Orden INT/84/2017, de 2 de febrero, por la que se delegan competencias en los Delegados del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en Illes Balears, y en los Subdelegados del Gobierno en Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Badajoz, Albacete, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Alicante, Castellón y Valencia.

Marginal:BOE-A-2017-1238
Sección:III - Otras Disposiciones
Rango de Ley:Orden
 
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El Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales, encomienda al Ministerio del Interior la tramitación de varias líneas de subvenciones, con arreglo al procedimiento previsto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.

Dichas líneas de ayudas tienen una finalidad paliativa y se destinan a sufragar daños personales, daños materiales en viviendas y enseres, daños en establecimientos comerciales y explotaciones agrarias, compensaciones por prestaciones personales y de bienes y, por último, gastos de emergencia de las corporaciones locales.

El Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, trae causa, en primer lugar, del Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2016, por el que se declaró a las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Castellón, Valencia, Alicante y Badajoz como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil. En el caso de las tres provincias andaluzas y las tres provincias de la Comunidad Valenciana, la declaración se produjo como consecuencia de las precipitaciones persistentes y de gran intensidad que se sucedieron durante los últimos días de noviembre y, en especial, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2016, que afectaron principalmente a la costa occidental de la provincia de Málaga y al litoral de las provincias de Cádiz y Huelva, así como a diversas zonas de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. En el caso de Badajoz, la declaración se realizó como consecuencia del fuerte pedrisco acaecido en diversos municipios de esa provincia durante los días 6 y 7 de julio de 2016.

Asimismo, el citado Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, trae causa del Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2016, por el que se declaró a las Comunidades Autónomas Valenciana, de la Región de Murcia y de Illes Balears, así como a las provincias de Almería y Albacete, como zonas afectadas por una emergencia de protección civil. Todos estos territorios sufrieron importantes daños como consecuencia de los temporales de lluvia, viento e inundaciones acaecidos desde el...

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