LEY 11/1992, de 7 de Octubre, de Regimen financiero y Presupuestario de Galicia.

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La Ley 3/1984, de 3 de abril, de gestión económica y financiera pública de Galicia ha constituido hasta el momento actual la norma financiera básica de la Comunidad Autónoma. En dicha norma legal se contienen los elementos básicos suficientes para precisar la definición conceptual de la Hacienda pública de la Comunidad, la determinación de su contenido y las normas necesarias para la gestión de su actividad económico-financiera.

La importancia jurídica y económica que dichos conceptos, contenidos y procedimientos tienen en el desarrollo de la actividad general de los entes públicos hace preciso que la reglamentación legal que afecte a los mismos se encuentre en constante revisión, al objeto de conseguir su adecuación permanente a una realidad económica cada vez más compleja y en continuo proceso de progreso y cambio.

Consecuentes con lo anterior fueron las variaciones que a lo largo de la vigencia de la Ley 3/1984, se introdujeron en la misma a través de las sucesivas leyes anuales de presupuestos.

De ellas cabe citar como más importantes las establecidas por la Ley 1/1986, de 29 de octubre, que modificó algunos aspectos legales relativos al sistema de pagos a justificar y de ordenación de pagos entre otros; la Ley 13/1988, de 30 de diciembre, que introdujo cambios significativos en las normas sobre créditos y modificaciones presupuestarias y la Ley 2/1990, de 21 de junio, que modificó las normas relativas a Empresas públicas y organismos autónomos comerciales, industriales y financieros o análogos.

Sin embargo, todos estos cambios supusieron solamente reformas parciales sin el alcance que supone esta nueva norma legislativa, la cual implica una revisión completa de la legislación financiera pública vigente.

La utilización de técnicas y procedimientos cada vez más sofisticados y complejos tanto en el ámbito presupuestario como en el de la deuda pública, el control financiero y los sistemas contables hicieron preciso introducir mediante la presente ley cambios importantes tanto en los principios que inspiran la gestión financiera como en la instrumentación de sus procesos formales.

Se respetó, sin embargo, el modelo legislativo actualmente aplicado en esta materia y que está basado en la existencia de una norma legal que regula con carácter general la actividad económico-financiera pública, recogiendo tanto los principios generales de la misma como sus aspectos instrumentales, desarrollándose éstos a un nivel suficiente como para permitir su aplicación directa y no precisar en muchos casos desarrollo reglamentario, aun cuando éste sea conveniente en materias tales como la presupuestaria y la referente al control y contabilidad.

La Ley de régimen financiero y presupuestario de la Comunidad Autónoma de Galicia consta de un título preliminar, seis títulos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.

El título preliminar introduce variaciones significativas en el marco legal de la legislación financiera del sector público. Junto a la definición del contenido de la Hacienda pública de Galicia se enumeran aquellas materias constitutivas de la misma, con independencia de que la reglamentación de las mismas no esté incluida en esta ley.

Asimismo, se consagran en la norma legal criterios de eficacia y eficiencia, y los principios de equidad, solidaridad y equilibrio territorial, como términos básicos de referencia para la gestión de los recursos públicos, para la prestación de los servicios comunitarios y para la dotación de infraestructuras básicas y sociales a la Comunidad Autónoma.

El régimen competencial de los distintos órganos de la Administración pública es regulado en este título con el detalle suficiente, inspirándose el mismo en el logro de la máxima operatividad sin merma del mantenimiento del adecuado equilibrio jerárquico y funcional.

Del artículo 3 de la ley, en el que se enumeran las normas legales por las que tendrá que regirse la actividad económico-financiera de la Comunidad, se destaca la reglamentación y significación del contenido de las leyes anuales de presupuestos, las cuales pretenden introducir un factor de racionalidad en el mismo, al objeto de que los destinatarios de estas leyes puedan conocer con certeza el alcance de sus normas tanto en el aspecto temporal como en la relación de las mismas con las del resto del ordenamiento jurídico en vigor, que con frecuencia son afectadas temporal o definitivamente por aquéllas.

Los principios estatutarios básicos de los organismos autónomos quedan claramente definidos en la ley, estableciéndose explícitamente la necesidad de una norma legal de rango superior para su creación y extinción.

La definición y utilización de la figura de la sociedad pública es notablemente clarificada en el texto de la ley, adjudicándose este título a las Sociedades que tengan forma mercantil, que podrán ser creadas por acuerdo del Consejo de la Junta, pudiendo existir asimismo otros entes públicos, que se regirán por su normativa específica y serán creados por ley.

El título I de la ley regula el contenido de la Hacienda de la Comunidad a través de dos capítulos dedicados respectivamente a los recursos y a las obligaciones.

Se segregó de este título el tratamiento legal de las operaciones de endeudamiento y garantía para constituir con su normativa un título aparte. La razón de esta decisión reside en el hecho de que su mantenimiento dentro del título I rompe la homogeneidad de su contenido al incluir junto a la reglamentación de materias propias de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, como son los derechos económicos y las obligaciones, otras que hacen referencia a la financiación provisional de estas últimas, confundiéndose por tanto lo que es el contenido de la Hacienda pública gallega con una de sus posibles formas de financiación para el caso de que los recursos propios no sean suficientes para atender a las obligaciones previstas.

Se redefinen en este título I las competencias en materia de administración de recursos, siguiendo el principio de que la administración de aquellos que tengan carácter general corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda, y la de los de carácter específico a aquellas autoridades que los tengan a su cargo, adjudicándose asimismo a la citada Consejería las funciones de dirección y coordinación de todos los procedimientos aplicables en la materia.

No se incluyeron en este título normas sobre competencias en materia de administración de recursos de las sociedades públicas, ya que se consideró suficiente la legislación mercantil al contener normas específicas sobre las formas de administración de este tipo de Sociedades.

Fue revisada la normativa sobre las condiciones financieras aplicables a los procedimientos de mora en el cobro de derechos o en el pago de obligaciones, estableciéndose como indicador utilizable el interés de demora en la forma en la que el mismo es definido por el artículo 58.2 de la Ley General Tributaria , en lugar de referir el mismo al tipo de interés básico del Banco de España.

Asimismo, se revisaron los procedimientos aplicables a la prescripción de los derechos y obligaciones, introduciendo en el correspondiente a los primeros una nueva condición en el cómputo de los plazos, añadiendo como momento de iniciación de los mismos junto a la fecha de notificación la del vencimiento para el caso en que aquélla no sea preceptiva, y eliminando de esta manera un factor de inseguridad en el procedimiento que era preciso corregir.

El título II de la ley regula las operaciones de endeudamiento y garantía.

Se generaliza en el mismo el concepto de endeudamiento público de la Comunidad o de sus organismos autónomos, considerando como tal toda operación de endeudamiento, cualquiera que sea su plazo o fórmula de formalización, variando por tanto la reglamentación anterior, que utilizaba dicho concepto en sentido estricto para definir exclusivamente como deuda pública la apelación al crédito público a través de empréstitos.

En las normas sobre cómputo de los límites de endeudamiento que se deben incluir en las leyes anuales de presupuestos o en otras leyes especiales se introduce la posibilidad de medir los mismos, sea a través de variaciones absolutas de las cifras de endeudamiento, sea a través de la variación neta de la posición deudora del organismo, medida entre el momento inicial y final que sirva de cómputo, y que normalmente coincidirá con el principio y fin del ejercicio presupuestario.

Al delimitar las competencias de los distintos órganos de la Comunidad Autónoma en materia de endeudamiento, se estableció una clara diferenciación entre la facultad de autorizar y establecer límites al mismo, que tendrá que corresponder al Parlamento, y las funciones de administración y gestión de la deuda pública, que se adjudican a los órganos correspondientes de la Administración de la Comunidad.

Los criterios aplicados para la distribución de estas competencias tuvieron en cuenta la necesidad de dotar de la agilidad necesaria dichas operaciones de gestión en el marco de las modernas técnicas de ingeniería financiera. Así, queda reservada al Parlamento la autorización para la creación de deuda pública y al Consejo de la Junta la autorización para su conversión, siempre que no quede alterado el equilibrio financiero de la emisión.

El resto de las operaciones propias de la administración de la deuda, tales como la determinación de su forma de emisión, del plazo y tipo de interés, el reembolso anticipado si así conviniese y estuviese previsto en las condiciones de emisión o de mutuo acuerdo con los acreedores, o cualquier otra operación usual en el mercado financiero, se consideran competencias que ha de ejercer la Consejería de Economía y Hacienda...

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