Orden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

Marginal:BOE-A-2018-15456
Sección:I - Disposiciones Generales
Emisor:Ministerio de Justicia
Rango de Ley:Orden
 
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La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, garantiza el mandato contenido en los artículos 24, 25 y, especialmente, en el artículo 119 de la Constitución española, salvaguardando el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas. No en vano, sin el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, muchas personas quedarían al margen de este acceso a la justicia y sin instrumentos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

A tal objeto, y desde la promulgación de la mencionada Ley 1/1996, de 10 de enero, el Estado asume el coste económico derivado de la justa indemnización a los abogados, procuradores y otros profesionales que intervienen en los procesos judiciales, así como el coste de la obtención de pruebas que, en otras circunstancias, resultarían inasumibles para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica.

Por otra parte, el Reglamento de asistencia de jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, regula los procedimientos para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, introduciendo, además, un procedimiento en aquellos procesos judiciales y administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Este real decreto fue modificado por el Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

La presente orden tiene por objeto la actualización del anexo II del precitado Reglamento manteniendo, no obstante, el esquema básico diseñado en aquella norma, que establece módulos y bases de compensación, en función de cada una de las actuaciones singulares realizadas ante los tribunales.

Esta actualización busca atemperar la depreciación económica sufrida a lo largo de los últimos años, como consecuencia de la congelación de los módulos compensatorios de las actuaciones desempeñadas por abogados y procuradores, así como atender, en la medida de las disponibilidades presupuestarias actuales, a la mayor complejidad y dedicación que exige la evolución del ejercicio del derecho de defensa ante los tribunales. No en vano, resulta innegable que la garantía de una asistencia jurídica de calidad debe verse amparada por una adecuada compensación del trabajo realizado por quienes materializan, en favor de las personas más desfavorecidas, el derecho a la tutela judicial efectiva mediante su defensa y representación en el proceso.

De esta forma, el incremento económico, que se materializa por medio de esta orden ministerial, es el mayor de los acometidos hasta ahora por las...

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