Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenacion del Seguro privado.

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Juan Carlos I, Rey de espana

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

La legislación reguladora del Seguro Privado constituye una unidad institucional que ordenada por normas de derecho privado y de derecho público se ha caracterizado en este último ámbito por su misión tutelar en favor de los asegurados y beneficiarios del mismo, dado que la operación de seguro supone el cambio de una prestación presente por otra posible y futura, lo cual pone de manifiesto la existencia de un interés publico destinado a que tenga efectividad tal prestación cuando eventualmente se produzca el siniestro. De ahí que la institución del Seguro Privado haya estado sujeta a una vigilancia Oficial tendente a Comprobar que las empresas mantienen una situación de solvencia suficiente para cumplir su objeto social.

El control estatal que reclaman la unidad de mercado y los principios de división y dispersión de los riesgos, tiene lugar mediante un conjunto de acciones administrativas que establecen los requisitos financieros precisos para concurrir al mercado asegurador; Las normas que en los Ordenes jurídico. Financiero y técnico deben seguir las empresas para actuar en el mismo; Y, por último la definición de las circunstancias y situaciones determinantes de la salida del mercado de una entidad aseguradora cuando carezca de las condiciones mínimas de solvencia.

Este esquema, de la normativa del control de solvencia.

Este esquema, de la normativa del control de solvencia de las empresas de seguros, es de aplicación general, pues a él se ajustan la casi totalidad de los países de economía libre.

Ahora bien, para que el sistema de control sea eficaz es preciso que actúe sobre situaciones reales y vigentes en cada momento, por lo que su ordenamiento legal debe adaptarse a los constantes cambios de todo orden que el transcurso del tiempo revela como necesarios.

La Ley de 14 de mayo de 1908, que inicia en España la ordenación del Seguro Privado, constituyo un instrumento muy eficaz en los casi cincuenta años que tuvo de vida.

Sus bases fundamentales centradas en el control previo, si bien garantizaban, en cierta medida, que no habría actuaciones temerarias por parte de las empresas, limitaba extraordinariamente el campo de acción de las mismas, perjudicando la iniciativa empresarial.

En cuanto a la Ley de 16 de diciembre de 1954, hasta ahora vigente, no tuvo un desarrollo sistemático por lo que al mantener la misma concepción del control sin dotarle de medios e instrumentos para adoptar las medidas correctoras oportunas, dejó mermada la efectividad de la acción Oficial de vigilancia.

El tiempo transcurrido ha revelado que la Ley de 16 de diciembre de 1954 estaba cada vez más alejada de la situación Real del mercado, separación que nunca pudo acortarse, pese a la profusión de normas dictadas, ya que hacia falta una nueva concepción del control de solvencia y tomar una serie de medidas que racionalizarán el mercado de seguros dotándole de una mayor competitividad y transparencia.

Por otra parte, la existencia de nuevas necesidades de cobertura de riesgos, las innovaciones en el campo del seguro con vigencia en áreas internacionales; La necesaria unidad de mercado que la realidad impone y que también se deriva de la posible adhesión de España a la cee; Así como las orientaciones de la vigente normativa de esta última, deben incidir en cualquier regulación que quiera llevarse a cabo sobre el sector asegurador.

Y como las normas jurídicas deben justificar su finalidad y constituir el instrumento idóneo para resolver los problemas que quiere abordar, la presente Ley orienta sus principios en una doble vertiente: Ordenación del marcado de seguros en general, y control de las empresas aseguradoras en concreto.

  1. En cuanto al primer punto, la Ley pretende alcanzar estos objetivos:

    1. normalizar el mercado, dando a todas las Entidades Aseguradoras la posibilidad de participar en el mismo régimen de absoluta concurrencia y sin tratamientos legales discriminatorios.

      En este sentido es necesario incluir en la nueva regulación a las entidades de previsión social, en su día acogidas a la Ley de 6 de diciembre de 1941, con el fin de someterlas al mismo control de solvencia que las restantes sociedades aseguradoras, suprimiendo las distintas jurisdicciones administrativas a que ahora están sometidas e integrándolas a estos efectos, con carácter unitario, en la específicamente dedicada al control de seguros.

      Ello sin perjuicio de mantener las características técnicas y sociales de tales entidades que sean más congruentes con su finalidad. Por ello, la Ley incorpora una somera regulación de dichas entidades en un capítulo específico. En él se recogen sus exigencias básicas y las características que las diferencian de otras entidades que operan en el mercado de la cobertura de riesgos, teniendo en cuenta las competencias que sobre ellas han asumido algunas Comunidades autónomas a través de los respectivos estatutos de autonomía.

    2. fomentar la concentración de empresas y consiguientemente la reestructuración del sector en el sentido de dar paso a grupos y empresas más competitivos nacional e internacionalmente y con menores costes de gestión.

    3. potenciar el mercado nacional de reaseguros, a través del cual se debe aprovechar al máximo el Pleno nacional de retención.

    4. lograr una mayor especialización de las Entidades Aseguradoras sobre todo en el ramo de vida, de acuerdo con las tendencias internacionales sobre la materia.

    5. clarificar el régimen referente a las formas jurídicas de las empresas aseguradoras ordenando la estructura de las mutualidades, insuficientemente reguladas, y dando entrada a la figura jurídica de la sociedad cooperativa de seguros.

      Para lograr estos fines, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 149. 1. 6., 11. Y 13. De la constitución se dictan las bases de ordenación de los seguros. Bases que necesariamente tienen que ser amplias pues la actividad aseguradora debe desarrollarse Cumpliendo la Ley de los grandes números y es esencialmente internacional, lo cual exige cierta uniformidad de las normas que la regulen para facilitar la relación de unas entidades nacionales con otras y de todas ellas con los mercados internacionales cuyas prácticas resulta indispensable respetar; Además por la importancia financiera del sector dentro de la economía del país y por su carácter primordialmente mercantil que debe respetar la unidad de mercado, e incluso en el supuesto de que los estatutos de alguna Comunidad autónoma reconozcan a la misma competencia exclusiva sobre determinadas Entidades Aseguradoras, estas debe quedar sometidas al alto Control Financiero del estado a fin de lograr la necesaria coordinación de la planificación General de La actividad económica prevista en el artículo 149. 1.13. De la constitución .

  2. En cuanto al aspecto concreto del control de empresas aseguradoras, la función de obligada vigilancia por parte de la administración se basa fundamentalmente en las siguientes directrices:.

    1. regular las condiciones de acceso y ejercicio de la actividad aseguradora, potenciando las garantías financieras previas de las entidades y consagrando el principio de solvencia, que debe ser acentuado y especialmente proyectado a sus aspectos técnicos y financieros.

    2. sanear el sector Evitando, en la medida de lo posible, que las Entidades Aseguradoras se deslicen hacia la insolvencia. En supuestos de dificultad para las mismas, adoptar las medidas correctoras y en su caso rehabilitadoras que produzcan el mínimo perjuicio para los asegurados y empleados.

      En esta línea, y conforme a los artículos 51 y 149.1.1. Y 13. De la constitución , se procura la tutela de los consumidores y la planificación del sector tan estrechamente relacionado con la básica ordenación de la actividad económica de la nación para reforzar aquella tutela y la competividad del mercado y se dota al órgano de control de los Seguros Privados de instrumentos idóneos a tal fin, como las medidas cautelares precisas que permitan a las empresas superar las eventuales situaciones de crisis.

    3. protección al máximo de los intereses de los asegurados y de los beneficiarios amparados por el seguro, no sólo mediante la actividad de vigilancia sobre las Entidades Aseguradoras, sino con diversas medidas entre las que destaca la preferencia de sus créditos frente al asegurador; La configuración de comisiones de conciliación para resolver las divergencias entre asegurados y aseguradores en relación con siniestros de pequeña cuantía; Y la tutela de la libertad de los asegurados para decidir la contratación de los seguros y elegir asegurador, todo lo cual da cumplimiento a lo previsto en el artículo 51 de la constitución .

    4. por último, sobre la mediación de Seguros y Reaseguros se ha estimado conveniente adaptar esta actividad a las orientaciones y practicas internacionales. También se institucionalizan oficialmente determinadas actividades profesionales relacionadas con el seguro, como los peritos-tasadores, los comisarios y los liquidadores de averías.

Capitulo primeroArtículos primero a quinto
Disposiciones generalesArtículos primero a quinto
Artículo primeroObjeto de esta Ley

  1. La presente Ley tiene por objeto establecer la ordenación básica del Seguro Privado y regular su control, para tutelar los derechos del asegurado y para impulsar y encauzar el ejercicio de la actividad aseguradora, fomentando en todos los Ordenes el desarrollo del Seguro Privado.

  2. Tiene la consideración de Seguro Privado toda operación de seguro o previsión, quienquiera que sea el asegurado o el asegurador, con las salvedades que se establecen en el número...

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