Orden PCI/488/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Protección Civil, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.

MarginalBOE-A-2019-6348
SecciónI - Disposiciones Generales
EmisorMinisterio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Rango de LeyOrden

El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del día 12 de abril de 2019, ha aprobado la Estrategia Nacional de Protección Civil.

Para general conocimiento se dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente Orden.

Madrid, 26 de abril de 2019.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo Poyato.

ANEXO Estrategia Nacional de Protección Civil Índice

Capítulo 1 Una visión integral de la protección civil.
  1. Introducción.

  2. Visión integral de la protección civil.

  3. La protección civil como elemento esencial del Sistema de Seguridad Nacional.

Capítulo 2 El Sistema Nacional de PC: Ámbito fundamental del Sistema de Seguridad Nacional.
  1. El Sistema de Seguridad Nacional.

  2. Relación entre el Sistema Nacional de PC y el Sistema de Seguridad Nacional.

Capítulo 3 Amenazas y riesgos en el ámbito de la protección civil.
  1. Introducción.

  2. Riesgos: Identificación y análisis.

  3. Potenciadores del riesgo.

  4. Descripción de los riesgos.

4.1 Inundaciones:

4.1.1 Descripción.

4.1.2 Potenciadores.

4.1.3 Instrumentos normativos y de gestión.

4.1.4 Actuaciones prioritarias.

4.2 Incendios forestales:

4.2.1 Descripción.

4.2.2 Potenciadores.

4.2.3 Instrumentos normativos y de gestión.

4.2.4 Actuaciones prioritarias.

4.3 Terremotos y maremotos:

4.3.1 Descripción.

4.3.2 Potenciadores.

4.3.3 Instrumentos normativos y de gestión.

4.3.4 Actuaciones prioritarias.

4.4 Volcánico:

4.4.1 Descripción.

4.4.2 Potenciadores.

4.4.3 Instrumentos normativos y de gestión.

4.4.4 Actuaciones prioritarias.

4.5 Fenómenos meteorológicos adversos:

4.5.1 Descripción.

4.5.2 Potenciadores.

4.5.3 Instrumentos normativos y de gestión.

4.5.4 Actuaciones prioritarias.

4.6 Accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias peligrosas:

4.6.1 Descripción.

4.6.2 Potenciadores.

4.6.3 Instrumentos normativos y de gestión.

4.6.4 Actuaciones prioritarias.

4.7 Transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril:

4.7.1 Descripción.

4.7.2 Potenciadores.

4.7.3 Instrumentos normativos y de gestión.

4.7.4 Actuaciones prioritarias.

4.8 Riesgo nuclear y radiológico:

4.8.1 Descripción.

4.8.2 Potenciadores.

4.8.3 Instrumentos normativos y de gestión.

4.8.4 Actuaciones prioritarias.

Capítulo 4 Objetivos y líneas básicas de acción.
Capítulo 5 Seguimiento, evaluación y revisión de la Estrategia Nacional de Protección Civil.
CAPÍTULO 1 Una visión integral de la protección civil 1. Introducción

En un mundo global, cambiante e interdependiente, las causas y consecuencias de los distintos tipos de amenazas naturales o tecnológicas con efecto directo para las personas y sus bienes, traspasan fronteras. Esta realidad representa un desafío al que las estrategias y políticas públicas de protección civil no pueden resultar ajenas.

La evidencia científica indica que en el proceso histórico de evolución de la tierra se han producido alteraciones climáticas de diferente origen y naturaleza, que han transformado los mares en desiertos o que han provocado alteraciones en los ecosistemas incidiendo en la extinción de algunas especies de animales y plantas, entre otros efectos. Sin embargo, en esta nueva era de desarrollo industrial el cambio climático viene marcado por el impacto directo de la actividad del hombre, lo que está provocando una alteración en el referido proceso.

Por otra parte, estamos ante un nuevo tiempo en el que los avances tecnológicos del último siglo han facilitado la comunicación global entre sociedades diversas y diferentes, en un mundo cada vez más conectado e interdependiente. En este contexto, la gestión integral de las emergencias supone un reto global que concierne a la comunidad internacional en su conjunto. La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas representa una herramienta de encuentro y consenso, para hacer frente a una situación que, a todos, en mayor o menor grado, concierne.

Pese al carácter global del desafío, la actividad principal dirigida a la reducción del riesgo de desastres tiene como primeros y principales responsables a los Estados y es precisamente en el ámbito nacional, de acuerdo con el marco de la citada Estrategia Internacional redefinida en Sendai en 2015 (Marco de Sendai), dónde se han de establecer y poner en práctica las políticas necesarias para hacer frente a las amenazas que nos afectan.

Esa responsabilidad de los Estados respecto de la seguridad de sus ciudadanos, aparece a su vez acompañada de la necesidad de transitar hacia una concepción que vaya más allá de la seguridad entendida en términos tradicionales. Un enfoque vinculado a la denominada «seguridad humana», que considere a los individuos como referentes centrales de su acción y que suponga también una ampliación respecto a las amenazas o riesgos que le afectan.

Para avanzar hacia una acción pública basada en esa seguridad humana, es preciso poner el foco en las políticas y servicios de protección civil, y en la importancia de considerar la diversidad de la sociedad sobre la que proyecta su actuación. Por este motivo, afrontar los nuevos escenarios y profundizar en la generación de una verdadera resiliencia social, exige de un enfoque estratégico que incorpore entre los factores potenciadores del riesgo aquellos condicionantes sociales, económicos o personales que pueden situar a las personas en una situación de especial vulnerabilidad ante las catástrofes y emergencias.

España es un país con un nivel global de riesgo moderado en su conjunto. Los incendios forestales, las inundaciones y aquellos derivados de la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos, ocasionan periódicamente daños importantes que pueden llegar a afectar a la seguridad de las personas y sus bienes, contribuyendo, además, al deterioro del medio ambiente. En menor medida, están presentes, entre otros, los riesgos sísmicos, volcánicos y de origen tecnológico, si bien sus efectos pueden ser muy importantes en caso de producirse, por tratarse de eventos de baja probabilidad de ocurrencia, pero de alto impacto en sus consecuencias.

España cuenta con un sistema de protección civil adecuado para dar una respuesta eficaz y coordinada a las emergencias originadas por estos riesgos, que ha ido evolucionando hasta cristalizar, con la entrada en vigor de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en un sistema que ordena las acciones y políticas públicas en torno a los diferentes procesos del ciclo de las emergencias: anticipación, prevención, planificación, respuesta inmediata y recuperación. A este ciclo se incorpora el proceso de coordinación general de la acción política, tal y como se ilustra en la figura 1, siguiente.

Figura 1. El ciclo de gestión de las emergencias

La gestión de riesgos implica un conjunto de acciones de naturaleza compleja, que precisa de la coordinación del conjunto de las Administraciones públicas. En España, las competencias en este ámbito están distribuidas en tres niveles: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administración local, que actúan bajo los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad.

La compleja organización del Sistema Nacional de Protección Civil en el ámbito de la gestión de riesgos requiere una estrategia nacional concertada, como las que ya existen en otros campos de la actividad pública. Por ello, la referida Ley 17/2015, prevé, en su artículo 4 la elaboración de dos estrategias diferentes:

– Una Estrategia Nacional de Protección Civil que integrará y alineará todas las actuaciones de la Administración General del Estado en el ámbito de la protección civil, que debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional a propuesta del Ministro del Interior.

– Una Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil que debe servir de base a las actuaciones de las distintas administraciones territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias. Las líneas básicas de esta Estrategia del Sistema, las aprobará el Consejo Nacional de Protección Civil, máximo órgano de coordinación interadministrativa en este ámbito.

El presente documento, como Estrategia Nacional de Protección Civil, desarrolla un análisis de las principales amenazas y riesgos de origen natural, humano y tecnológico que pueden...

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