Ley 4/1984, de 13 de junio, de Hacienda publica de la Generalidad Valenciana.

La Hacienda de la Generalidad está constituida por los ingresos siguientes:

1. El rendimiento de los impuestos establecidos por la Generalidad.

2. El rendimiento de los tributos cedidos por el Estado.

3. Un porcentaje de participación de la recaudación total del Estado por impuestos no cedidos, incluidos los monopolios fiscales.

4. El rendimiento de las tasas, ya sean de creación propia o como consecuencia de la transferencia de servicios estatales.

5. Contribuciones especiales que establezca la Generalidad en el ejercicio de sus competencias.

6. Recargo sobre impuestos estatales.

7. Ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial, en el caso de que ello proceda.

8. Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

9. Ingresos procedentes de emisión de deuda o de cualquier recurso al crédito.

10. Rendimiento del patrimonio de la Generalidad.

11. Ingresos de derecho privado.

12. Subvenciones.

13. Multas o sanciones que imponga en el ámbito de sus competencias.

Los ingresos de la Generalidad y de las entidades autónomas y empresas públicas dependientes de aquélla se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca la afectación de algunos recursos a finalidades determinadas.

La administración de los ingresos de la Hacienda de la Generalidad corresponde al Consejero de Economía y Hacienda y los de las entidades autónomas a sus Presidentes o Directores, salvo que careciesen de personalidad jurídica propia, en cuyo caso su administración corresponde también al Consejero de Economía y Hacienda.

1. Las personas o entidades que tengan a su cargo la administración de los ingresos de la Generalidad dependerán del Consejero de Economía y Hacienda o de las correspondientes entidades autónomas en relación a la gestión, libramiento o oplicación y a la rendición de las cuentas respectivas.

2. Los rendimientos e intereses atribuidos al patrimonio o a los caudales de la Generalidad o de sus entidades autónomas, por cualquier concepto, serán íntegramente contabilizados en una cuenta específica del respectivo presupuesto.

3. Estarán obligados a la prestación de fianza los funcionarios, entidades o particulares que manejen o custodien fondos o valores públicos, en la cuantía y forma que determinen las disposiciones reglamentarias.

1. La gesión, incluidas todas las fases del procedimiento de los tributos propios de la Generalidad y, en su caso, de los impuestos estatales recaudados en la Comunidad Valenciana y de los recargos sobre impuestos estatales, se ajustará a las disposiciones del Estatuto de Autonomía, a las Leyes de Cortes Valencianas, a los Reglamentos que aprueba el Consejo y a las normas de desarrollo dictadas por el Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de la aplicación de las disposines estatales en todos aquellos casos en que sea procedente. En el caso de los tributos cedidos se ajustarán a lo que disponga la Ley de cesión.

2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda organizar los servicios de gestión, recaudación, liquidación e inspección y revisión en materia tributaria de competencias de la Generalidad.

1. No se podrán enajenar, gravar, ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda de la Generalidad, salvo en los supuestos establecidos por las leyes.

2. Tampoco se concederán exacciones, perdones, rebajas, ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Autónoma, salvo en los casos y en la forma que determinen especialmente las leyes.

3. No se podrán transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda de la Generalidad, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten acerca de los mismos, sino mediante Decreto acordado por el Consejo.

1. La Hacienda de la Generalidad Valenciana gozará de las prerrogativas establecidas legalmente para el cobro de los tributos y cantidades que, como ingresos de derecho público, deba percibir y actuará de acuerdo con el procedimiento administrativo correspondiente.

2. Las certificaciones acreditativas del descubierto ante la Hacienda de la Generalidad de las deudas correspondientes a los derechos referidos en el apartado anterior, expedidos por los funcionarios competentes, constituirán título suficiente para iniciar la vía de apremio y tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial contra los bienes y derechos de los deudores.

3. El procedimiento de apremio no se suspenderá, cualquiera que sea la impugnación formulada, si no se realiza el pago de la deuda tributaria, se garantiza con aval bancario suficiente o se consigna su importe.

   No obstante, cuando se produzca reclamación por tercería de dominio en otra acción de carácter civil, se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes o derechos controvertidos, una vez que se haya llevado a efecto su embargo y anotación preventiva, en su caso, en el Registro público correspondiente. El auto judicial por el que se tenga por solicitada la suspensión de pagos del deudor no impedirá la prosecución de los procedimientos de apremio.

4. Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución, ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes en general de la Hacienda de la Generalidad. Las deudas de la Generalidad no podrán ser exigidas por el procedimiento de apremio.

1. Las cantidades adeudadas a la Hacienda de la Generalidad Valenciana, por los conceptos comprendidos en este capítulo, devengarán intereses de demora desde el día siguiente al de su vencimiento.

2. El tipo de interés aplicable será el básico del Banco de España vigente el día del vencimiento de la deuda.

1. Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirán a los cinco años los derechos de la Generalidad:

   1. Reconocer y liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día que el derecho pudo ejercitarse.

   2. A recaudar los créditos reconocidos o liquidados, contándose desde la fecha de su notificación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.

2. La prescripción regulada en el apartado anterior quedará interrumpida por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del deudor y conducente al reconocimiento, liquidación o cobro de los derechos, así como por la interposición de cualquier clase de reclamación o de recursos y por cualquier actuación del deudor conducente al pago o liquidación de la deuda.

3. Los derechos declarados prescritos serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente, en el que se definirán las responsabilidades en que puedan haber incurrido los funcionarios encargados de la gestión.

1. Las obligaciones económicas de la Generalidad y de las entidades autónomas nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derechos, las generan.

2. Las obligaciones de pago solamente serán exigibles cuando resulten de la ejecución de su presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de tesorería legalmente autorizadas.

3. Si estas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios a la Generalidad, el pago no podrá realizarse hasta que el acreedor no haya cumplido o garantizado su correlativa obligación.

1. Las resoluciones judiciales que establezcan obligaciones a cargo de la Generalidad o de sus entidades autónomas se cumplirán puntualmente en los términos por ellas establecidos.

2. Si no hubiese consignación presupuestaria o la existente fuera insuficiente para ello se solicitará de las Cortes un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, debiéndose ejecutar la sentencia, en todo caso, dentro de los tres meses siguientes a su notificación.

3. El acreedor tendrá derecho al cobro de intereses desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial, calculados según el tipo básico del Banco de España vigente en dicho día.

1. El derecho al reconocimiento, liquidación y pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas prescribirá a los cinco años, contados desde el nacimiento de las obligaciones o desde su reconocimiento o liquidación respectivas.

2. La exigencia de los acreedores legítimos o de sus derechohabientes, a través de la presentación de los documentos justificativos de su derecho, determinará el nuevo inicio del plazo de prescripción.

3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda de la Generalidad Valenciana que hayan prescrito serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.

1. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la resolución de las tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio y su interposición en vía administrativa será requisito previo para que puedan ejercitarse ante los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, en materias de competencia de la Generalidad.

2. Igualmente compete al Consejero de Economía y Hacienda la resolución de las reclamaciones previas a la vía judicial en cuestiones de propiedad.

1. Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Generalidad de los que puedan derivarse derechos y obligaciones de contenido económico o mercantil, de fondos o valores, se intervendrán de acuerdo con esta Ley y con sus disposiciones complementarias o supletorias.

2. No estarán sujetas a las disposiciones del presente título las Cortes Valencianas que, en su caso, justificarán su gestión directamente al Tribunal de Cuentas.

La Intervención de la Generalidad, con plena autonomía respecto de los órganos y Entidades sujetas a fiscalización, tendrá la naturaleza de:

1. Centro de control interno.

2. Centro de control financiero.

3. Centro directivo de la contabilidad pública atribuida a la Generalidad.

1. La función interventora interna tiene como objeto controlar todos los actos, documentos y expedientes de la Generalidad que determinen el reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de los mismos deriven y la recaudación y aplicación de los fondos públicos.

2. El ejercicio de la función interventora comprenderá:

   1. La intervención crítica y previa de todos los actos y expedientes susceptibles de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores.

   2. La intervención formal de la ordenación de pagos.

   3. La intervención material de los pagos.

   4. La intervención de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y servicios, incluyéndose también su examen documental.

   5. La interposición de recursos y de reclamaciones en los casos previstos por las Leyes.

   6. La solicitud al órgano u órganos competentes, cuando lo requiera la naturaleza del acto, documento o expediente sujeto a intervención, de los asesoramientos procedentes, así como de los antecedentes necesarios para el mejor ejercicio de la función interventora.

   7. La comprobación periódica del grado de cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos, así como la evaluación de la correcta gestión de los recursos públicos.

3. Las competencias atribuidas a la intervención y al desarrollo de la función interventora se ejercerá, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, por los lnterventores de la Generalidad.

En el caso de que la Intervención discrepase en el fondo o en la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, formulará sus objeciones por escrito. Si la disconformidad se refiriese al reconocimiento o a la liquidación de derechos a favor de la Hacienda de la Generalidad, formulará la correspondiente nota de objeción y si subsistiese la discrepancia podrá interponer el recurso o la reclamación que sea procedente.

Si la objeción afectase a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, la Intervención suspenderá mientras no se resuelva la tramitación del expediente en los casos siguientes:

1. Cuando el crédito sea insuficiente o inadecuado.

2. Cuando existan irregularidades que no puedan corregirse en la documentación justificativa de las órdenes de pago o cuando los derechos del perceptor no se justifiquen cumplidamente.

3. Cuando a juicio de la misma falten requisitos esenciales en el expediente o cuando se estime la posibilidad de graves pérdidas económicas, si el expediente continúa gestionándose.

4. Cuando la objeción derive de comprobación material de obras, suministros, adquisiciones o servicios.

1. Si el órgano afectado por la objeción no estuviese de acuerdo se procederá de la manera siguiente:

   1. Si la discrepancia la formula una Intervención Delegada, resolverá la Intervención General.

   2. Si se mantiene la discrepancia o ésta ha sido formulada por la misma Intervención General, deberá resolver el Consejo.

2. La Intervención podrá emitir informe favorable cuando los requisitos o trámites exigidos no sean esenciales, pero la eficacia del acto se condicionará al cumplimiento de los citados requisitos.

No se sujetarán a intervención crítica y previa los gastos de material no inventariable, así como los de carácter periódico y otros de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto inicial del acto o contrato del que derive o sus modificaciones.

1. Corresponde a la Intervención General el establecimiento y dirección de un sistema de contabilidad analítica que permita rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión, así como facilitar los datos que sobre el costo de los servicios sean precisos para la elaboración de una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.

2. El control se ejercerá por la Consejería de Economía y Hacienda a través de la Intervención General, correspondiendo a las Consejerías gestoras proporcionar la información necesaria para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos programados.

Las disposiciones de los artículos 52 a 58 se aplicarán al desarrollo de la función interventora en las Entidades Autónomas de carácter administrativo dependientes de la Generalidad.

1. El control de carácter financiero en las Entidades Autónomas de naturaleza mercantil, industrial y financiero o análogo y en las Empresas públicas de la Generalidad se efectuará mediante procedimiento de auditorías, en sustitución de la intervención previa de las operaciones correspondientes y tendrán como objeto comprobar el funcionamiento económico-financiero de las Entidades autónomas o Empresas públicas de que se trate.

2. Las citadas auditorías se efectuarán siguiendo las directrices de la Intervención General y de acuerdo con las normas siguientes:

   1. Anualmente con referencia al ejercicio anterior. El informe de la auditoría deberá entregarse antes del 30 de abril siguiente.

   2. Sin fecha prefijada, por orden de la Intervención General. Ello no obstante, las Entidades y Empresas a que se refiere el apartado uno de este artículo podrán solicitar la realización de otras auditorías, que se llevarán a cabo siempre que el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General, lo considere oportuno.

3. Las entidades públicas, empresas societarias y las personas que gocen de subvenciones corrientes, préstamos, avales y otras ayudas de la Generalidad o, en su caso, de las entidades autónomas y empresas dependientes de aquélla, se sujetarán a control financiero, mediante la correspondiente auditoría realizada bajo la dirección de la Intervención General.

La Generalidad y las entidades autónomas y empresas públicas se sujetan al régimen de contabilidad pública en los términos previstos por esta Ley.

1. La sujeción al régimen de contabilidad pública conlleva la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas a través de la Intervención General.

2. Lo previsto en el apartado anterior se aplicará también al empleo de transferencias corrientes o de capital, con independencia de quienes sean sus perceptores.

Es competencia del Consejero de Economía y Hacienda la organización de la contabilidad pública al servicio de las siguientes finalidades:

1. Registrar la ejecución del presupuesto de la Generalidad.

2. Conocer el movimiento y situación de tesorería.

3. Reflejar las variaciones, la composición y la situación del patrimonio de la Generalidad, de las entidades autónomas, de las empresas públicas y de las empresas vinculadas a la Generalidad.

4. Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la Cuenta General de la Generalidad, así como de las otras cuentas, estados y documentos que hayan de elaborarse o entregarse a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas.

5. Facilitar los datos y demás antecedentes necesarios para la confección de las cuentas económicas del sector público.

6. Facilitar la información económica y financiera necesaria para la adopción de decisiones por parte del Consejo y de la Administración.

La Intervención General es el centro directivo de la contabilidad pública, al que corresponde:

1. Someter a la decisión del Consejero de Economía y Hacienda el Plan General de Contabilidad, al que se adaptarán las corporaciones, organismos y demás entidades incluidas en el sector público de la Comunidad, según sus características, con la debida coordinación y articulación con el Plan General de Contabilidad del Estado.

2. Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria con vistas a la determinación de la estructura, justificación, tramitación, rendición de cuentas y demás documentos relativos a la contabilidad pública.

3. Aprobar los planes parciales o especiales de contabilidad pública que se elaboren de conformidad con el Plan General.

4. Inspeccionar la contabilidad de las entidades autónomas y empresas públicas y dirigir las auditorías de las empresas vinculadas a la Generalidad, que deberán realizarse anualmente.

En calidad de Centro gestor de la contabilidad pública corresponde a la Intervención General:

1. Elaborar la Cuenta General de la Generalidad.

2. Preparar y examinar, formulando las observaciones procedentes, las cuentas que hayan de rendirse a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas.

3. Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos sujetos a examen crítico.

4. Centralizar la información derivada de la contabilidad de las corporaciones, organismos y entidades que integran el sector público de la Generalidad.

5. Elaborar las cuentas del sector público de la Generalidad de forma compatible con el sistema de cuentas nacionales seguidas por el Estado.

6. Vigilar e impulsar la actividad de las Oficinas de Intervención y Contabilidad existentes en todas las Consejerías, entidades autónomas y empresas públicas de la Generalidad.

7. Coordinar la planificación contable de las empresas vinculadas a la Generalidad.

Las cuentas y la documentación que se haya de rendir a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas se formalizarán y cerrarán por períodos mensuales, excepto las correspondientes a las entidades autónomas, empresas públicas y empresas vinculadas a la Generalidad, que se realizarán anualmente, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio.

La contabilidad pública se someterá a verificación ordinaria o extraordinaria por medio de funcionarios dependientes de la Intervención General y de los que, en su caso, designen la Sindicatura de Cuentas o el Tribunal de Cuentas.

1. La Consejería de Economía y Hacienda remitirá trimestralmente a la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas, para su información y documentación, el estado de ejecución del Presupuesto de la Generalidad y de sus modificaciones, así como los movimientos y situación de tesorería, todo ello referido al trimestre anterior.

2. Asimismo, hará público el «Diario Oficial de la Geneneralidad Valenciana» los resúmenes de los estados mensuales de ejecución presupuestaria y movimiento y situación de tesorería.

1. La Cuenta General de la Generalidad incluirá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería realizadas durante el ejercicio por la Generalidad y las entidades autónomas y Empresas públicas, realizándose con los documentos siguientes:

   1. Cuenta de la Administración de la Generalidad.

   2. Cuenta de las Entidades autónomas de carácter administrativo.

   3. Cuenta de las Entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo.

   4. Cuenta de las Empresas públicas.

2. A la Cuenta General se unirán las Cuentas generales de las Diputaciones Provinciales.

3. También se acompañará cualquier otro estado contable que se determine en los Reglamentos, así como los que fijen en movimiento la situación de los avales concedidos por la Generalidad.

La cuenta de la Administración de la Generalidad constará de los puntos siguientes:

1. La liquidación del Presupuesto, dividida en tres partes:

   1. Cuadro demostrativo de los créditos autorizados en el estado de gastos y en sus modificaciones, al cual se unirá una copia de las leyes, disposiciones y acuerdos en virtud de los cuales se hubiesen realizado aquéllos.

   2. Liquidación del estado de gastos.

   3. Liquidación del estado de ingresos.

2. Un estado demostrativo de la evolución y situación de los valores pendientes de cobro y de las obligaciones pendientes de pago procedentes de ejercicios anteriores.

3. La Cuenta General de Tesorería, que ponga de relieve la situación de tesorería y las operaciones realizadas por aquélla durante el ejercicio, especificando las que correspondan al Presupuesto vigente y a los anteriores.

4. Un estado relativo a la evolución y situación de los anticipos y operaciones de tesorería a que hacen referencia el artículo 39 de esta Ley.

5. La Cuenta General de Deuda Pública.

6. El resultado del ejercicio con la estructura siguiente:

   1. Los saldos de ejecución del Presupuesto por obligaciones y derechos reconocidos y por pagos e ingresos efectuados.

   2. El déficit o el superávit de tesorería por operaciones presupuestarias, incluyendo las que corresponden al ejercicio vigente y a los anteriores.

   3. La variación de los activos y pasivos de la Hacienda de la Generalidad derivada de las operaciones corrientes y de capital.

7. Un estado demostrativo de las situaciones de las inversiones con especificación de su incidenica comarcal.

8. Una Memoria justificativa de los costes y de los rendimientos de los servicios públicos, así como del grado de cumplimiento de los objetivos programados en este sentido.

9. Un estudio de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros de acuerdo con la autorización contenida en el artículo 29 de esta Ley, con indicación de los ejercicios a los que haya de imputarse.

10. Un estado que refleje la evolución y la situación de los recursos locales e institucionales administrados por la Generalidad.

Las cuentas a que hacen referencia los apartados a, b, c y d del artículo 69 las elaborará la Intervención General, que dispondrá para ello de las cuentas de cada una de las Entidades autónomas y Empresas públicas y de los demás documentos que se hayan de presentar a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas.

1. Integran la tesorería de la Generalidad todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, ya sean dineros, valores o créditos de la Generalidad y de las Entidades autónomas.

2. Los efectivos de tesorería y las variaciones de cifras están sujetas a intervención y han de registrarse según las normas de la contabilidad pública.

La tesorería cumple las funciones siguientes:

1. Recaudar los ingresos y pagar las obligaciones de la Generalidad.

2. Aplicar el principio de unidad de caja a través de la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

3. Distribuir temporal y territorialmente las disponibilidades dinerarias para la satisfacción puntual de las obligaciones de la Generalidad.

4. Procurar el grado de liquidez suficiente para que la Generalidad pueda cumplir sus obligaciones.

5. Responder de los avales prestados por la Generalidad.

6. Cualquier otra que derive o que se relacione con las anteriores.

1. La Tesorería de la Generalidad depositará los fondos públicos en las Entidades de crédito y ahorro que operen en la Comunidad Valenciana, preferentemente en el Banco de España, en las Entidades oficiales de crédito y en las Cajas de Ahorro con implantación en la Comunidad.

2. El régimen de autorizaciones para la situación de fondos de la naturaleza de las cuentas de control y disposición de los fondos y de los servicios de colaboración a concertar con las Entidades indicadas en el párrafo anterior se determinará reglamentariamente.

1. Los fondos de las Entidades autónomas de la Generalidad se depositarán en la Tesorería de la Generalidad, debiendo anotarse a efectos contables su procedencia.

2. Ello no obstante, las Entidades autónomas, cuando así lo aconseje la naturaleza de las operaciones que desarrollen o el efecto que hayan de producir, podrán abrir y utilizar cuentas en las Entidades crediticias y de ahorro de la Comunidad, previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda.

1. Los ingresos a favor de Tesorería podrán realizarse en el Banco de España, en las cajas de Tesorería y en las Entidades de crédito colaboradoras de ésta.

   Se admitirá como forma de pago la entrega de dinero en efectivo, giros, transferencias, cheques o cualquier otro medio o documento de pago, bancario o no, que figure autorizado reglamentariamente.

2. La Tesorería podrá pagar sus obligaciones por cualquiera de los medios a que se refiere el apartado anterior.

El déficit de Tesorería derivado de la diferencia entre el vencimiento de sus pagos y de sus ingresos se podrá satisfacer:

1. Con anticipos del Banco de España, siempre que así se acuerde mediante el correspondiente convenio con éste.

2. Mediante el concierto de operaciones de Tesorería con Entidades de crédito o ahorro, con las limitaciones previstas en el artículo 39 de esta Ley.

3. Con el producto de la emisión de Deuda de Tesorería, en los términos previstos en esta Ley.

La Tesorería elaborará un plan anual de vencimiento de obligaciones y derechos, a fin de prever los déficit de Tesorería que puedan producirse en el desarrollo del ejercicio económico.

La Tesorería deberá rendir cuenta de las operaciones y de la aplicación de los fondos públicos efectuadas, en los plazos y en la forma que reglamentariamente se determine.

1. Las garantías otorgadas por la Generalidad deberán recibir necesariamente la forma de avales de Tesorería, que serán autorizados por el Consejo, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda. Los acuerdos de autorización deberán publicarse en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana».

2. Los avales prestados a cargo de la Tesorería reportarán a su favor la comisión que por cada operación determine el Consejo, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda.

3. Los avales se documentarán en la forma que reglamentariamente se determine y se firmarán por el Consejero de Economía y Hacienda.

4. La Tesorería de la Generalidad responderá de las obligaciones de amortización y del pago de intereses si así se estableciera, solamente en el caso de incumplir las obligaciones avaladas el deudor principal. Podrá renunciarse al beneficio de excusión establecido en el artículo 1.830 del Código Civil sólo en el supuesto de que los beneficiarios de los avales fuesen Entidades autónomas o Corporaciones locales.

1. La Generalidad podrá avalar las operaciones de crédito concedidas por Entidades de crédito legalmente establecidas a Entidades autónomas, Corporaciones locales y Empresas públicas y prestar un segundo aval sobre las Empresas privadas avaladas por una Sociedad de garantía recíproca. El importe total de los avales a prestar en cada ejercicio se fijará en la correspondiente Ley del Presupuesto de la Generalidad.

2. El Sonsejo regulará las características de concesión de los avales mediante un Decreto en el que se haga referencia necesariamente al tipo de operaciones que se desea avalar, al tipo de Empresas y al porcentaje que, cada una, podrá obtener como aval, de la cuantía global fijada por la Generalidad para tal fin.

3. La Intervención facilitará una relación de Empresas financiadas con créditos avalados por la Generalidad con el fin de conocer en cada momento su aplicación.

4. Trimestralmente, el Consejero de Economía y Hacienda rendirá cuentas ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas, acerca de las incidencias que se hayan producido en la concesión, redacción y cancelación de avales y, en su caso, de los riesgos efectivos a que la Generalidad deba hacer frente directamente, como consecuencia de su función de avalista.

Las Entidades autónomas y Empresas públicas podrán prestar avales, dentro del límite máximo fijado con esta finalidad por la Ley de Presupuestos para cada ejercicio, a las Entidades o Empresas siempre que la respectiva norma de creación les autorice a efectuar este tipo de operaciones y se trate de Sociedades mercantiles en cuyo capital participen aquéllas, en los términos de la disposición transitoria tercera. Deberán rendirse cuentas a la Consejería de Economía y Hacienda por cada uno de los avales que concedan.