REAL DECRETO 396/1996, de 1 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre Procedimiento para la Imposicion de Sanciones por infracciones en el Orden social y Para la Extension de actas de Liquidacion de Cuotas de la Seguridad social.

Se entiende por actividad inspectora previa al procedimiento sancionador, a los efectos del presente Reglamento, el conjunto de actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social destinadas a comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales en el orden social, de las que puede derivar la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador o liquidatorio, la extensión de un requerimiento o de una advertencia para la corrección de las deficiencias observadas, o de una orden de paralización de trabajos y, en su caso, la ordenación de medidas de carácter provisional que fuesen necesarias.

1. Las actuaciones previas de comprobación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán iniciarse:

   1. Por propia iniciativa del Inspector de Trabajo y Seguridad Social según lo determinado en las disposiciones vigentes en materia de inspección.

   2. Por orden de la autoridad laboral competente a través de la Jefatura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

   3. Por orden de servicio de la Jefatura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en aplicación de los planes, programas y directrices sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, referida a ámbitos, actividades o empresas determinadas.

   4. A petición razonada de cualquier órgano jurisdiccional o de la administración que haya tenido conocimiento de conductas o hechos que pudieran constituir infracción, bien ocasionalmente o bien en el desempeño de sus cometidos propios.

      Las peticiones deberán especificar la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa así como la fecha o fechas en que los hechos se produjeron.

      Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Fondo de Garantía Salarial y el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, se considerarán a estos efectos colaboradores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debiendo ser informados, en su caso, del resultado de la actuación de esta.

      Los servicios técnicos de las distintas Administraciones públicas que tengan atribuidas competencias en materia de prevención de riesgos laborales, colaborarán con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social informando de las irregularidades detectadas que pudieran entrañar peligro para la salud e integridad física de los trabajadores.

   5. Por denuncia de hechos presuntamente constitutivos de infracción en el orden social.

      El escrito de denuncia deberá contener, además de los datos de identificación personal del denunciante y su firma, los hechos presuntamente constitutivos de infracción, fecha y lugar de acaecimiento de los mismos, identificación de las personas presuntamente responsables y demás circunstancias relevantes.

2. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar la actuación inspectora.

   Las denuncias que se estimen infundadas o que no contengan los requisitos del párrafo e) del apartado anterior podrán archivarse sin más trámite por la Jefatura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

   No se considerará al denunciante interesado en la actuación administrativa que se inicia a raíz de la denuncia, ni legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de la misma.

3. Cuando la actuación previa de comprobación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se haya iniciado según lo determinado en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1 del presente artículo, deberá informarse, por escrito, de la iniciación o no del procedimiento sancionador, en los caso en que se hubiese solicitado dicha iniciación.

La actividad inspectora previa al procedimiento sancionador se realizará por los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Cuerpo Nacional, de conformidad a lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 8/1988, de acuerdo con las funciones y cometidos que les asignan sus normas reguladoras.

Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Controladores Laborales realizarán bajo las directrices y órdenes de los órganos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la actividad inspectora previa al procedimiento sancionador, de acuerdo con los cometidos que les asignan sus normas reguladoras.

La actividad inspectora podrá realizarse:

1. Por medio de visita a los centros y lugares de trabajo.

2. Por requerimiento a los empresarios y demás sujetos responsables a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, para que comparezcan ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o aporten documentos o informes necesarios para el esclarecimiento de los hechos objeto de la actividad inspectora y relacionados con el cumplimiento de las disposiciones de orden social.

3. Por comprobación o expediente administrativo que acredite la existencia de los hechos o conductas presuntamente constitutivas de infracción.

4. En virtud de los hechos comprobados por los Controladores Laborales.

5. A través de cualquier otro medio legalmente admitido que se considere idóneo para la comprobación de los hechos presuntamente constitutivos de infracción.

1. En la realización de las funciones inspectoras deberá comprobarse la veracidad de los datos que hayan sido aportados o descubiertos, recurriendo para ello a los medios de comprobación ordinarios, tales como examen de libros y documentos, observación ocular, testimonios y cuantos medios de constatación resulten adecuados.

2. Al efectuar una visita de inspección, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social deberá notificar su presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, a menos que considere que dicha comunicación puede perjudicar el éxito de sus funciones.

   Asimismo, deberá notificar su presencia a los representantes sindicales, cuando la actuación derive de una reclamación que afecte a un afiliado y éste así lo autorice, a menos que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.

3. Al finalizar la actuación, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social dejará constancia del resultado de la misma mediante sucinta diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo.

1. Los Controladores Laborales podrán realizar las actuaciones de apoyo, colaboración y gestión a la labor inspectora y a la actividad inspectora previa, en virtud de las órdenes de servicio de los órganos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, referidas a ámbitos, actividades o empresas determinadas:

   1. Por medio de visita a los centros y lugares de trabajo.

   2. Por requerimiento a los empresarios y demás sujetos responsables a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento para que comparezcan ante los órganos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o aporten documentos que estimen pertinentes y guarden relación con las facultades a ellos encomendadas.

   3. Por comprobación o expediente administrativo que acredite la existencia de los hechos o conductas presuntamente constitutivas de infracción, en relación con las facultades a ellos encomendadas.

2. En la realización de sus actuaciones los Controladores Laborales deberán comprobar la veracidad de los datos que hayan sido aportados o descubiertos, recurriendo para ello a los medios de prueba ordinarios, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas en sus normas reguladoras.

Cuando la actuación se realice mediante visita, en materia de prevención de riesgos laborales, a los centros y lugares de trabajo, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su representante, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de la misma y formularle las observaciones que estimen pertinentes, a menos que el funcionario actuante estime que ello puede perjudicar el éxito de sus funciones.

1. El Inspector de Trabajo y Seguridad Social actuante, una vez finalizada la actuación inspectora, valorados sus resultados, y constatada, en su caso, la existencia de hechos constitutivos de infracción a las leyes sociales, adoptará alguna de las siguientes medidas:

   1. Dar por finalizadas las actuaciones por no haber comprobado la existencia de incumplimientos de las normas de orden social.

   2. Formular advertencia o recomendación para lograr el más efectivo cumplimiento de las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada la Inspección.

   3. Formular requerimiento en materia de prevención de riesgos laborales.

   4. Iniciar el correspondiente procedimiento sancionador mediante la extensión de acta por las infracciones comprobadas o por obstrucción a la labor inspectora a efectos de la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.

   5. Extender actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social en los supuestos que procedan.

   6. Ordenar la inmediata suspensión o paralización cautelar de los trabajos o tareas que impliquen un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores.

   7. Instar la actuación del órgano competente para declarar, en vía administrativa, el recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad e higiene, cuando dicha falta sea la causa productora del accidente o de la enfermedad profesional.

   8. Proponer, para las empresas con riesgo de enfermedades profesionales, primas adicionales a la cotización de accidentes de trabajo, en relación a la peligrosidad de la industria o clase de trabajo y a la eficacia de las medidas de prevención empleadas.

2. Cuando los hechos constitutivos de infracción hayan sido constatados por un Controlador Laboral, en materias de su competencia, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social podrá, tras la correspondiente valoración y calificación de la actuación realizada, proceder a extender acta de infracción.

   El Controlador Laboral podrá, asimismo, y cuando proceda, extender actas de liquidación por débitos a la Seguridad Social, de conformidad con el procedimiento establecido.

3. En los supuestos d), e), f), g) y h) del apartado 1 y del apartado 2 de este artículo, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social deberán incorporar al expediente que se instruya los elementos de convicción de que ha dispuesto en su actuación, describiendo, con la necesaria precisión, los medios utilizados para el esclarecimiento de los hechos u omisiones en que fundamente su decisión y para la determinación del sujeto o sujetos responsables.

1. El Inspector de Trabajo y Seguridad Social tiene la facultad de advertir o recomendar previamente, en vez de iniciar el procedimiento sancionador, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen y siempre que no se deriven daños ni perjuicios directos a los trabajadores, dando cuenta de sus actuaciones a la autoridad laboral competente.

   La advertencia previa o la recomendación se comunicará por escrito al sujeto responsable señalando las anomalías, irregularidades o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación, bajo apercibimiento de que si no se corrige dentro del mismo se procederá a extender la correspondiente acta de infracción.

2. La advertencia o recomendación podrán formalizarse mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas en los términos del artículo 43 de la Ley 31/1995.

   Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos.

2. El requerimiento podrá formalizarse mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Inspector de Trabajo y Seguridad Social tiene la facultad de ordenar la inmediata paralización de los trabajos o tareas que impliquen un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores. En tal supuesto comunicará a la empresa la medida de suspensión cautelar adoptada, por escrito mediante notificación formal o diligencia en el libro de visitas, señalando las anomalías que determinen la suspensión y dando cuenta inmediata de la misma a la autoridad laboral competente.

La empresa responsable pondrá la medida en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Comité de Seguridad y Salud, del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los representantes del personal y adoptará las medidas oportunas para hacer efectiva la paralización ordenada. La empresa responsable dará cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación.

La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la medida, podrá impugnarla ante la autoridad laboral competente en el plazo de tres días hábiles.

La autoridad laboral resolverá la impugnación formulada en el plazo máximo de veinticuatro horas, que será susceptible del recurso ordinario correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.

El incumplimiento por parte de las empresas de las decisiones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de las resoluciones de la autoridad laboral en materia de paralización de trabajos que no cumplan las normas de seguridad e higiene se equiparará, respecto de los accidentes de trabajo que en tal caso pudieran producirse, a falta de formalización de la protección por dicha contingencia de los trabajadores afectados, con independencia de la responsabilidad o sanción a que diera lugar.

La paralización o suspensión de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la hubiera decretado, o por el empresario, tan pronto como se subsanen las causas que lo motivaron, debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

1. El Inspector de Trabajo y Seguridad Social, una vez constatados los hechos constitutivos de infracción en el orden social, procederá a extender acta de infracción en los términos y condiciones establecidos en el capítulo III de este Reglamento.

2. Las actas de infracción promovidas por los Controladores Laborales, en materias de su competencia y dentro de su ámbito de actuación, se formalizarán con el requisito esencial de su verificación por un Inspector de Trabajo y Seguridad Social, a quien corresponderá determinar la procedencia y el importe de la sanción a proponer, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 8/1988 y desarrollados en este Reglamento.

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como consecuencia del resultado de la actividad inspectora previa, que se extenderá y tramitará de acuerdo con lo establecido en los artículos de este capítulo.

El procedimiento de imposición de sanciones, leves y graves, a los trabajadores y beneficiarios de prestaciones, a que se refieren los artículos 46 y 51.2 de la Ley 8/1988, se iniciará directamente por la correspondiente entidad gestora, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VII de este Reglamento.

1. Las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social habrán de reflejar:

   1. Nombre y apellidos o razón social, domicilio, actividad, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal, número de cuenta de cotización a la Seguridad Social y, en su caso, número de identificación de autónomos, del presunto sujeto infractor. En los supuestos en que exista responsable subsidiario o solidario, se hará constar tal circunstancia, fundamentación jurídica de su presunta responsabilidad y los mismos datos exigidos para el sujeto responsable directo.

   2. Los hechos comprobados por el Inspector o por el Controlador Laboral actuante, destacando los relevantes a efectos de la tipificación de la infracción, describiendo con la necesaria precisión los medios utilizados para el esclarecimiento de los hechos u omisiones en que se fundamenta el levantamiento del acta y las disposiciones infringidas con expresión del precepto vulnerado, expresando si lo han sido por visitas, comparecencia o expediente administrativo y los criterios en que se fundamenta la graduación de la propuesta de sanción.

   3. La infracción o infracciones presuntamente cometidas, con expresión del precepto vulnerado y su calificación.

   4. Número de trabajadores de la empresa y número de trabajadores afectados por la infracción, cuando tal requisito sirva para graduar la sanción o, en su caso, calificar la infracción.

   5. La propuesta de sanción, su graduación y cuantificación, que será el total de las sanciones propuestas. Se incluirán expresamente las sanciones accesorias que procedan.

   6. Organo instructor del expediente al que debe dirigirse el escrito de alegaciones o, en su caso, Secretario de dicho organismo, plazo para su interposición, y órgano administrativo competente para resolver el expediente y norma que atribuye tal competencia.

   7. Indicación del funcionario que levanta el acta de infracción y firma del mismo y, en su caso, del Controlador Laboral que la promueve.

   8. Fecha del acta de infracción.

2. Cuando el Inspector estimase que son necesarias medidas de carácter provisional necesarias para asegurar la eficacia de la resolución y evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción, de conformidad con los artículos 72 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 15 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, dichas medidas deberán reflejarse en el acta.

   Las medidas que se propongan deberán ser proporcionadas a las necesidades y a los objetivos que se pretenden garantizar en cada caso concreto y no causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

3. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social considere que de la presunta infracción se derivan perjuicios económicos para los trabajadores afectados, y a los efectos de lo previsto en el artículo 146, a), del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, podrá incluirlos en el acta consignando, en tal caso, con el debido detalle los requisitos exigidos para la validez de las demandas ante el órgano jurisdiccional social.

4. Las actas de infracción por infracciones graves tipificadas en el artículo 14.1 apartados 2, 4 y 5 de la Ley 8/1988, y en las demás disposiciones complementarias y de desarrollo, que conlleven la expedición de actas de liquidación que se refieran a los mismos hechos, se formalizarán en un documento único a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ajustándose el procedimiento sancionador y liquidatorio a lo establecido en el artículo 45 de este Reglamento.

1. Las actas extendidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tienen naturaleza de documentos públicos.

2. Las actas formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo 21 del presente Reglamento, estarán dotadas de presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en la misma que hayan sido constatados por el Inspector actuante, salvo prueba en contrario.

3. Las actas de infracción promovidas por los Controladores Laborales, así como las actas de liquidación extendidas por los mismos, de conformidad con los cometidos y atribuciones que les confiere el Real Decreto 1667/1986, de 26 de mayo, harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos que hayan sido comprobados por el Controlador Laboral actuante, que se incorporarán necesariamente al acta.

En el caso de que en la actuación inspectora se estimasen varias presuntas infracciones, deberán acumularse en una sola acta las correspondientes a una misma materia, entendiendo por tales las infracciones en materia laboral, las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, las infracciones en materia de seguridad social, las infracciones en materia de empleo y prestaciones de desempleo y las infracciones en materia de emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros. No procederá la acumulación de infracciones en el caso en que proceda la extensión del documento unificado de infracción y liquidación.

En todo caso, las actas serán levantadas teniendo en cuenta la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma respectiva.

1. Calificadas las infracciones en el orden social en leves, grave y muy graves, conforme a la tipificación establecida en la Ley 8/1988 o, en su caso, en otra disposición de igual rango, la graduación de la sanción se efectuará en atención a las circunstancias atenuantes o agravantes de la conducta infractora, que necesariamente se mencionarán en el acta, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

   1. El grado de negligencia o de intencionalidad del sujeto infractor en relación con las acciones u omisiones objeto de la actuación inspectora.

   2. La existencia de fraude a los trabajadores o sus representantes, a la Administración laboral, a las entidades gestoras y colaboradoras o servicios comunes de la Seguridad Social o al Instituto Nacional de Empleo.

   3. La existencia de connivencia entre trabajadores y empresario con la finalidad de simular un comportamiento ajustado a la Ley.

   4. El incumplimiento de advertencias previas y requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

   5. La cifra de negocios de la empresa, el número de trabajadores afectados por la infracción, el perjuicio económico causado o la cantidad defraudada a los trabajadores, a la Seguridad Social o a otros fondos públicos.

   A estos efectos se entenderá por cifra de negocios de la empresa el volumen de facturación anual o el volumen de operaciones realizadas en el último ejercicio.

2. En las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales serán de aplicación los criterios de graduación establecidos en el artículo 49.1 de la Ley 31/1995.

3. Las circunstancias enumeradas en los apartados anteriores no serán valoradas como circunstancias de agravación o atenuación cuando las mismas formen parte del propio ilícito administrativo.

4. Cuando no se consideren relevantes, a estos efectos, ninguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 1 y 2 de este artículo, la sanción se impondrá en la cuantía inferior de su grado mínimo.

5. Cuando la infracción estimada en la actuación inspectora afectase a varios trabajadores, no procederá la multiplicación de la propuesta de sanción por el número de trabajadores afectados salvo que en la tipificación de la infracción se establezca lo contrario. En este último supuesto, el número de trabajadores afectados no será valorado como circunstancia de agravación.

Las sanciones podrán imponerse en los grados mínimo, medio y máximo, de conformidad con la cuantía fijada en el artículo 37 de la Ley 8/1988, y en el artículo 49.4 de la Ley 31/1995.

La cuantía mínima de la sanción correspondiente al grado mínimo de las infracciones leves a que se refiere el artículo 49.4, a), de la Ley 31/1995 será de 5.000 pesetas, de conformidad con la establecida en el artículo 37.2 de la Ley 8/1988 para las faltas leves.

Podrán ser excluidos del derecho a percibir cualquier pensión, prestación económica o ayuda de fomento de empleo, hasta un máximo de un año, los trabajadores y beneficiarios de prestaciones que sean sancionados por la comisión de infracciones muy graves, de acuerdo con el artículo 46.1.3 de la Ley 8/1988; en los mismos términos, los empresarios que hayan percibido ayudas de fomento de empleo, formación ocupacional y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, de acuerdo con el artículo 45.2 de la misma Ley.

El período de exclusión previsto en los artículo 45.2 y 46.1.3 de la Ley 8/1988, se computará desde la fecha de la resolución que confirma la propuesta de sanción.

La reincidencia en la comisión de la infracción exige que se trate de infracciones del mismo tipo y calificación, que la resolución sancionadora de la primera infracción haya adquirido firmeza, y que entre la fecha de la comisión de la primera y de la segunda infracción no haya transcurrido un año.

Si se apreciase reincidencia, la cuantía de las sanciones podrá incrementarse hasta el duplo del grado de la sanción correspondiente a la infracción cometida, sin exceder en ningún caso de la cuantía máxima de la multa establecida para el grado máximo de la falta muy grave.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento sancionador es la unidad administrativa provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad social correspondiente, que designará un instructor para el mismo. Dicha designación deberá recaer en un Inspector de Trabajo y Seguridad Social adscrito a la Inspección provincial, distinto del que levanta el acta, todo ello de acuerdo con la regulación propia de las Comunidades Autónomas.

1. Las actas de infracción serán notificadas al presunto sujeto o sujetos responsables en el plazo de diez días hábiles contados a partir del término de la actuación inspectora, entendiéndose por ésta la de la fecha del acta, advirtiéndoles que podrán formular escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a su notificación, acompañado de la prueba que estimen pertinente, ante el órgano instructor del expediente.

2. Cuando el acta de infracción afecte a trabajadores, beneficiarios de prestaciones, la misma se comunicará a las correspondientes entidades gestoras, a efectos de la tramitación, en su caso, de la suspensión cautelar prevista en el artículo 46.3 de la Ley 8/1988.

3. Las actas de infracción con liquidación por los mismos hechos, se notificarán al presunto sujeto o sujetos responsables, en los términos señalados en el artículo 45 de este Reglamento.

1. Recibida el acta de infracción por el sujeto o sujetos responsables, dispondrá de un plazo de quince días hábiles para formular las alegaciones que estime pertinentes en defensa de su derecho.

   El sujeto o sujetos responsables tendrán derecho a vista de los documentos obrantes en el expediente, sin más excepciones que las necesarias para asegurar la confidencialidad del origen de cualquier queja que les dé a conocer un defecto o infracción de las disposiciones legales, de conformidad con el artículo 15, c), del Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley 39/1962, de 21 de julio, Ordenadora de la Inspección de Trabajo.

   El escrito de alegaciones y los medios de prueba de que intente valerse el sujeto o sujetos responsables serán presentados ante el órgano que instruye el expediente.

2. El órgano instructor llevará a cabo todas las actuaciones que exija la tramitación del expediente sancionador, con los medios de prueba, convicción y cuantos documentos reflejen la actuación inspectora, pudiendo subsanar de oficio o requerir la subsanación de los actos incompletos o defectuosos, mediante la oportuna diligencia, para que se corrija el defecto.

   Desde la recepción del escrito de alegaciones sobre el acta hasta la resolución del expediente, el órgano competente para instruirlo podrá recabar informe a los funcionarios actuantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá emitirse en el plazo de diez días hábiles y practicar las diligencias necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba realizarse la propuesta de resolución.

3. Transcurrido el plazo de alegaciones, y siempre que de las diligencias practicadas se desprenda la existencia de hechos distintos a los incorporados en el acta, el órgano que instruye el expediente dará audiencia al interesado por término de ocho días hábiles, dentro del cual podrán presentar nuevo escrito de alegaciones y pruebas.

4. En los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 30/1992, los órganos y dependencias administrativas pertenecientes a cualquiera de las Administraciones públicas facilitarán al órgano instructor los antecedentes e informes necesarios.

1. Cuando el acta de infracción haya sido impugnada por el sujeto responsable con base en alegaciones y pruebas, no bastando por tanto las meras alegaciones, que puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la actuación inspectora, el órgano instructor del expediente, una vez instruido éste, formalizará la comunicación prevista en el artículo 149 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral elevándola a la autoridad laboral competente para resolver, a efectos de que se inicie el proceso de oficio de acuerdo con el artículo 6 de este Reglamento. La suspensión del expediente administrativo será decretada por el órgano instructor y se producirá tras la admisión de la demanda de oficio.

2. Asimismo, procederá dicha comunicación y suspensión del expediente administrativo para el inicio del procedimiento de oficio ante el orden jurisdiccional social, en el caso de que las actas de infracción versen sobre alguna de las materias contempladas en los apartados 5, 6 y 10 del artículo 95 y 2, 11 y 12 del artículo 96 del texto refundido de la Ley Estatuto de los Trabajadores, y el sujeto responsable las haya impugnado con base en alegaciones y pruebas de las que se deduzca que se plantea cuestión atribuida al orden social de la jurisdicción.

3. A la comunicación a que se refieren los apartados anteriores, que contendrán los requisitos generales exigidos en el procedimiento laboral para las demandas de los procesos ordinarios, la autoridad laboral acompañará copia del expediente administrativo instruido.

4. La comunicación de la autoridad laboral al orden jurisdiccional social en virtud de la cual se inicia el procedimiento de oficio tendrá lugar, en su caso, una vez cumplimentada la audiencia del interesado y se realizará siempre por la autoridad laboral de instancia, aun cuando le correspondiera resolver a un órgano jerárquico superior, sin perjuicio de la regulación propia, en esta materia, de las Comunidades Autónomas.

5. La autoridad laboral, una vez haya tenido notificación de la sentencia firme derivada del procedimiento judicial social, la trasladará al órgano instructor a efectos de que continúe la tramitación del expediente administrativo sancionador y elabore la propuesta de resolución, que elevará al órgano competente para resolver, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

1. A la vista de lo actuado, el órgano instructor, en el plazo de diez días desde la recepción del último informe, elevará todas las actuaciones, con su propuesta de resolución, al órgano competente para resolver.

2. El órgano competente para resolver, previa la adopción de las diligencias que estime necesario practicar, dictará la resolución motivada que proceda en el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta de resolución o, en su caso, desde la realización de la última diligencia, bien confirmando o modificando la referida propuesta de resolución, bien no imponiendo sanción alguna por no haberse acreditado la infracción o por no existir un motivo válido en derecho que la fundamente, ordenando el archivo del expediente y, en su caso, el levantamiento de las medidas de carácter provisional que hayan sido propuestas en el acta de infracción a que se refiere el artículo 21.2 de este Reglamento.

   La resolución podrá acordar, asimismo, la anulación de la propuesta cuando ésta carezca de los requisitos imprescindibles para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

3. La resolución deberá reflejar de forma expresa, en su caso, las sanciones accesorias previstas en los artículos 45.1 y 2 y 46.1.3 de la Ley 8/1988.

4. Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la fecha del acta, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos 5.1 y 6.1 de este Reglamento, se iniciará el cómputo del plazo de treinta días establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992.

   Transcurrido el plazo de caducidad el órgano competente emitirá, a solicitud del interesado, certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se ha procedido al archivo de actuaciones.

5. La resolución de los documentos unificados de infracción y liquidación se ajustará a lo establecido en el artículo 45.6 y 7 de este Reglamento.

1. Las resoluciones recaídas en los procedimientos sancionadores por infracciones de orden social serán notificadas a los interesados advirtiéndoles de los recursos que podrán interponer contra ellas, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlas.

   Si en ellas se imponen sanciones pecuniarias, la notificación contendrá además:

   1. El importe a ingresar.

   2. El plazo, lugar y forma de ingreso en período voluntario.

   3. La prevención de que, transcurrido dicho período sin efectuarse el ingreso y de no haberse interpuesto, en su caso, el correspondiente recurso ordinario, se devengará inmediatamente el recargo de apremio e intereses de demora y se procederá al cobro y, en su caso, ejecución, por el procedimiento administrativo de apremio.

   Un ejemplar de la resolución se remitirá, en todo caso, por la autoridad laboral que hubiera resuelto a la Jefatura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente para su conocimiento y el del funcionario o funcionarios que hubieren intervenido en el procedimiento.

2. La notificación de las resoluciones de los documentos unificados de infracción y liquidación por los mismos hechos se realizará de la forma prevista en el artículo 45 de este Reglamento.

3. Cuando el acta de infracción se haya comunicado a las correspondientes entidades gestoras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 de este Reglamento, se les remitirá asimismo copia de la resolución que se dicte.

4. Cuando la resolución imponga las sanciones accesorias previstas en el artículo 45.1 y 2 de la Ley 8/1988, o se declare la responsabilidad solidaria del empresario respecto de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador, de acuerdo con lo previsto en los artículos 15.7 y 29.3.5, último inciso, de la citada Ley, se comunicará la resolución a las correspondientes entidades gestoras al día siguiente de la fecha en que se dicte.

5. Las resoluciones firmes en las que se aprecie que la infracción sancionada ha podido causar perjuicio económico a los trabajadores afectados deberán ser comunicadas al órgano judicial competente a los efectos de la iniciación del procedimiento de oficio regulado en el artículo 146.a) del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

6. Cuando el acta de infracción se haya levantado con ocasión de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se trasladará copia de la resolución confirmatoria a los trabajadores afectados, o a sus derechohabientes en caso de fallecimiento del trabajador.

7. Si el contenido del acta de infracción afecta a los derechos de representación de los trabajadores, su alcance y ejercicio, o a los de tutela de la libertad sindical, se trasladará copia de la resolución confirmatoria a los representantes legales de los trabajadores.