Sentencia num. 53/1988, de 24 de marzo, del pleno del tribunal constitucional en el conflicto positivo de competencia num. 779/84, promovido por el Gobierno Vasco, en Relacion con determinados preceptos de la orden de 19 de junio de 1984, sobre reconocimiento de interés sanitario para Actos de carácter científico, por la que se declara que el...

Marginal:BOE-T-1988-9033
Sección:I - Disposiciones Generales
Emisor:Tribunal Constitucional
Rango de Ley:Sentencia
 
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PREAMBULO:

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente; doña Gloria Begué Cantón, don Angel Latorre Segura, don Francisco Rubio Llorente, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, y don Luis López Guerra, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el conflicto positivo de competencia, núm. 779/84, promovido por el Gobierno Vasco, representado por el Abogado don Javier Otaola Bajeneta, en relación con determinados preceptos de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 19 de junio de 1984, por la que se regula el reconocimiento de interés sanitario para actos de carácter científico. Ha sido parte el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado y Ponente el Magistrado don Francisco Rubio Llorente, quien expresa el parecer del Tribunal.

  1. Antecedentes

    1. Por escrito que tuvo su entrada en este Tribunal el día 10 de noviembre de 1984, don Javier Otaola Bajeneta en nombre y representación del Gobierno Vasco interpone conflicto de competencia contra la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 19 de junio de 1984 («BOE» núm. 157, de 2 de julio) por la que se regula el reconocimiento de interés sanitario para actos de carácter científico.

    2. El requerimiento de incompetencia a que se refiere el art. 64 de la LOTC en relación con la Orden ahora impugnada fue dirigido al Gobierno el día 31 de septiembre de 1984 habiéndolo rechazado éste el 5 de octubre siguiente en cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el día 3 anterior.

    3. Los fundamentos de la pretensión actora son los siguientes:

      1. En primer lugar, estima el Gobierno Vasco que la Orden que da origen al presente conflicto no debe entenderse incluida, como el Gobierno de la Nación pretende al contestar el requerimiento que se le dirigió, dentro de la materia de investigación científica, sino, por el contrario, como una medida adoptada dentro del ámbito propio de la Sanidad. Es con esta materia, en efecto, con la que la Orden impugnada guarda una relación directa, siendo por el contrario puramente indirecta la que mantiene con la actividad de investigación científica. Los actos cuyo reconocimiento se regula no son actos que innoven el conocimiento científico, sino que simplemente lo difunden, y la finalidad que con la mencionada Orden se persigue no es la de ayudar a la investigación, sino la de facilitar la actividad sanitaria, poniendo los conocimientos adquiridos a disposición de la Administración.

        En materia de Sanidad la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco es indudable en virtud de lo dispuesto en el art. 18 de su Estatuto de Autonomía, que le atribuye el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado. No puede sostenerse en modo alguno que la Orden aquí impugnada forme parte de la legislación básica, como tampoco cabe afirmar que la finalidad que con ella se persigue sea la de coordinación general en los términos en que esta coordinación debe ser entendida según la doctrina de este Tribunal, especialmente recogida en su STC 42/1983, de 20 de mayo. Siendo, en consecuencia, una decisión que ha de inscribirse dentro del campo de la Sanidad y no formando parte de aquellas decisiones que, dentro de tal campo, la Constitución (art. 149.1.16) reserva al Estado, la competencia correspondía, en este caso, a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

      2. Con independencia de todo lo anterior, la representación del Gobierno Vasco precisa, además, que el art. 4 de la Orden impugnada, que impone a las Asociaciones Científicas de carácter sanitario oficialmente reconocidas la obligación de remitir anualmente...

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