiento de Seguridad Social iniciado ante el Juzgado de lo Social núm. 2
de Lleida, el actor interesó el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en
relación con la disposición adicional séptima de la Ley general de la Seguridad Social,
por ser contraria al art. 14 CE al deparar un trato desigual injustificado a los trabajadores
a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo, para el cálculo de la
cuantía de la pensión en cuanto al modo de computar el periodo de cotización.
d) El Juzgado a quo dictó sentencia el 15 de abril de 2016, desestimando la
demanda, así como la procedencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad,
pues teniendo en cuenta los principios de contribución y proporcionalidad que informan
el sistema de Seguridad Social, no cabía apreciar, conforme al criterio mantenido en las
SSTC 253/2004, de 22 de diciembre, y 156/2014, de 25 de septiembre, la lesión
constitucional aducida en la demanda.
e) Frente a la anterior resolución judicial, el actor interpuso recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (rollo núm.
4614-2016), el cual fue desestimado por sentencia de fecha 19 de octubre de 2016.
La sala consideró conforme a derecho el cálculo de la pensión del actor efectuado
por la autoridad administrativa, y apreció que el precepto legal aplicado no vulneraba el
derecho a la igualdad de los trabajadores a tiempo parcial, con base en una sentencia
suya anterior de 22 de abril de 2015. En tal sentido, adujo que la norma puesta en
entredicho por el recurrente había agotado ya los mecanismos de control de
constitucionalidad y de prejudicialidad comunitaria disponibles, a la vista de los
pronunciamientos contenidos tanto en las SSTC 253/2004, de 22 de diciembre,
y 156/2014, de 25 de septiembre, como en la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 14 de abril de 2015 (asunto C-527/13), subrayando que, aun cuando
tales decisiones no habían examinado concretamente la letra c) de la regla tercera de la
disposición adicional séptima de la Ley general de la Seguridad Social, lo cierto era que
el criterio de proporcionalidad que presidía la doctrina constitucional en relación al
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tratamiento desigual entre trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo, resultaba
perfectamente trasladable al caso de autos.
f) El actor interpuso recurso de amparo frente a las resoluciones administrativas y
judiciales anteriores, argumentando que infringían su derecho a la igualdad ante la ley
(art. 14 CE) y que la cuestión de fondo había sido ya planteada en ocasiones
precedentes ante este Tribunal, «al menos tangencialmente», a propósito de versiones
anteriores de la norma aplicada que le había sido aplicado.
g) Por providencia de 18 de diciembre de 2017, la Sección Cuarta de este Tribunal
acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, «apreciando que concurre en el
mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC), como consecuencia
de que la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir
de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 c)]».
h) Por providencia de 1 de octubre de 2018, la Sala Segunda de este Tribunal, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 55.2 y 35.2 LOTC, y con suspensión del plazo
para dictar sentencia, acordó oír a las partes y al ministerio fiscal, para que en el plazo
común e improrrogable de diez días pudiesen alegar lo que deseasen sobre la
pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad o sobre el fondo de esta,
respecto de si puede vulnerar el derecho fundamental a la igualdad ante la ley del art. 14
CE entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo o, en su caso,
provocar una discriminación indirecta por razón de sexo proscrita por el párrafo segundo
del mismo art. 14 CE, el método para el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación
establecido en el art. 5, apartados 1 y 2, del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto,
para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el
orden económico y social.
En el trámite conferido al efecto el demandante de amparo y el fiscal ante el Tribunal
Constitucional interesaron la elevación de la cuestión de inconstitucionalidad, y la letrada
de la administración de la Seguridad Social, actuando en representación de esta, se
opuso a dicho planteamiento.
i) Por ATC 3/2019, de 28 de enero, la Sala Segunda del Tribunal acordó plantear
cuestión interna de inconstitucionalidad respecto de la regla tercera, letra c), de la
disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley general de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la
redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto,
para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el
orden económico y social, por posible contradicción con el art. 14 CE, con suspensión
del plazo para dictar sentencia en el recurso de amparo núm. 6416-2016.
2. Según se razona en los fundamentos jurídico 6 y 7 del auto de planteamiento, el
examen del precepto objeto de la cuestión, solo y en su aplicación conjunta con la regla
segunda, letra a), párrafo segundo, de la misma disposición adicional y apartado, al que
aquel se remite, ofrece dudas sobre su adecuación al principio de igualdad ante la ley
(art. 14 CE) entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, en
perjuicio de estos últimos, por las razones siguientes:
a) En la Ley general de la Seguridad Social de 1994 –al igual que en el vigente
texto refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015–, la cuantía de la
pensión de jubilación se determina en función de dos factores: la base reguladora y el
periodo de cotización, el cual sirve a su vez para fijar un porcentaje sobre la base
reguladora, con el que se obtiene el importe a cobrar (art. 120.2 LGSS 1994).
En los trabajadores a tiempo completo, el periodo de cotización se computa por años
y meses de cotización (arts. 161.1 y 163 LGSS 1994), sin practicar sobre ellos ningún
coeficiente o fórmula reductora. A los quince años se tiene derecho a la prestación, en
un porcentaje del 50 por 100 de la base reguladora [art. 161.1.b)], y a partir de ahí el
porcentaje según el tiempo cotizado va en aumento, hasta alcanzar el 100 por 100, que
es el tope máximo.
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