Orden INT/1005/2018, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.
| Marginal | BOE-A-2018-13306 |
| Sección | III - Otras Disposiciones |
| Emisor | Ministerio de Interior |
| Rango de Ley | Orden |
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, concibe la protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada, y establece el Sistema Nacional de Protección Civil con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente de las distintas Administraciones Públicas mediante las siguientes actuaciones:
-
Prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente y evitar que se produzcan o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan derivarse.
-
Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo.
-
Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia.
-
Adoptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los servicios esenciales y paliar los daños derivados de emergencias.
-
Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del Sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico del mismo.
En este ámbito, los accidentes que puedan originarse en las centrales nucleares españolas en funcionamiento o paradas mientras almacenen combustible gastado pueden provocar situaciones de grave riesgo, lo que obliga a la Administración General del Estado, en concurrencia con otras Administraciones, a disponer de las oportunas medidas de planificación. Dentro de éstas se incluyen las actuaciones preventivas contempladas en el Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN), aprobado por el Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, como directriz que contiene las normas y criterios esenciales para la elaboración, implantación y mantenimiento de la eficacia de los planes de emergencia nuclear de protección civil.
La planificación frente a emergencias nucleares se organiza en dos niveles, distintos administrativamente pero complementarios en la intervención en caso de emergencia.
Por una parte, se establecen las actuaciones en el interior de la central nuclear correspondientes al Plan de Emergencia Interior (PEI), regulado por el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, y que corresponde conceptualmente a las obligaciones de autoprotección corporativa establecidas con carácter general en la Ley 17/2015, de 9 de julio; por otra, las actuaciones en el exterior de la central nuclear, correspondientes a los Planes de Emergencia Nuclear del nivel de respuesta exterior, regulados por el vigente PLABEN.
Los planes de emergencia nuclear del nivel de respuesta exterior derivados del PLABEN son los Planes de Emergencia Nuclear exteriores a las centrales nucleares (PEN), que a su vez incluyen los planes de actuación de los grupos operativos y los planes de actuación municipal en emergencia nuclear (PAMEN), así como el Plan de Emergencia Nuclear del Nivel Central de Respuesta y Apoyo (PENCRA).
Con el fin de establecer mecanismos para la implantación efectiva de los PEN en los que se encuentra implicada la administración local, se han venido realizando durante los últimos años inversiones para la dotación material de medios y recursos de distinta índole, financiadas directamente por el Ministerio del Interior a través de convocatorias anuales de subvenciones. Esto no es óbice para que sea necesario seguir mejorando la operatividad alcanzada y mantenerla a lo largo del tiempo, para lo cual el Ministerio del Interior ha elaborado un Plan Estratégico de Subvenciones (PES), aprobado por la Orden INT/933/2017, de 8 de agosto, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de este Departamento para el período 2018-2020, en el que se reflejan las grandes líneas de actuación que se pretenden llevar a cabo en esta materia. Este Plan Estratégico abarca las principales líneas de subvenciones del Ministerio del Interior y establece sus objetivos estratégicos entre los que se encuentra «Mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias incluidas en los Planes de Emergencia Nuclear (PEN)». En el marco de las medidas de prevención y planificación, y de acuerdo con el PLABEN, incide en las actuaciones en el exterior de la central nuclear con el objetivo de asegurar la más completa operatividad de los PEN y garantizar la seguridad de la población mediante la puesta en práctica de las adecuadas medidas de protección, así como el mantenimiento de los cauces que sirvan de enlace entre las autoridades competentes.
Como es lógico, las graves consecuencias que se pueden derivar de los accidentes en las centrales nucleares no conocen de los límites territoriales de las comunidades autónomas. Esta circunstancia ha sido puesta de relieve por el Tribunal Constitucional (STC 133/1990, de 19 de julio) cuando señala que la situación de emergencia que se contempla en el PLABEN es «la relativa a accidentes nucleares en instalaciones nucleares de potencia con posibles repercusiones en el exterior, lo cual constituye un supuesto en el que puede verse afectado el interés nacional, con una dimensión supraautonómica».
Por tanto, resulta evidente que es necesaria la coordinación de todas las Administraciones Públicas en esta materia, ya sea para ofrecer una respuesta, ya sea en un papel de prevención, que es lo que persigue el objetivo de esta línea de subvenciones.
Por lo que se refiere a las subvenciones o ayudas, la jurisprudencia constitucional ha respaldado la legitimidad de la intervención estatal con las SsTC 13/1992, de 6 de febrero, y 16/1996, de 1 de febrero. En efecto, el Tribunal Constitucional entiende que «el Estado tiene competencia en materia de protección civil (artículo 149.1.29 CE), concurrente con la que ostentan las comunidades autónomas, en los términos que declaró la STC 133/1990, lo que le permite, entre otras cosas, movilizar recursos en caso de emergencia cuando concurra un interés nacional o sea precisa una coordinación o dirección nacional de todas las Administraciones afectadas, por el alcance y dimensión de la emergencia».
De esta forma, el ejercicio de competencias estatales se encuentra plenamente justificado por cuanto la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva en esta materia. Por este mismo motivo, las subvenciones en este ámbito deben tener un carácter uniforme y general para todo el territorio nacional, a fin de garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios y asegurando, del mismo modo, la efectividad de los Planes de Emergencia Nuclear en casos de accidentes que requieran la aportación de medios y recursos a un nivel superior al autonómico.
Por otro lado, la coordinación con las Administraciones Locales se rige por lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, sin que las funciones de coordinación puedan afectar en ningún caso a la autonomía de las entidades locales.
Expuestos los aspectos competenciales y materiales básicos, la aplicación de esta línea de subvención se efectúa mediante el régimen ordinario de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La competencia para la concesión de las subvenciones reside en el Ministro del Interior, para lo cual resulta necesario aprobar previamente unas bases reguladoras mediante esta orden, según lo establecido en el artículo 17 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Esta orden establece el objeto de la línea de subvención, así como los beneficiarios a que va destinada, a saber, entidades locales correspondientes a los municipios designados como «municipios zona I» y aquellos que son «Sedes de Estaciones de Clasificación y Descontaminación» (ECD) o «Áreas Base de Recepción Social» (ABRS) en los PEN.
Se regulan las actuaciones subvencionables, las cuantías máximas que pueden concederse por beneficiario, el porcentaje de financiación para determinadas infraestructuras que ya han sido objeto de especial atención durante periodos precedentes, el procedimiento de tramitación y los criterios de valoración de las solicitudes, en aras de garantizar de forma objetiva un orden de prelación entre las solicitudes presentadas.
Asimismo, se regula la composición de la Comisión de Valoración, como órgano colegiado constituido en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias; y se determina que el abono de las...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba