REAL DECRETO 1396/2003, de 17 de noviembre, por el que se regulan la organización, funciones y provisión de puesos de trabajo de las Consejerías de Agricultura, Pesca y Alimentación de las Misiones Diplomáticas de España.

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oma del País Vasco, pues si bien es cierto que el carácter experimental de la docencia sustancialmente en nada incrementa o disminuye los títulos competenciales del Estado y de la Comunidad Autónoma, sí es cierto, en cambio, que la propia naturaleza experimental supone una excepción a los sistemas ordinarios y normados, lo que determina que las competencias estatales, ejercidas respecto de las enseñanzas en régimen ordinario a través de una regulación de carácter abstracto, aquí, por el contrario, se proyecten no sólo en la regulación normativa, de procedimiento, que supone el propio Real Decreto 942/1986, sino en la reserva al Estado de una autorización caso por caso. Este es, a su juicio, el núcleo del conflicto, pues la impugnación del Gobierno Vasco intenta sustituir el ejercicio de las competencias del Estado mediante la aprobación contemplada en el art. 2 por un ejercicio de aquellas competencias a través de una regulación normativa que, de modo paralelo a la dictada por las enseñanzas en régimen ordinario, vendría a colmar, para las de carácter experimental, el contenido máximo de las titularidades del Estado.

     Es claro, pues, que en materia de enseñanzas mínimas y de ordenación general del sistema educativo tiene el Estado la exclusiva competencia y puede, por ello, regular tales materias tanto en el régimen ordinario como en el experimental, y someter a previa autorización cualquier experimentación que las altere cuando se pretenda la homologación de los estudios y títulos correspondientes. Queda por determinar si en el ámbito de las experimentaciones educativas es posible establecer un régimen de autorizaciones articulado sobre la base de unos criterios previa y abstractamente establecidos, tal como ocurre con las enseñanzas en el régimen ordinario.

     La propia naturaleza de las experimentaciones, con lo que tienen de renovación de lo existente y de investigación de nuevas posibilidades en el ámbito educativo, hace imposible, por razón de la necesaria flexibilidad que debe presidir el juicio acerca de su oportunidad y desarrollo, regular apriorísticamente cada experimentación en particular, sin que pueda aceptarse el modelo de mínimos propiciado por la Comunidad recurrente, ya que con él se desnaturaliza la competencia del Estado en la materia reduciéndola a una simple competencia finalista.

     El establecimiento de un sistema de autorización caso por caso resulta así el único posible, máxime si tiene en cuenta que autorizar una experimentación que afecte a lo ya regulado por el Estado en el ejercicio de una competencia exclusiva participa necesariamente, como competencia, del mismo carácter exclusivo. Ello, claro está, con independencia de que toda actuación arbitraria del Estado en el ejercicio de su competencia de autorización pueda ser planteada ante la jurisdicción ordinaria. En definitiva, el establecimiento de un régimen de aprobaciones singulares es el único compatible con la naturaleza del objeto de la autorización y el único, además, respetuoso con la competencia del Estado respecto de las materias sobre las que la experimentación aprobada está llamada de algún modo a incidir.

     6. El Gobierno Vasco considera que el art. 5 invade competencias autonómicas al subrayar la idea del control administrativo absoluto por parte del Ministerio de Educación sobre las actividades experimentales autonómicas en materia educativa, ya que no sólo la experimentación ha de ser aprobada por aquél, sino que, además, durante su desarrollo han de facilitarse cuantas informaciones solicite. Ello entraría, añade el Gobierno Vasco, en contradicción con lo declarado en la STC 6/1982 sobre la licitud de controles estatales. Entiende, por el contrario, el Abogado del Estado que el contenido de esas informaciones no puede confundirse, como hace la Comunidad recurrente, con el de la Alta Inspección, ya que siendo las experimentaciones del Real Decreto 942/1986 derogaciones singulares, con carácter experimental, de la

Preámbulo


Los artículos 149.1.7 de la Constitución Española y 17.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía otorgan a esta Comunidad Autónoma la función ejecutiva de la legislación laboral estatal, lo cual supone la asunción de importantes competencias y facultades en materia de seguridad y salud en el trabajo, como aspectos integrados en la normativa social. La importancia de estas cuestiones demanda de la Administración Autonómica su intervención activa en la mejora de las condiciones de trabajo en Andalucía, en orden a una adecuada política de prevención...

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