ORDEN de 25 de febrero de 2000 por la que se crea y regula el Índice Nacional de Defunciones.
BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 54, 3 de Marzo de 2000 › I - Disposiciones Generales › Ministerio de la Presidencia
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ORDEN de 25 de febrero de 2000 por la que se crea y regula el Índice Nacional de Defunciones.
ORDEN de 25 de febrero de 2000 por la que se crea y regula el Índice Nacional de Defunciones.
El conocimiento de algunas características ligadas al estado vital, particularmente la fecha y el lugar de la defunción, es de importancia capital desde el punto de vista de la gestión de los sistemas de información sanitaria, tanto de aquellos ligados a actividades asistenciales, como aquellos otros que proporcionan información para la gestión, planificación y evaluación sanitaria; sin olvidar aquellos otros enfocados a labores de investigación y docencia. Entre estos sistemas de información sanitaria cabe citar, en primer lugar, los que dan soporte a los servicios...Ver el contenido completo de este documento
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Afectaciones
CORREGIDA por
MODIFICADA por
- Orden PRE/2131/2005, de 29 de junio, por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de 2000, por la que se crea y regula el Índice Nacional de Defunciones.
- ORDEN de 5 de septiembre de 2001 por la que se modifica la Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se crea y regula el índice Nacional de Defunciones
Documentos citados
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- REAL DECRETO 263/1996, de 16 de Febrero, por el que se regula la Utilización de Técnicas electrónicas, informáticas y Telemáticas por la Administración general del Estado.
- REAL DECRETO 1893/1996, de 2 de agosto, de Estructura organica basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, de sus organismos autonomos y del Instituto nacional de la Salud.
- Sentencia de 20 de febrero de 2008, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija la siguiente doctrina legal: «cuando la conducta inspectora aparezca tipificada en la Ley General de Sanidad 14/1986, de 26 de abril, y no en la Ley del Medicamento no se le puede aplicar el plazo de caducidad de la acción previsto en el artículo 111.2 de la Ley 25/1990, del Medicamento».
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