Sentencia número 213/1988, de 11 de noviembre del pleno del tribunal constitucional, en el recurso de inconstitucionalidad número 279-84, promovido por El Presidente del Gobierno, contra determinados preceptos de La Ley 3/1984, de 28 de octubre, del Parlamento de cataluña, sobre medidas de adecuación del ordenamiento urbanístico de cataluña.
| Marginal | BOE-T-1988-28372 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Tribunal Constitucional |
| Rango de Ley | Sentencia |
EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE, DO—A GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO LLORENTE, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PI—ERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO
EN NOMBRE DEL REY
LA SIGUIENTE
SENTENCIA
EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 279/84, PROMOVIDO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REPRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 3/1984, DE 28 DE OCTUBRE, DEL PARLAMENTO DE CATALU—A, SOBRE MEDIDAS DE ADECUACION DEL ORDENAMIENTO URBANISTICO DE CATALU—A. HAN COMPARECIDO EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALU—A, REPRESENTADO POR LOS ABOGADOS DON RAMON LLEVADOT I ROIG Y DON MANUEL MATAS, Y EL PARLAMENTO DE CATALU—A, REPRESENTADO POR SU PRESIDNETE, Y HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON ANGEL LATORRE SEGURA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.
I.
ANTECEDENTES
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EL ABOGADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ART. 9, NUM. 1, APARTADOS E) (PARRAFO SEGUNDO) Y F), Y LOS QUE CON EL GUARDEN CONEXION, DE LA LEY DEL PARLAMENTO DE CATALU—A 3/1984, DE 28 DE OCTUBRE, SOBRE MEDIDAS DE ADECUACION DEL ORDENAMIENTO URBANISTICO DE CATALU—A, PIDIENDO QUE ESTE TRIBUNAL DICTE SENTENCIA
. SE FUNDAMENTA LA IMPUGNACION EN LAS CONSIDERACINES SIGUIENTES:
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EL ART.
9, NUM. 1, APARTADO E) (PARRAFO SEGUNDO) Y F) OBJETO DE IMPUGNACION, SE APARTA DEL SISTEMA REGULADO CON CARACTER GENERAL EN LA LEY ESTATAL 40/1981, DE 28 DE OCTUBRE, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES, Y ESTABLECE UN CONTROL MUY SEVERO, POR RAZONES DE MERA LEGALIDAD MATERIAL O FORMAL, SOBRE LOS ACUERDOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES QUE APRUEBEN DEFINITIVAMENTE PROYECTOS DE URBANIZACION (ART.
9.1), APLICANDOSE, POR REMISION, ESE MISMO MECANISMO DE CONTROL A LOS ESTUDIOS DE DETALLE, LOS PROYECTOS DE DELIMITACION DE POLIGONOS Y UNIDADES DE ACTUACION, LOS PROYECTOS DE REPARCELACION Y LAS BASES Y LOS ESTATUTOS EN EL SISTEMA DE COMPENSACION (ART.
11.1).
EL SISTEMA ACTUAL DE SUSPENSION DE ACUERDOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES HA EXPERIMENTADO UNA SUSTANCIAL EVOLUCION QUE TIENDE A LIMITAR TAL SUSPENSION DE ACUERDOS EN ATENCION A LA AUTONOMIA DE LAS CORPORACIONES LOCALES CONSAGRADA POR EL ART. 137 DE LA C.E. TRAS EL REAL DECRETO-LEY 3/1981, DE 16 DE ENERO, LA LEY 40/1981, DE 28 DE OCTUBRE, HA ELIMINADO LA SUSPENSION ADMINISTRATIVA, DE FORMA QUE LA SUSPENSION SOLO SE PRODUCE EN EL SENO DE UNA IMPUGNACION JURISDICCIONAL CUYA CARGA CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION, DEBIENDO RATIFICAR LA SUSPENSION O LEVANTARLA EN EL PLAZO DE TREINTA DIAS (ART. 8.1).
ESTE SISTEMA DE IMPUGNACION QUE PREVE LA LEY 40/1981, TIENE EL CARACTER DE EN EL SENTIDO DEL ART. 149.1.18 DE LA C.E., POR LO QUE DEBE SER RESPETADO POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS LGISLATIVAS. EL CARACTER DE RESULTA EN ESTA MATERIA DE LA LEY 40/1981, QUE ESTABLECE UN SISTEMA DELIBERADAMENTE GENERAL APLICABLE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (DISPOSICION FINAL QUINTA), LO QUE PATENTIZA LA POSICION DE NORMA BASICA EN QUE COLOCA EL LEGISLADOR A ESTE EXTREMO DE LA LEY 40/1981. LA NORMA ES TAMBIEN BASICA DESDE UN PUNTO DE VISTA MATERIAL, YA QUE EL SISTEMA DE IMPUGNACION CON SUSPENSION AFECTA ESENCIALMENTE A LA POSICION JURIDICA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES, EN RELACION CON LAS DEL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y CONSTITUYE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DEL REGIMEN JURIDICO LOCAL Y, POR TANTO, UNA BASE EN SENTIDO MATERIAL, AL AMPARO DEL ART. 149.1.18 DE LA CONSTITUCION. LA MISMA IMPORTANCIA Y EL CARACTER FUNDAMENTAL DE ESTA TECNICA DE CONTROL Y SU AMBITO SE EVIDENCIA EN LAS SENTENCIAS DEL TIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 2 DE FEBRERO Y 29 DE ABRIL DE 1981, EN LAS QUE SE EXAMINA ESTA MODALIDAD DE CONTROL COMO ESTRECHAMENTE UNIDA A ASPECTOS ESENCIALES DE LA AUTONOMIA LOCAL, GARANTIZADA POR EL ART. 137 DE LA CONSTITUCION.
EN CONSECUENCIA, EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DIFERENTE AL PREVISTO EN EL ART. 8 DE LA LEY 40/1981, COMO ES EL CASO DE LA LEY 3/1984, DE CATALU—A, EN EL ARTICULO QUE SE IMPUGNA (QUE RESUCITA EL ART. 224.1 DE LA LEY DEL SUELO, DEROGADO POR LA PROPIA LEY 40/1981), VIOLA EL ART. 149.1.18 DE LA CONSTITUCION, DEBIENDOSE A—ADIR QUE, FRENTE A LA OBJECION QUE PUDIERA FORMULARSE DEL CARACTER SECTORIAL DE LA LEY IMPUGNADA, QUE REGULA UNA MATERIA DETERMINADA EL URBANISMO QUE ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, HA DE AFIRMARSE QUE EL CARACTER GENERAL DE LA NORMA BASICA DEBE PREVALECER SOBRE TAL CRITERIO SECTORIAL, YA QUE LO QUE SUCEDE ES QUE UNA NORMA URBANISTICA, LA LEY CATALANA 3/1984, CONTEMPLA UN ASPECTO PROPIO DEL REGIMEN JURIDICO GENERAL DE LAS CORPORACIONES LOCALES, COMO ES EL CONTROL DE SUS ACTOS, SIN QUE POR ELLO PIERDA SU NATURALEZA. LA TESIS CONTRARIA APOSTILLA EL ABOGADO DEL ESTADO , NOS LLEVARIA A UN VENCIMIENTO DE LAS GARANTIAS QUE PUDIERA ESTABLECER LA REGULACION DEL REGIMEN JURIDICO GENERAL, A TRAVES DE LEYES SECTORIALES, PRIVANDO DE CONTENIDO A CUANTO HUBIERA PODIDO ESTABLECERSE AL AMPARO DEL ART. 149.1.18 DE LA CONSTITUCION.
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DE OTRA PARTE, LA LEY 3/1984, DE CATALU—A, EN EL PRECEPTO IMPUGNADO, INCURRE TAMBIEN EN INFRACCION DEL ART. 149.1.6 C.E. (LEGISLACION PROCESAL), POR CUANTO VIENE A AMPLIAR LA LEGITIMACION Y LOS PRESUPUESTOS PARA ACUDIR AL ART.
118 DE LA LEY DE JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Y CREA EN LA PRACTICA UNA NUEVA MODALIDAD DE TAL PROCESO ESPECIAL. POR LO DEMAS, TAMPOCO AQUI CABE OPONER EL CARACTER SECTORIAL DE LA LEY 3/1984, PUES, EN CASO DE QUE ASI FUESE, A TRAVES DE LEYES SECTORIALES PODRIA CREARSE TODO UN NUEVO SISTEMA DE PROCESOS, CUANDO LO CIERTO ES QUE EN MODO ALGUNO LA COMUNIDAD AUTONOMA PUEDE DISPONER DEL ART. 118 DE LA L.J.C.A. Y REGULAR QUE OBJETOS PROCESALES, DISTINTOS DE LOS PREVISTOS EN TAL LEY JURISDICCIONAL, PUEDEN SER CONOCIDOS EN EL SENO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA MISMA.
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FINALMENTE, LA REPRESENTACION DEL ESTADO INSISTE EN QUE LA LEY 3/1984, DE CATALU—A, EN EL ASPECTO IMPUGNADO, SUPONE, NO SOLO UN RETROCESO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL, SINO QUE LLEGA HASTA LA VULNERACION DE ESA AUTONOMIA PROTEGIDA POR EL ART. 137 DE LA CONSTITUCION. LA SUSPENSION QUE CONTEMPLA LA LEY IMPUGNADA NO SE AJUSTA TAMPOCO NI A LA DOCTRINA DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 2 DE FEBRERO DE 1981 SOBRE EL ALCANCE Y SIGNIFICADO DEL CONCEPTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL, NI A LA DOCTRINA CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 29 DE ABRIL DE 1981, YA QUE ESA SUSPENSION SE PROYECTA SOBRE INSTRUMENTOS URBANISTICOS DE MENOR ENTIDAD INCLUIDOS PLENAMENTE EN EL AMBITO DE LOS PROPIOS INTERESES EXCLUSIVOS DE LAS ENTIDADES LOCALES, A LAS CUALES SE ATRIBUYE POR LA MISMA LEY (ART. 9.1, D)), LA COMPETENCIA PARA SU APROBACION DEFINITIVA. LA SUSPENSION PREVISTA NO ES SINO UNA TECNICA DE CONTROL DE LEGALIDAD, EN LA QUE NO SE PRESERVA NI ESTABLECE UN INTERES CONCURRENTE ESPECIFICO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, SINO LA MERA DEFENSA DE LA LEGALIDAD, SIN QUE EL CARACTER SECTORIAL DE LA LEY PUEDA TAMPOCO JUSTIFICARLA.
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POR TODO ELLO, EL ABOGADO DEL ESTADO CONCLUYE SOLICITANDO LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL...
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